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Tras destitución, diputados de BCS ganan amparo para reincorporarse

Las cuatro diputadas y un diputado que habían sido destituidos del Congreso por ausentarse, se reincorporarán a sus actividades legislativas tras amparo

Escrito en ESTADOS el

LA PAZ.- Cuatro diputadas y un diputado del Congreso local de Baja California Sur ganaron un amparo luego de que habían sido destituidos tras un juicio político en su contra promovido por un ciudadano, acompañado de la bancada de Morena, al ausentarse por cinco sesiones seguidas, por lo que se reincorporarán a sus actividades legislativas.

Este jueves la Juez Segundo de Distrito se pronunciará sobre la reincorporación de los diputados destituidos en la sesión del pasado 22 de agosto, luego de que ella misma había ordenado a la mayoría morenista esperar hasta septiembre para proceder con el juicio político contra los ocho legisladores de minoría.

El pasado 22 de agosto se llevó a cabo el juicio político en contra de ocho diputados y diputadas de los partidos PAN, PES, PRI, PRD y el Partido Humanista.

Durante la sesión extraordinaria para discutir el juicio político, que duró más de ocho horas, las y los diputados locales aprobaron la destitución de Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Daniela Viviana Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Perla Guadalupe Flores Leyva, y al diputado Rigoberto Murillo Aguilar y quedaron inhabilitados por dos años en el ejercicio en el servicio Público.

Por otro lado, el diputado José Luis Perpuli Drew, la diputada Maricela Pineda García y la diputada Anita Beltrán Peralta, únicamente fueron amonestados.

Ese mismo día se hizo oficial la destitución de las cuatro legisladoras y el legislador, tomando protesta a sus suplentes. 

Desde ese día el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, hizo un llamado a que el Congreso de Baja California Sur “impere el Estado de Derecho y se respeten las decisiones del Poder Judicial”.

Tras el amparo obtenido, se espera que hoy los diputados sean restituidos y la juez determinará si existió responsabilidad por parte de los legisladores morenistas por violar una orden judicial que les impedía enjuiciar a sus homólogos de la oposición, con lo cual podrían enfrentar hasta nueve años de prisión, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

 

Con información de El Sol de México y Milenio

 

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