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Tras agresión y amenazas, periodista de Tapachula acudirá ante CIDH y FGR

Cynthia Alvarado fue agredida por policías durante una protesta el 27 de enero pasado; pedirá a la CIDH medidas cautelares

Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Luego de las agresiones físicas y sicológicas sufridas el pasado 27 de enero por parte de policías municipales de Tapachula, la periodista Cynthia Alvarado anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares y, además, a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar esos hechos.

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En conferencia y acompañada por José Adriano Anaya, director del periódico Contrapoder para el cual labora, manifestó que también solicitará juicio político en contra del alcalde morenista de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, “pues no basta con una disculpa pública, porque su deber es reparar los daños que me ocasionó no solo a mí, sino a otros reporteros locales”.

Destacó que su detención fue injusta al acusarla de “agitadora”, de pobladores de la comunidad de la zona alta Pavencul, pero lo más grave, dijo, fue cómo en el sótano de la Presidencia los golpearon e insultaron, “eso es tortura, y yo fui víctima también; ahí están los videos”.

Por su lado, José Adriano externó que no es posible que no se quieran atender a nivel local las recomendaciones generales emitidas por la CNDH desde 2016, lo que sin duda deja en un alto grado de vulnerabilidad a quienes se dedican al periodismo. “Es, pues, un atentado en contra de la libertad de expresión”.

Lo más lamentable, puntualizó, es que desde antes de la agresión a Cynthia se ha desarrollado una campaña de desprestigio en su contra, lo que —según él— probablemente esté “orquestada” desde las “altas esferas del poder”, es decir que haya un posible financiamiento para tal fin.

Lo primero que se debe hacer por parte del gobierno de Gurría Penagos, aclaró, es una disculpa pública, “porque para nosotros el instrumento que valida la participación del alcalde es que promueve ese linchamiento, cuando su obligación constitucional es promover el respeto y las garantías a los derechos humanos”.