MONTERREY.- Entrampado desde hace más de dos décadas, el transporte urbano regiomontano padece sus peores condiciones con vetustas y escasas unidades, que contrastan con las altas tarifas.
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El problema podría estallarle al gobierno de Samuel García, quien le apuesta al transporte verde y ha prometido la adquisición de 800 camiones urbanos sin aumentar el pasaje, esquema del que dudan los líderes transportistas.
Foto Cuartoscuro
"Estoy seguro que no van a completar el pago de camiones con boletaje, tendrán ellos que dar las suficientes garantías para poder darse la compra. No va haber dinero para pagarlos, pero tendrán que ver ellos de dónde van a sacar o qué previsión van a hacer", señaló el líder de los transportistas privados, Abelardo Martínez.
La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad avaló la compra de 800 camiones de gas natural, con un costo de 844.8 millones de pesos anuales.
Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, dice que estiman pagar por arrendamiento mensual hasta 88 mil pesos por unidad, todo sacado del boletaje.
El Estado adelantó que la entrega de las 800 unidades a los transportistas será paulatina, ya que de marzo a mayo distribuirán 100 camiones por mes y de junio a septiembre repartirán 120 mensuales. Luego seguirán con la adquisición hasta alcanzar tres mil.
Los transportistas privados a través de Abelardo Martínez, del Grupo Martínez García, tiene dudas y que Estado aún les debe muchas respuestas, lo que ha generado un clima de incertidumbre por el proyecto de reestructuración del transporte.
"Estoy seguro que no van a completar el pago de camiones con boletaje, tendrán ellos que dar las suficientes garantías para poder darse la compra. No va haber dinero para pagarlos, pero tendrán que ver ellos de dónde van a sacar o qué previsión van a hacer".
Existen, dijo, una serie de dudas de los bancos a los que les deben actualmente por el nuevo esquema donde buscan pagarles por kilómetro recorrido.
"El sistema actual de transporte", expuso, es el que nos están diciendo por el que nos van a pagar por kilómetro, la primera duda es que no sabemos cuántos kilómetros nos van a contratar", comentó.
Osvaldo Serna Servín, líder de la Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores del Autotransporte (FESTA) de la CROC acusa que no ha intención de reestructurar, que tienen dudas sobre esa compra de unidades, que solamente viene a dejar en manos del Estado o de sus amigos las unidades, tal como pasó con El Bronco.
"Que se hagan mesas de trabajo con especialistas, con usuarios, que se reforme la Ley de Movilidad y Transporte, que haya mejora en la infraestructura vial, calles, pavimentos, seguridad, nadie quiere invertir porque no hay garantías, y en cambio, el gobierno compra camiones y hace el negocio".
Al problema camionero se suma el Metro, que con costo de 4.50 pesos por viajes y trasbordo, la líneas uno y dos requieren mantenimiento desde hace años, pero ni El Bronco ni ahora Samuel García, ha actuado contra quienes han hecho negocio en Metrorrey, como la compra de 90 mil sujetadores deficientes, señala Rocío Maybé Montalvo, dirigente de Únete Pueblo, organización dedicada a la defensa del usuario.
Montalvo que ha frenado el alza tarifaría de 12 pesos en los últimos 10 años, dice que se opondrán a un madruguete de esa naturaleza.
Sin embargo, apenas está semana, la activista sorprendió con su llegada a una dirección en el Instituto de Movilidad del gobierno, lo que ha causado críticas a favor y en contra sobre su credibilidad y que ahora esté del lado que por años combatió.
"Les comparto que el día de hoy me integré en la Dirección de Atención Ciudadana del Instituto de Movilidad, hay muchas acciones por realizar entre ellas atender las quejas de largas filas, frecuencia de paso de unidades, revisiones físico, mecánico eléctrico a rutas urbanas.
Atender a los trabajadores del volante y juntos encontrar mecanismos para mejorar el servicio y un trato digno entre otros", informó la ahora ex activista en su Facebook.
De 5 mil unidades que circulaban hace unos siete años, hoy apenas están unas 3 mil 500, lo que se traduce en largas filas de usuarios para abordar, tiempos de hasta una hora de espera y unidades destartaladas.
OPOSICIÓN NO APROBARA REPLAQUEO
Por si fuera poco, las bancadas locales del PRI, PAN y Morena adelantaron que no aprobarán a Samuel García, su intención de replaqueo a más de dos millones de vehículos, pues califican de recaudatoria la propuesta.
Bajo el argumento de que es por la seguridad el gobernador ha hecho la propuesta y los diputados de Movimiento Ciudadano dijeron que ellos sí votarán a favor de la medida de su correligionario.
Sin embargo, en el desglose del presupuesto de Egresos para el 2020 que propone el estado al Congreso por más de 117 mil millones de pesos, no se contempla el replaqueo.
Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, dice que el argumento de que el replaqueo tiene que ver con cuestiones de seguridad es totalmente falaz, porque eso no asegura el problema de evitar robos.
"Es una medida disfrazada con un argumento falso, que garantiza que entren más recursos al Estado".
Para Gilberto Marcos, de Vertebra, consideró que la propuesta no es lógica, pues no soluciona la seguridad y sería recaudatoria.
Ahora el gobierno lanzó la licitación pública para adquirir en renta 800 camiones para el transporte público, y anunció que será en arrendamiento por un periodo de 60 meses, cinco años, pero con opción a compra si el estado desea quedarse con las unidades.
Esta compra la avaló la semana pasada la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y se destacó que se pagará por el arrendamiento mensual hasta 88 mil pesos por unidad, lo que equivaldría a un pago de hasta 844 millones 800 mil pesos por año.
De acuerdo a la Junta de Gobierno, se planea empezar a recibir las unidades en marzo del 2022.
Según el Periódico Oficial del Estado el servicio a contratar es el tipo full service de camiones para transporte público urbano, que abarca el pago por el arrendamiento, el seguro y mantenimientos de las unidades y otros servicios estipulados en las bases técnicas.
Se establece como fecha límite de inscripción del concurso el 3 de diciembre próximo, y la presentación de propuestas técnicas es tres días después, en tanto las propuestas económicas están agendadas para el 9 de diciembre.
El fallo definitivo será realizado el 10 de diciembre próximo a las 12:00 horas.
La compra de unidades forma parte de lo que el Estado ha llamado la reestructuración del transporte urbano, que por décadas ha estado estancado con un servicio caro y deficiente con unidades escasas y en mal estado, mientras hay largas filas de usuarios por abordar un camión.
En medio de las dudas, los usuarios esperan horas el paso y abordaje de una unidad, los empresarios y permisionarios quieren un alza de tarifas, las que no se han dado desde hace más de seis años.
El último incremento aprobado fue en septiembre de 2015, sin embargo, presiones de colectivos entre ellos el de Únete Pueblo, de la ahora funcionaria estatal, Rocío Montalvo, ha frenado el alza.
esc