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Titular de SSP en Veracruz, ligado a secuestros y cobros de piso en NL

Hugo Gutiérrez Maldonado, nuevo secretario de Seguridad Pública en Veracruz, fue destituido en 2016 como director del Centro de Operaciones Estratégicas

Escrito en ESTADOS el

Xalapa, Ver. – Hugo Gutiérrez Maldonado, nuevo Secretario de Seguridad Pública en Veracruz, fue destituido el 01 de noviembre de 2016 como director del Centro de Operaciones Estratégicas (CEO) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Ello, luego de que se evidenciara un presunto acto de extorsión de policías ministeriales a su cargo en agravio de un empresario.

Gutiérrez Maldonado, un fiscal y 28 policías del CEO, fueron destituidos por el entonces procurador general Roberto Flores Treviño, luego de que dos subordinados del hoy titular de la SSP, fueran aprehendidos por el delito de extorsión contra un empresario de la región de El Carmen y Mina –a unos 40 kilómetros de Monterrey-, a quien le exigieron 300 mil pesos a cambio de dejarlo comercializar con diésel.

Liberan a exsecretario de finanzas de Javier Duarte

Este hecho, sumado a presiones de empresarios regiomontanos que denunciaron actos de chantaje, secuestros y narcomenudeo en manos de los subordinados de Gutiérrez, llevó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón a fijar un ultimátum al exprocurador Flores Treviño, quien renovó la plantilla policial, incluido el cese de Hugo Gutiérrez.

El 11 de julio de 2018, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, refirió en entrevista a LA SILLA ROTA que el nombramiento del secretario de Seguridad no sería tarea fácil, y dijo que el elegido “deberá soportar billetazos y balazos del crimen, y que no necesariamente será un militar” (sic).

Gutiérrez Maldonado, hombre de la confianza del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es egresado de la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). De acuerdo con la síntesis curricular del funcionario, cuenta con dos maestrías y un doctorado en el nuevo sistema penal acusatorio.

El encargado de la seguridad en Vearcruz ha sido agente del Ministerio Público; investigador en diferentes áreas de especialización; asesor del Procurador General de Justicia en el Estado de Nuevo León; y director de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (CEO).

Tras su destitución como director del CEO, el 01 de noviembre de 2016, el funcionario promovió un amparo contra su baja laboral y en contra de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, para que fuera recontratado como agente del Ministerio Público o en su defecto recibir una indemnización de tres millones de pesos. El amparo no prosperó.

El Veracruz que recibe a Hugo Gutiérrez Maldonado

Con base en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) Veracruz se consolidó en los últimos dos años como segundo lugar a nivel nacional en denuncias por secuestro. Entre enero y octubre de 2018 se registraron 126 plagios, solo 1 por debajo del primer lugar, el Estado de México.

En cuestión de homicidios dolosos, la entidad vivió en 2017 su año más violento desde 1997. En 12 meses 1 mil 844 personas fueron asesinadas. Las mismas cifras reflejan que las víctimas se duplicaron y triplicaron en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en comparación con los peores años de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera, 2010 y 2016 respectivamente.

Veracruz también se consolidó en 2018 como el lugar más inseguro para las mujeres en el país. Entre enero y octubre se denunciaron 82 feminicidios ubicando a la entidad en primer lugar nacional, por encima del Estado de México con 81 querellas.

A lo anterior, se suma la operatividad de al menos siete cárteles de la droga con presencia de norte a sur del estado, según detenciones de presuntos integrantes de estas células: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, Zetas Sangre Nueva, 35 Zeta, Zeta Vieja Escuela, Grupo Sombra y Cartel del Golfo.

Ocho asesinatos y dos feminicidios en primeras 72 horas de gobierno de Cuitláhuac

Durante las primeras 72 horas del gobierno del morenista, Cuitláhuac García, Veracruz mantiene la constante de violencia al registrar diez asesinatos, dos de ellos catalogados como feminicidios.

El 1 de diciembre, se reportaron dos personas asesinadas, y un cuerpo desmembrado en la zona centro. El primer evento fue el hallazgo de una bolsa con los restos desmembrados de Samantha Aparicio Alvarado, una joven de oficio mesera de 25 años de edad quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares.

En otro suceso, los cuerpos de dos hombres asesinados fueron hallados al interior de un vehículo tipo combi, sobre el tramo carretero entre El Naranjal y Coetzala. En el vehículo, que se encontraba frente a una escuela primeria, también fue hallada una cartulina con un mensaje sobre los cadáveres.

El 02 de diciembre, José Ramón Pereda de 54 años, de oficio recolector de chatarra, fue asesinado de un golpe en la cabeza y su cuerpo fue hallado en su domicilio, en la colonia Paraíso de las Bajadas, en el municipio de Veracruz.

Ese mismo día, en Río Blanco, en la zona de Las Altas Montañas, un joven deportista fue asesinado a balazos en las gradas del campo deportivo Cidosa, ante la mirada de decenas de personas que presenciaban un partido de futbol. Por este ataque dos personas más resultaron heridas.

Este 03 de diciembre, ya suman cinco asesinatos. El primero se cometió en la localidad de Las Charcas, en Tierra Blanca. Un campesino Epigmeo Avendaño Ochoa, de 73 años, asesinó a balazos a su esposa, Coral Ruiz Molina, de 29 años, tras acusarla de engañarlo con otro hombre. El agresor se suicidó tras cometer el crimen.

En el sur de Veracruz, dos hombres fueron asesinados. El primer asesinato se cometió en la colonia San Pablo, del municipio de Oluta y el segundo en la colonia Lombardo, de la ciudad de Acayucan. La cuenta hasta la publicación de este texto cerró en Poza Rica, donde un teniente de la Policía Militar y su chofer fueron acribillados en la colonia División de Oriente.

Con información de David Casas, Corresponsal LSR en Nuevo León.

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Monterrey, N. L.- Cuando en 2008 la inseguridad estaba en los mayores niveles en Nuevo León, los colonos se organizaron e iniciaron los primeros blindajes de sus colonias con rejas o la prohibición de acceso; un nuevo estilo de vida que prácticamente se ha extendido por toda la zona metropolitana, pero que ha sido vulnerado por los ladrones o grupos delincuenciales.

“Estaba de guardia cuando a lo lejos vi un carro que venía a toda velocidad seguido de una camioneta; el del carro era un residente de la colonia y al llegar me dijo no los dejes entrar, avanzó, pero los hombres llegaron, me pidieron abrir la pluma y me encerraron en la caseta, luego le dieron alcance y lo acribillaron”, recuerda Samuel R un guardia de seguridad de una colonia privada del sur de Monterrey.

Hoy en día, más de un centenar de colonias o fraccionamientos tienen accesos controlados, restringidos a los desconocidos, lo que llevó a aprobar reglamentos que rigiera esa medida, tras los conflictos internos entre los colonos a favor y en contra del cierre de calles a las que colocaron rejas.

“La privacidad de un sector o colonia llega a tener sus ventajas en el tema de seguridad, pero en lo social está distante y hasta disfuncional pueden ser”, considera el alcalde del municipio de Apodaca, César Garza.

“Cada vez más no solo en esta municipalidad sino en la metrópoli va creciendo el número de sectores que son privados y en la mayoría son nuevos, pero se ha conocido que existen otros que han optado por cerrar con barandales o paredes algunas calles que lo van haciendo privado”, explica el edil.

Barandales metálicos en San Nicolás, maceteros y casetas con plumas en sectores de Cumbres de Monterrey, estructuras metálicas y de concreto en Santa Catarina, e incluso bardas sobre avenidas en Guadalupe, fue una imagen que se dio y llegó para quedarse Pero en diciembre de 2014, el Gobierno de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley de Juntas Vecinales, aprobada semanas antes por el Congreso local, la cual regula el cierre de las colonias y los tipos de controles de acceso permitidos.

La legislación establece que los habitantes de colonias podrán organizarse en Juntas Vecinales y someter a votación el cierre de la colonia, el cual debe contar con el 85 por ciento del apoyo del total de los habitantes del sector, y después ser solicitado al municipio.

Contempla restricciones como que el control del acceso sólo se pueda realizar con casetas, plumas y maceteros, y queda prohibida la instalación de barandales o bardas de concreto.

Pese a las automedidas de protección, los índices del semáforo delictivo del sector privado indican que los robos a casa habitación aumentan y ahora se extienden a colonias de residentes de alto poder adquisitivo como en San Pedro Garza García.

“Las familias se sienten más seguras con una reja o una calle tapada, pero en realidad, los números muestran que sobre esos obstáculos hay robos en casa habitación y hasta ejecuciones, lo que da como resultado que no ha funcionado”, menciona Arturo Contreras, experto en seguridad e investigador.

“Aunque disminuye o inhibe los robos, la verdad que los ladrones han pasado sobre guardias, casetas y bardas; vas a seguir burlando el blindaje, pero los vecinos se sienten más seguros con sus cercas”, refiere un agente Ministerial quien omite su nombre,

Y en tanto esos sucede, la mercadotecnia del ramo de bienes raíces invita a adquirir casa o terreno en determinado sector que cuenta con” seguridad, barda perimetral, caseta de vigilancia”, un nuevo estilo de vida.