TIJUANA.- Cuando María Trinidad Hernández perdió a su hija Ana Elizabeth Ortega, de 20 años de edad, se dio cuenta que la desaparición de jóvenes no era algo extraño en Playas de Rosarito, Baja California, uno de los estados del país más violentos para las mujeres.
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“Empecé a enterarme después del caso de mi hija, algunos casos que estaban allí. Que las familias no hacen movimiento (...) desaparecidas, que no las encontraban, o asesinadas también”, dice.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el primer mes del año, el estado se ubicó en el tercer sitio nacional por homicidio doloso en contra de mujeres, y en el segundo en cuanto a víctimas por cada 100 mil mujeres.
“Tijuana y Rosarito se han vuelto ciudades inseguras para nuestras niñas, y también para nuestros jóvenes”, dijo María Trinidad, parada junto a familiares y amigas de Elizabeth Martínez Cigarroa que pedían justicia para la joven encontrada sin vida dentro de su propio auto el pasado 17 de febrero en la colonia Zona Norte de Tijuana.
Martínez Cigarroa estuvo desaparecida por 3 días, desde que el 14 de febrero salió de su casa para verse en un hotel con un amigo, al parecer de origen estadounidense.
La convocatoria pública para evidenciar el nivel de violencia, previo al Día Internacional de la Mujer, fue a raíz de su asesinato, y respondieron también familiares de otros casos como el de Carolina Ulloa, joven de 27 años de edad desaparecida en diciembre del 2021 junto a su novio.
Claudia, su hermana, asegura que desde ese momento se encontraron con indiferencia de parte de las autoridades investigadoras.
Que tienen mucho trabajo, fue lo que nos dijeron la última vez que fuimos. Que son muchos los casos de mujeres y que es por eso que no se dan abasto. Que porque tenían agentes enfermos por la covid
Las muertes de Elizabeth Martínez y la desaparición de Carolina no aparecen en la estadística oficial que por ahora solo ha registrado los homicidios en contra de mujeres y feminicidios de enero de este 2022, poniendo a Baja California en el lugar 17 con solo un feminicidio.
En el informe Tijuana no aparece entre las ciudades con más casos como ha ocurrido en los últimos dos años; el feminicidio cometido en enero fue en Mexicali, la ciudad que ocupa el lugar once en el conteo nacional.
María Trinidad y su esposo Gonzalo Ortega están entre las pocas familias víctimas que logran tener frente a un juez a alguna persona para que responda por el crimen de sus hijas, pero no les ha valido de nada hasta ahora.
Llevan más de dos años tratando de escuchar una sentencia en contra de las dos personas detenidas: el ex novio de Ana, de nombre Samuel, y su nueva pareja, llamada Melina.
Fueron asegurados 10 días después de que las autoridades encontraron el cuerpo de Ana en un cañón de Rosarito.
La sospecha sobre la probable responsabilidad de la pareja cayó primero sobre Melina porque fue la última persona con la que Ana se reunió aquel 19 de octubre del 2019, y corrió después sobre Samuel porque seguía buscando a Ana, con quien tuvo una relación intermitente que duró 5 años.
“Tenían un tiempo de no andar de novios, él siempre siguió buscándola y el celo de Melina, es lo que pasó (...) hay un testigo ocular que iba con ellos, fue quien declaró”, explica María Trinidad.
Gonzalo Ortega dice que el proceso en el poder judicial está empantanado porque el abogado particular de los imputados presentó un amparo en contra de la vinculación a proceso y esto ha retrasado entre 3 a 4 ocasiones la audiencia intermedia.
“Se la han llevado en el amparo: no se resuelve, no se resuelve, se pospone la audiencia (...) siento que hay prueba que está todo como para poder sentenciar a esas personas, y no pasa nada ”, afirma el padre de Ana.
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