TIJUANA.- Héctor Soto Hernández, policía municipal de Tijuana, estaba en su casa cuando fue asesinado a balazos por hombres que lograron darse a la fuga dejando heridos también a un par de familiares del uniformado.
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Él tenía 50 años de edad y una de sus últimas asignaciones en la corporación fue en el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOE), el equipo responsable de atender los eventos de alto impacto en esta ciudad fronteriza, pero tenía tres años fuera de servicio por incapacidad médica a causa del cáncer.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm), pidió a la Fiscalía estatal la resolución del crimen ocurrido el pasado viernes 16 de enero, pero la carga de expedientes evidentemente sobrepasa a las autoridades investigadoras.
En apenas 20 días la ciudad ya alcanzó los 100 homicidios y viene de una racha de hasta seis crímenes por día, así que lo común han sido cadáveres calcinados, envueltos en cobijas o lonas y agresiones armadas sobre todo durante las noches y las madrugadas.
Eso es lo que mantiene a esta ciudad en el primer lugar nacional por número de homicidios en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así queda a un lado la postura del gobierno de la ciudad cuando destaca que en 2020 apenas se rebasaron las 2 mil víctimas, porque en 2019 se habían acumulado alrededor de 2 mil 200 y en 2018 aproximadamente 2 mil 500.
Pero mientras los cuerpos se siguen apilando como los expedientes, el alcalde Arturo González Cruz y el gobernador Jaime Bonilla (ambos de Morena) siguen en un pleito estéril acusándose mutuamente por el río de sangre que corre en las calles de Tijuana.
El primer edil afirma que Bonilla Valdez es el responsable de la seguridad en todo Baja California y que la fiscalía debe llevar a prisión a los asesinos para detener la violencia, mientras que el mandatario estatal acusa al alcalde de descuidar el Ayuntamiento por priorizar sus aspiraciones político-electorales.
Apenas el pasado nueve de enero Bonilla Valdez presentó una encuesta en su transmisión diaria redes sociales para preguntar a sus seguidores si era correcto que la policía de Tijuana tuviera un encargado de despacho y no a un titular al frente de la secretaría de seguridad.
El día que fue presentada esa encuesta fueron reportados siete asesinatos en todo el estado, y seis de ellos se habían cometido en esta ciudad, pero en ninguno de ellos hubo información sobre personas detenidas.
“Donde deberíamos tener encargado de despacho, es en la presidencia municipal”, señaló el gobernador Jaime Bonilla que continuamente abre fuego en contra de la labor de González Cruz, quien no logra abatir la inseguridad.
Pero más allá de ese conflicto, la cruenta realidad que no se aleja de esta frontera donde grupos criminales pelean por controlar el narcomenudeo en las calles ya dejó una huella entre los ciudadanos que están cada vez más temerosos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en diciembre 82 de cada 100 tijuanense respondieron que se sentían inseguros, cuando en septiembre esa cifra era 73 de cada 100.