ESTADOS

En "Ley Bonilla", Tribunal Electoral da voto de confianza a sala regional de BC

El TEPJF no percibe parcialidad, por tanto, instruye a que sala de BC resuelva el caso de aceptar o rechazar la ampliación de mandato para gobernador de dos a cinco años

  • REDACCIÓN
  • 12/09/2019
  • 12:23 hrs
  • Escuchar
En "Ley Bonilla", Tribunal Electoral da voto de confianza a sala regional de BC
Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. (Cuartoscuro)

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó improcedentes las impugnaciones "per saltum" de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en torno a la Consulta Ciudadana sobre la ampliación de mandato de la gubernatura de Baja California. 

Por ello, las resoluciones deben ser tomadas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

Desde el punto de vista de los dirigentes locales de la Confederación, el órgano local no representa una garantía de la "tutela efectiva de sus derechos político-electorales", ya que el 24 de febrero y el 7 de mayo pasados, se pronunció a favor de ampliar el mandato de la gubernatura de dos a cinco años.

La Sala Superior del TEPJF consideró además que el acto impugnado es distinto a los ya resueltos, pues proviene del Congreso local, además de que agotar el recurso en este momento no genera un perjuicio irreparable a los demandantes y hay tiempo suficiente para seguir la cadena de impugnaciones. De igual forma, las magistradas y los magistrados no perciben parcialidad del tribunal de Baja California.

El 21 de agosto pasado, el Congreso local de Baja California aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar una comisión especial que tenga por objeto realizar una consulta ciudadana para "conocer el sentir" de las y los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años.

El 27 y 28 de agosto Armando León Ptacnik, Ernesto Elorduy Blackaller y el partido Movimiento Ciudadano interpusieron ante el Tribunal local de Baja California, las demandas de juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicio de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar el acuerdo y señalar como autoridad responsable al Congreso del estado. 

djh