SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- “Mientras me mantenían tirada en el suelo bocabajo, un niño me encañonaba en la cabeza para que no me moviera; antes, ya nos habían arrastrado y pegado de ‘resorterazos’ y palazos”, cuenta Nelly López Gómez, quien rememora cómo los han atemorizado y amenazado producto de una lucha en defensa de “Quemvó Cuxtitali”, una de las reservas de este Pueblo Mágico.
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Ella es una de las cerca de 6 mil habitantes del Barrio de Cuxtitali, quien desde que se conformó la asociación civil Sistema de Agua Chupactic, en 1972, no ha dejado de cuidar las reservas de esta región. Incluso el Decreto 516 de Quemvó Cuxtitali, obtenido el 25 de junio de 2014, fue parte de esa defensa continua contra las manos depredadoras.
Nelly López, agredida por los invasores.
Desde hace al menos una década, la Reserva “Quemvó Cuxtitali”, cuya extensión es de 22.3 hectáreas, ha perdido entre el 60 y 80 por ciento de su masa forestal debido a la tala continua de árboles, principalmente pinos encinos, lo que para los sancristobalenses es un asunto grave debido a que la misma los abastece del agua que consumen a diario.
Para María Olga Pérez González, también integrante del Sistema de Agua Chupactic, los principales responsables del “ecocidio” han sido los alcaldes de este municipio: desde Francisco Martínez Pedrero, hasta la actual Jerónima Toledo, pero quien “empoderó a esos grupos invasores” fue el exalcalde saliente Marco Cancino González, quien incluso aparece en fotografías caminando al lado de los líderes taladores de Quemvó Cuxtitali, entre éstos José López y Alonso López Mendoza.
En estos momentos, a los “paracaidistas” no les bastó con apoderarse de Quemvó, sino que además ya comenzaron arrasar con gran parte de las 102 hectáreas de otra reserva ecológica aledaña: la Gertrude Duby, la cual es decretada el 6 de julio de 1994 en el Diario Oficial de Chiapas “de interés estatal” por el Congreso local.
“Pero esa gente no se conforma, han arrasado como con 90 hectáreas de ambas reservas; está imparable, e incluso se metieron a una propiedad privada de esa zona”.
Los entrevistados coinciden que los invasores y taladores buscan echar andar un parque ecoturístico en complicidad con las autoridades municipales y del estado.
De hecho, lamentan que en la actualidad ya se comience a “pagar la factura”, debido a que el agua que recibían de Quemvó ya les llega cada vez menos a sus hogares, producto de esa misma tala inmoderada. Inclusive, pronostican que, de seguir así, en menos de una década tendrán que adquirir el recurso por otro lado.
Asimismo, el que las montañas de San Cristóbal de Las Casas sean “carcomidas” por esa práctica ilegal, también ha repercutido en materia de cambio climático: prueba de ello es que desde hace algunos años se registran tornados o “culebras”, como se les conoce.
TIRAN A MATAR
Nelly López, quien no se ha recuperado de las secuelas de los golpes recibidos, advierte que la primera vez que los emboscaron (2 de septiembre de 2018), fue cuando ella y poco más de un centenar de personas, entre éstas menores de edad, se dirigían a la reserva para reforestar, debido a que estaban preocupados porque pobladores invasores de la colonia irregular Molino los Arcos atentaban contra la misma por la tala inmoderada.
“A todos nos garrotearon, esa gente estaba drogada, y solo demandamos justicia, porque hasta el momento la autoridad no ha aprehendido a los responsables, a pesar de que hay órdenes para ese fin”.
Señala la mujer, quien luego de la agresión, tuvo que estar por varios meses en una silla de ruedas.
Pero el saqueo es imparable. Hasta la fecha, revelan algunos entrevistados del Barrio ubicado al oriente de este Pueblo Mágico, casi a diario se observan cerca de tres camiones repletos de madera que salen de esas reservas, ante la complacencia de las autoridades. Pero la “fortaleza” del grupo de “paracaidistas” es dura de roer: si alguien desea penetrarla, de seguro es recibido a balazos o pedradas lanzadas con resorteras o incluso a machetazos.
“ME SECUESTRARON Y GOLPEARON"
Quienes integran el Sistema de Agua Chupactic se enfrentan a otras vicisitudes: los invasores no solo se aferran a quedarse con lo que no les pertenece, sino además se han encargado de fastidiarlos quebrándoles de forma continua la tubería que los surte de ese líquido.
Tomasa Hernández Sánchez recuerda que, también en el 2018, ella y otros integrantes del Sistema de Agua se dirigieron a la reserva para arreglar una tubería que los mismos “paracaidistas” averiaron, sin embargo, cuando ya estaban en el lugar, un grupo los “emboscó” y prácticamente los secuestró.
Por varias horas, a Tomasa y a otros compañeros se los llevaron reserva adentro. En el transcurso, las amenazas de muerte y los golpes eran constantes. “Nos hicieron caminar como una hora y media, hasta llegar al poblado San Antonio el Pinar, donde nos seguían hostigando; que camináramos y si nos caíamos, nos iban a levantar del pelo”, refiere la mujer, casi a punto del llanto.
Por su parte, Francisco López Martínez, presidente de dicho Sistema, lamenta que después de las agresiones ha sido imposible “pisar” la reserva, y lo más triste es que ni el gobierno estatal, ni el municipal, los respaldan.
Señala incluso a la delegada de Gobierno de la zona Altos, de ignorar su petición para reforestar el área dañada, “nos dicen que no hay condiciones para eso; pero también el en ese entonces fiscal de esta región, Gustavo Coutiño Flores estaba involucrado con los invasores, y solo nos daba largas”.
LA CRUDA REALIDAD EN CIFRAS
Según Édgar Sulka Báez, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), esta colonial ciudad de la región Altos ha sufrido una pérdida de casi el 90% de su masa forestal y, lo peor del caso, es que sus dos principales ríos, Amarillo y Fogótico, están severamente contaminados y mermados en sus caudales.
Para él, la realidad alcanzó a este Pueblo Mágico —cuya extensión territorial es de 3 mil 500 “ha”— de una manera “violenta”: del año 2000 al 2017, la población de San Cristóbal pasó de 114 mil habitantes a 214 mil, lo que representó un impacto por el cambio de uso de suelo tan agresivo. En la actualidad se estima que ya hay cerca de 300 mil pobladores.
Édgar Sulka, investigador del Cesmeca.
“Hay un crecimiento poblacional pero interno, pues hoy una sola vivienda se partió en varias, es decir que tenemos mayor densidad en los hogares, lo que significa que también hay necesidad de servicios, uno de ellos de agua; y le sumemos que el 90% de esa extensión territorial de esta ciudad ya está cementada; solo tenemos un poquito de masa forestal, más algunos humedales”, asevera.
No obstante, el experto asevera que, si la deforestación sigue, la repercusión se “palpará” en esos humedales, los cuales son vitales porque abastecen al 70% de la población sancristobalense y a todo el turismo que llega año con año; “en pocas palabras, tenemos un panorama crítico”, ataja.
Sin embargo, lo que se vive en San Cristóbal no es ajeno a lo que ocurre a nivel estatal: de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), de los cerca de 3 millones 844 mil 588.67 hectáreas de bosques y selvas, el 64% presenta algún nivel importante de degradación. De esa cifra, 625 mil 977.78 “ha” forman parte de la Zona de Desarrollo Agropecuario con Compatibilidad Ambiental.
Mientras que, en el Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero de esa misma dependencia, son la ganadería, agricultura y cambio de uso de suelo las que más “terreno abarcan”: 76 puntos porcentuales. El resto se divide en otras áreas como: Energía (1%), Procesos Industriales (15%) y Residuos (8%).
Basada en una solicitud de acceso a la información a la propia Semahn, la activista Cynthia Reyes Hartmann alerta que las 28 ANP’s estatales están abandonadas porque carecen de un plan de manejo para conservarlas, lo que las hace más “endebles”.
“Eso es de gran preocupación porque al no destinar recursos para solventar el primer paso de la conservación de estas ANP’s de carácter estatal, caemos en una enorme falta de implementación de acciones para cuidarlas”.
De acuerdo con la directora general de la asociación civil “Tierra Verde, Naturaleza y Cultura”, estas zonas son altamente vulnerables porque no tienen carácter de expropiación, sino que son declaratorias, por lo que para conservarlas tiene que haber un amplio manejo con los dueños de la tierra, vecinos y con todos aquellos que influyen en las mismas.
Con base en datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en Chiapas existen 27 ANP’s con decreto presidencial, mismas que abarcan cerca de 1 millón 128 mil “ha”.
En lo que respecta a la otra modalidad de conservación por parte de la Semahn, se refiere que la entidad tendría 13 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una superficie de 8 mil 398 “ha”.
RESPETO A LA NATURALEZA O MUERTE
Si no se lucha por estos “pulmones naturales”, advierte Nelly López, San Cristóbal estaría condenada a sufrir consecuencias graves, “todo por la ambición de unos cuantos, por eso debemos frenar a esas mafias, porque todo queda en manos de políticos; solo pedimos que se respete la naturaleza, pues si no la cuidamos, un día nos faltará el aire…”.
De nueva cuenta, el investigador y académico Édgar Sulka afirma que, más allá de que la autoridad “meta mano dura” para frenar la tala, lo que se debe hacer es darle a la sociedad la facultad de administrar el servicio del agua, como lo hace el Sistema Chupactic, del Barrio de Cuxtitali, porque de otra manera San Cristóbal está condenada a quedarse sin “una gota”.
Desde hace un semestre, el caso de Quemvó Cuxtitali está en manos de un juez federal, vía amparo, debido a que “las puertas que tocaron” en Chiapas no rindieron frutos. Todas se cerraron.
“Estos gobiernos que tenemos o que hemos tenido son unos corruptos, no crea que se preocupan por los sancristobalenses, solo vienen a llenar sus bolsas; todo empeoró con Marco Cancino, se hizo cómplice de los invasores, que le sirvieron de grupo de choques, y como premio les hizo carreteras y obras; y con la presidenta actual es lo mismo, hay omisión; estamos decepcionados de la Cuarta Transformación”, advierte María Olga Pérez.