TOLUCA.- Al menos 41 funcionarios públicos del estado de México serán castigados por actos de nepotismo, informó Víctor Barrios Dávalos, contralor de la LIX Legislatura, quien añadió que la lista de práctica ilegal la encabezan los municipios de Almoloya de Juárez Chinconcuac.
Pese a las disposiciones legales que prohíben esta práctica, precisó que en los últimos cinco años, la entidad mexiquense contabiliza 112 casos, aunque omitió exponer casos concretos de parientes o familiares directos que aparecen en las nóminas oficiales de los ayuntamientos.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la entidad establece “la obligación de los alcaldes para abstenerse de nombrar, contratar, proponer o promover como servidores públicos al cónyuge, concubina o con quienes tenga parentesco”, sin embargo, esta acción no se ha erradicado.
En diez años, la Contraloría del Poder Legislativo ha logrado inhabilitar a 69 servidores públicos, entre presidentes municipales, síndicos y regidores. Además, 70 diputados han sido multados por esta misma falta.
TAMBIÉN LEE: Alejandra fue a ver a su novio de Facebook y no regresó
En una década dijo haber inhabilitado a 69 servidores públicos en la entidad entres presidentes, síndicos y regidores.
Los municipios que encabezan la lista son Chinconcuac y Almoloya de Juárez con 5 y 4 casos respectivamente, los cuales espera sean resueltos antes de finales de año ya que al igual que el resto de los municipios tuvieron el tiempo para defenderse de este procedimiento.
En tanto, Atlacomulco, Chapultepec, Huehuetoca, Ixtapan de la Sal, Tlalnepantla, Valle de Chalco, acumulan un promedio dos casos cada uno.
Detalló que la dependencia a su cargo comprobó 30 casos de nepotismo en 2013; 26 en 2014; en 2015 se presentaron 6; 2016 registró 32 y en 2017 se han presentado 18 casos. De este total, solamente 41 tendrán acciones vinculantes en contra de los servidores públicos y familiares involucrados, cuyo castigo puede ir de una amonestación hasta la suspensión o inhabilitación del cargo, en casos más graves, es decir cuando reinciden o se niegan a corregir la falta.
Barrios Dávalos, dijo que este tipo de acción, abona a actos de corrupción, por lo que el castigo no debe pasar por alto.