CHIHUAHUA.- No usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y garantizar la economía de agricultores afectados por la entrega de cuotas de agua a Estados Unidos, de la presa La Boquilla, solicitaron miembros de la familia LeBarón y activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En videoconferencia, los inconformes informaron que realizaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH para que el gobierno mexicano respete los derechos humanos de los afectados en el conflicto por el agua.
Piden que orden al estado mexicano no hacer uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de orden civil y, así, evitar mayores confrontaciones con los colectivos en La Boquilla, así como garantizar la estabilidad económica de las personas de la región que se están viendo afectadas y se les afectaría en mayor medida si se envía el agua de esta presa a Estados Unidos.
En la videoconferencia participaron Bryan, Julián y Adrián LeBarón y Raymundo Eugenio Soto Villegas, reconocido activista de la entidad; el documento fue firmado, además, por otros 60 agricultores afectados.
Esto es importante, ya que solamente en el último mes la presencia de la Guardia Nacional en la región ha tenido como consecuencia una ejecución extrajudicial y un ataque que culminó en lesiones graves
Cabe recordar que a mediados de septiembre, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, reconoció que el homicidio de Yésica Silva, tras la toma de la presa La Boquilla, fue un “lamentable accidente”.
Además, en la cercanía, en la Presa La Pila fueron detenidos tres agricultores, supuestamente por tener armas de uso exclusivo del Ejército; de acuerdo con los afectados, serían acusados de delitos de terrorismo.
Fotos Cuartoscuro
La familia LeBarón y los agricultores reconocen que hay dos realidades innegables:
- México debe cumplir con el tratado internacional de aguas suscrito con Estados Unidos en 1944.
- La sequía y poco almacenamiento de aguas ha hecho que cada año los agricultores tengan menos acceso al agua para sus cultivos. El año que viene será peor, porque no tendrán posibilidad de cultivar ni en un 30% de su capacidad con el agua que hoy en día queda.
Los manifestantes señalan que la Guardia Nacional ha tomado el control de las presas desde febrero. “En este marco, los agricultores están muy preocupados porque está en riesgo su actividad económica, sus ingresos y los de sus familias. Cerca de 12,000 personas se pueden ver afectadas si se llevan el agua de la boquilla”.
Los efectos de no poder generar ingresos para estas 12,000 personas pueden trascender, incluso, en miles de personas obligadas a migrar a los Estados Unidos.
Hace unos días, además, se registró un aumento en el número de soldados en la derivadora de “La Pila” y en la región en general.
Frente a este marco, se busca que el mundo voltee a ver que existe un riesgo sobre un sector importantísimo para el país. Esto porque a veces parece que el agricultor se enfrenta a dos gobiernos, a uno extranjero y al que debería defenderlo
No queremos que se deje de pagar, al contrario, pero que se asuma que si solamente existe este camino, se pone en riesgo la actividad que alimenta a la región, y al país. Pero queremos que se busquen alternativas en un clima de paz, donde no exista el miedo por las acciones represoras que pueda desplegar la Guardia Nacional, y no hablamos en balde, ya ha habido muertos.
Los manifestantes hicieron un llamado al gobierno mexicano para que reflexione sobre sus prioridades, y no es el pago, es buscar alternativas donde todos ganen y nadie vea afectadas sus actividades.