ESTADOS

Sistema Anticorrupción de BC, bajo asedio de Bonilla

La dependencia investiga actos de corrupción en el gobierno de Bonilla; ahora enfrenta falta de presupuesto, auditorías y parálisis por falta de nombramientos

  • EDUARDO RUBIO / CORRESPONSAL
  • 24/05/2021
  • 19:59 hrs
  • Escuchar
Sistema Anticorrupción de BC, bajo asedio de Bonilla
El Sistema Anticorrupción investiga actos de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla; ahora enfrenta falta de presupuesto, auditorías y parálisis por falta de nombramientos. Foto Cuartoscuro

TIJUANA.- El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC) denunció que está semiparalizado y bajo el asedio del gobernador Jaime Bonilla y el Congreso, de mayoría morenista, desde que el organismo busca a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para notificarle posibles actos de corrupción en el actual gobierno estatal.

También lee: San Felipe, la nueva obsesión de Bonilla en BC antes de dejar el cargo

El aparato que coordina a todos los entes de vigilancia gubernamental hoy enfrenta auditorias que considera fuera de la norma por venir de la administración estatal; tiene el presupuesto anual condicionado por el congreso local y no ha podido sesionar por falta de quórum ante la inasistencia de los representantes del gobierno estatal.

También espera que los diputados elijan finalmente al magistrado especializado y desde que el gobernador quitó la autonomía a las fiscalías de delitos electorales y contra la corrupción, para entregarlas a la Fiscalía General Estatal (FGE), esperan que ésta nombre a la fiscalía para atención de delitos cometidos por servidores públicos.

Y encima de todo eso, solo están ocupadas 8 de las 15 sillas ciudadanas que acompañan a los organismos de gobierno durante la revisión de los posibles casos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y otros.

“Hay irregularidades muy fuertes que están ocurriendo aquí en el estado en cuestión del sistema anticorrupción”, dijo Eduardo Arredondo Uribe, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEABC, durante una conferencia de prensa virtual en la que presentó el proyecto de política estatal.

De acuerdo con Francisco Fiorentini, consejero ciudadano y ex presidente del Comité, las trabas de Bonilla Valdez pretenden detener la investigación de temas como los “moches” que supuestamente fueron pedidos a empresarios en nombre de su gobierno a cambio de contratos gubernamentales.

Otro tema que estaría en el tintero sería la entrega de notarías públicas al ex gobernador priísta en este estado, Xicontecatl Leyva Mortera, con quien el gobernador tiene una estrecha relación política y personal, y a José Román Leyva Castro, sobrino del último gobernador tricolor que tuvo Baja California.

Ambos sucesos, el escándalo de “moches” que llevó al despido de algunos servidores públicos, y la entrega de notarías, ocurrieron semanas antes del arranque de la administración estatal el primero, y en los primeros meses del año pasado el segundo.

Fue en el intermedio de eso, en octubre del 2019, cuando bajo la Presidencia de Fiorentini Cañedo el Sistema Anticorrupción del estado firmó un convenio de colaboración con la UIF.

Cuando hicimos lo propio para que la dependencia que dirige Santiago Nieto, acusara de recibo e investigara el tema de `los moches´, desde allí inició por parte del gobierno del estado, y de la Secretaría de la Función Pública, un ataque sistemático para que el sistema dejara de funcionar


LAS AUDITORÍAS

La Secretaría de la Función Pública es quien está realizando hoy cuatro auditorías al Sistema anticorrupción, lo que ese organismo considera fuera de la ley por ser una atribución de la Auditoría Superior del Estado mientras el Congreso local no elija al titular del órgano de control interno del sistema anticorrupción.

El pasado 14 de abril, durante la notificación de una de esas auditorias, la Secretaría de la Función Pública llegó acompañada de la policía municipal de Mexicali y suspendió de su cargo al Secretario Técnico del SEABC, Luis Ramón Irineo Romero, con el argumento de negarse a la revisión.

“Es algo muy serio. Ahora sí que están yéndose a la cabeza. Es una intromisión”, dijo al respecto Arredondo Uribe, el presidente del Comité de Participación Ciudadana.

LOS PROBLEMAS FINANCIEROS

El SEA dice que el proyecto de política estatal presentado este fin de semana, igual que la campaña sobre la presentación de declaratoria de conflicto de interés a la que están obligados los servidores públicos, son la muestra de que el ente de coordinación está trabajando pese a las limitaciones que está enfrentando.

Y entre esas limitaciones también está la financiera, porque la legislatura donde Morena tiene mayoría con sus aliados PT y PVEM, está asfixiando presupuestalmente al sistema anticorrupción.

“Es algo muy irregular, consideramos que hasta ilegal. `Te voy a dar el presupuesto si haces lo que yo te pida´. Se están metiendo en el funcionamiento del sistema”, acusó el presidente Arredondo Uribe.

El dique que detiene el flujo de recursos es un artículo transitorio en el presupuesto de este año, donde establece que el órgano compuesto por ciudadanos y autoridades debe sesionar, y eso no sucede desde marzo del año pasado, cuando el Congreso ordenó suspender sus trabajos.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Eduardo Arredondo, dice que lo hacen interpretando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para desconocer a los ciudadanos que integran el sistema, cuando la resolución solo establece que los consejeros ciudadanos deben tener salario y no ser honoríficos.

De acuerdo con el SEABC, la Secretaría Ejecutiva del sistema está trabajando con remanentes del presupuesto ejercido en 2020, cuando recibió 14.9 millones de pesos.

Ese fue el tercer año de su existencia luego de su inicio de operaciones en 2018, cuando tuvo 2.5 millones de pesos, mientras que en 2019 la legislatura le autorizó 15 millones.

Y esos pocos más de 30 millones de pesos que ha recibido el SEABC ya ha sido motivo de conflicto, como en octubre del año pasado cuando Ricardo Zurita, otro Consejero Ciudadano, aseguró que faltaba transparencia en el manejo presupuestal.

También acusó que el Sistema Anticorrupción estaba tomado por el Partido Acción Nacional (PAN), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a la que pertenece Francisco Fiorentini.

Aun así, coincide con Fiorentini Cañedo en que los supuestos actos de corrupción de la actual administración morenista deben ser investigados, igual que los de su antecesor, el ex gobernador panista Francisco “Kiko” Vega.

 

rst