SALTILLO.- “Medicamento para el azúcar aquí no les dan, tiene uno que traerlo”, revela una mujer que acude a visitar a su esposo a la cárcel varonil de Saltillo, Coahuila.
A mi esposo lo veo muy acabado. No hay medicamentos. A veces tengo para comprarle y a veces no. Entonces se queda una semana sin su medicamento. Dice, ‘es que ya no puedo vivir sin la pastilla, si no la tomo ando mareado
Hace algunas semanas que esta señora no tiene trabajo porque su niña de brazos enfermó y ella tuvo que renunciar para cuidarla. Tampoco tiene casa propia, así que vive con su hermana.
TAMBIÉN LEE: Coahuila rompe récords de embarazos entre niñas y adolescentes
Formada en mitad de la fila de gente que aguarda a las afueras de esta prisión, con el sol a plomo, una madre de familia platica que cuando un preso es recién ingresado aquí, sus parientes tienen que traer el uniforme, la ropa caqui del penal. Si no lo hace, le prohíben la vista.
En cambio, hay una lista de productos que a los familiares les está vedado ingresar al Cereso. Por ejemplo, jabón de baño, champú, pasta dental, cepillos para dientes, papel higiénico, rastrillos, tortillas de harina, salsa, galletas, entre otros.
No porque el centro se los proporcione a los presos, sino porque los reclusos están obligados a adquirirlos en la tienda del penal a precios que exceden los de las tiendas de conveniencia, de acuerdo con las familias.
El estanquillo es administrado por las autoridades de la prisión, y sus ganancias van, supuestamente, a las mejoras del lugar.
LAS VIOLACIONES
Una investigación de Vanguardia pone en evidencia al gobierno de Coahuila que viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por no dotar de suministros necesarios a los internos que purgan condena en los cinco centros penitenciarios del estado.
Familiares de internos, acompañantes, así como organizaciones civiles y religiosas, son quienes mantienen, con recursos propios, a la mayoría de las personas que se encuentran en prisión.
Medicamentos, comestibles, ropa, productos básicos de higiene personal, artículos de limpieza… son algunas provisiones que solicitan los propios reclusos y reclusas. Sin embargo, cuando el Estado no garantiza este abastecimiento, son los parientes o asociaciones independientes quienes hacen donaciones voluntarias.
Esto contraviene lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que la autoridad es la responsable de brindar, gratuitamente, todos los suministros a la población penitenciaria.
Además, el Artículo 9, en su inciso VII, dice que los internos tienen derecho “a recibir un suministro de artículos de aseo diario”.
LOS DÍAS DE VISITA
Los días de visita en las penitenciarías, las familias deben abastecer a sus internos de pantalones y sudaderas caqui, el uniforme de los presos. También les llevan limpiadores, desinfectantes, escobas, trapeadores, colchonetas, calzado, y cualquier medicamento que necesiten.
“Es polémico por tanto dinero que tiene el gobierno de Coahuila. El gobierno es quien tiene el deber de ofrecer estos artículos. Hipócritamente el estado exige uniforme a los internos, pero no provee uniforme”, criticó Robert Coogan, capellán de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo.
La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Además, las personas privadas de la libertad deben recibir atención y tratamiento médico gratuitos, cada vez que sea necesario.
MUJERES PADECEN IGUAL
Lo mismo sucede en el caso del centro penitenciario femenil. Este lugar fue certificado en 2015 y re-acreditado en 2018 por la American Correctional Association (ACA), que se encarga de desarrollar los principios fundamentales para el tratamiento humano de los internos. Su estándar más importante, entre 138 parámetros de calidad, es el del cuidado que se refiere a proveer las necesidades básicas y atención personal a las internas.
Empero, es habitual que las reclusas de este Cereso soliciten la ayuda de las organizaciones religiosas, que acuden a este lugar para evangelizar.
Al respecto, las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), establecen que los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con los medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas.
Pero eso no ocurre. Seguido en esta prisión, que cuenta con una población aproximada de 100 internas, escasean los medicamentos para dolor de cabeza.
Por eso mismo, cuando hay padecimientos crónicos, es todavía más improbable que cuenten con las sustancias necesarias a decir de los voluntarios que asisten en el centro.
En el informe “La situación de los derechos humanos de las mujeres en los centros penitenciarios femeniles en el estado de Coahuila 2021”, se hace referencia a que una de las observaciones más frecuentes es la falta de atención médica por la que atraviesan las personas privadas de su libertad.
Además, el documento destaca que más de una vez se ha resaltado la necesidad de dotar de medicamentos a los dispensarios y cubrir los servicios médicos de psiquiatría y odontología, entre otros.
Una informante anónima que trabaja en el Cereso femenil de Saltillo precisó que quienes se costean los suministros básicos en el estanquillo del penal son las mujeres que trabajan en el taller de piñatas o en la maquila, armando batas quirúrgicas.
Las que no trabajan, y que además no reciben la visita de parientes, piden el auxilio de las distintas agrupaciones sociales que asisten al femenil, a través de las propias autoridades del centro.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Para leerlo completo dirígete aquí.
rst