VENUSTIANO CARRANZA.- Una mañana de mayo de 2015, don Francisco salió de su casa, en el barrio Las Albercas, de este municipio, con rumbo a su parcela. Cargaba en su espalda una bomba para rociar líquido para frenar el crecimiento del monte cuando, de pronto, de una camioneta blanca descendieron entre 8 o 9 nueve hombres, lo subieron a la unidad, lo golpearon y lo llevaron a la comandancia de Chiapa de Corzo.
Mermada su salud por un problema en la próstata y luego de la tortura física y sicológica de la que fue víctima, a Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, de 71 años de edad, lo llevaron al penal de “El Amate”, en Cintalapa, donde sería encerrado por tres años y cuatro meses por delitos que no cometió: robo con violencia agravada, uno de ellos.
En una entrevista concedida a La Silla Rota en su hogar, en donde ha vivido con sus siete hijos, entre ellos cinco mujeres, y esposa por casi tres décadas, el originario del barrio El Convento de esta misma localidad, situada a casi dos horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, recuerda que este problema comenzó por la defensa de alrededor de 40 hectáreas de tierras comunales.
Refiere que el excomisariado ejidal, Domingo Sebastián de la Torre, en presunto contubernio con el líder cañero y excandidato a gobernador, Jesús Alejo Orantes Ruiz, intentaban quedarse con más terrenos en la zona del barrio Los Llanitos.
Sentado cerca de la entrada principal de su casa, y con voz pausada, el entrevistado, cuya lengua original es el tsotsil, rememora que la molestia fue el cuestionamiento que él y otros comuneros le hicieron a Sebastián de la Torre sobre el “brecheo” que se intentaba efectuar en los predios, “ya habían avanzado, y los cuestionamos, pero sabíamos que todo era a favor de ese señor Jesús Orantes, lo que no íbamos a permitir”.
Detención ilegal
Don Francisco, así como otras 10 personas que lo acompañaron en la defensa del territorio, nunca se imaginaron que el confrontar a esa gente les “acarrearía” serios problemas, lo que se originó casi dos meses después, cuando lo aprehendieron.
En ese sentido, explica el tormento que vivió durante su detención: no solo lo “martillaron” en la cabeza, y otras partes del cuerpo, como la zona de las costillas, sino que le aplicaron descargas eléctricas, las cuales ya no soportó y cayó “fulminado” del dolor.
Vestido con playera a rayas gruesas, pantalón de vestir y chanclas, el labriego de al menos 1:60 de estatura, tez morena, bigote y cabello entrecanos revela quiénes ordenaron, incluso, su “muerte”: “Los policías se preguntaban por qué ‘no me daban cuello’, y hablaban de dos patrones, uno de ellos Orantes, que él sí me iba a matar”.
Cuando llega a la Comisaría de Chiapa de Corzo, un comandante le reitera el plan que les habían ordenado ejecutar: “Me preguntó: ‘¿Sabes por qué te trajeron?’; le respondí que no sabía. ‘Te investigamos a fondo, y no te hallamos delito’, me dijo. Y ahí me confesó que les pagaron para que me mataran”.
En esa instancia, lo desnudan y un señor, de estatura alta y complexión robusta, lo comienza a golpear: patadas y culatazos con rifles fueron parte del castigo.
El martirio continuó en “El Amate”, en donde no solo le negaron la atención médica del problema de próstata, que hasta la fecha lo martiriza, sino que “a duras penas” lo revisaron de la golpiza que los elementos policiacos le propinaron.
Para colmo, durante su estadía en prisión, su familia tuvo que erogar cerca de 60 mil pesos para que no lo golpearan o lo sometieran a trabajos rudos.
Tras evidenciar el calvario que padecieron en los años de encierro de su padre, Otilia Espinosa de la Torre, la cuarta de sus hijas, revela que tuvieron que vender las pocas pertenencias que tenían e, incluso, solicitar créditos, para cumplir con las cuotas que les solicitaban los llamados “voceros” de la prisión y que Francisco estuviera lo más protegido posible.
Aunque está afectado de la cadera, la columna y otras partes de su anatomía, don Francisco mantiene las esperanzas de que por lo menos podría ver a dos de sus agresores en la cárcel.
De hecho, hace unas semanas se celebró la audiencia en el Juzgado de Control de esta ciudad tuxtleca, en donde los elementos ministeriales Orday Rodríguez Vilchis y Édgar Zavala Gutiérrez no fueron vinculados a proceso por el delito de tortura. Este suceso que marcaría una pauta importante en materia de los derechos humanos en Chiapas, sobre todo de justicia, de nueva cuenta no prosperó.
Con base en información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en el sexenio pasado, que encabezó Manuel Velasco Coello, se documentaron cerca de un centenar de casos de tortura, la mayoría en contra de indígenas. En el último año, advierte que van cerca de 56.