Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un año a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para recibir contratos públicos con recursos federales, además de una multa de 373 mil 980 pesos.
Esto luego de que la SFP asegurara que la universidad proporcionó información falsa en la celebración del contrato 2-12030001-5-42427.
Dicho contrato fue adjudicado el 27 de noviembre de 2012 por la entonces Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Laura Puebla Pérez, y el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Reynaldo Guerrero Bernal.
La SFP no detalla cuál fue la falsedad en que incurrió la U de G, pero, de acuerdo con Reforma, podría ser el apartado en el que declaró tener capacidad técnica, material y humana, por sí misma, para ejecutar al menos 51% de los trabajos, de tal forma que personas subcontratadas no asumieran la mayor parte de la responsabilidad.
En el contrato referido por la SFP, la universidad jalisciense se comprometió a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10- Consultorio sustentable en la colonia Las Palmas, en Cabo San Lucas, por lo que cobraría 5.5 millones de pesos.
Ante las sanciones recibidas por la dependencia federal, la universidad puede impugnar el caso mediante un amparo.