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Sergio: una historia de tortura e impunidad por ministeriales en Chiapas

En 2015, Sergio Alberto fue torturado y encarcelado injustamente por policías ministeriales, por el presunto delito de abigeato, y pese a que no se pudo comprobar su culpabilidad, aún no consigue justicia

  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 31/01/2020
  • 19:00 hrs
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Sergio: una historia de tortura e impunidad por ministeriales en Chiapas
Sergio alberto González Castro

Tuxtla Gutiérrez.- Un convoy de 20 camionetas de policías ministeriales llegó a su vivienda en el año 2015, en la colonia Benito Juárez, municipio de La Concordia, derribó el portón y se lo llevaron. En el trayecto al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 8 de Villaflores, Sergio Alberto González Castro sufrió golpes en varias partes de su cuerpo, como en testículos y cabeza, por un delito que no cometió: abigeato.

El padre de familia, de 34 años de edad, comercializaba pescado, frutas y verduras en algunas colonias de su lugar de origen, con lo que logró hacerse de una vivienda y mantener a sus dos hijos y esposa, pero su vida cambió de forma radical cuando un vecino de esa región de la Frailesca de Chiapas lo señaló, sin argumentos, por el hurto de su ganado, motivo suficiente para que se registrara un abuso más de autoridad.

Libre desde hace poco más de un año tras no comprobarle ninguna infracción a la ley, Sergio viajó esta semana a la capital tuxtleca para enfrentar una audiencia más sobre su caso, sin embargo los cuatro principales agresores, entre éstos Alberto López de León y Alberto Carmona León, quienes continúan activos como elementos policiacos, no se presentaron de nueva cuenta.

Por momentos, recuerda en entrevista exclusiva para La Silla Rota, pensó que no sobreviviría debido a las lesiones que presentó tras la golpiza.

“Perdí el conocimiento, no sé ya lo que me pasó, tengo secuelas, me cambiaron la vida, y no solo en mi salud, sino también en cuestiones sicológica y económica, pero a la vez tengo coraje, con ganas de seguir luchando, que haya justicia”.


El día de su detención, -agrega- no solo lo golpearon a él, sino también a su familia. Quien lo acusó, dice, solo buscó a alguien que “se la pagara”, mas no abocarse a una investigación con base en la ley.

Tal fue el abuso del que fueron víctimas que, los elementos policiales incautaron la camioneta de carga con la que transporta sus productos, misma que, hasta la fecha, no se la regresan. Lo que más le duele, acepta, es que su hija y su varón, en la actualidad de 11 y 7 años, respectivamente, quedaron en el desamparo.

Pero los golpes y la humillación solo fueron parte del comienzo de lo que, para él, se convirtió como en “una película de terror”: Su cónyuge tuvo que vender la casa y otras pertenencias para llevar el proceso legal y, sobre todo, pagar en la cárcel para que a su esposo no lo golpearan más. De entrada, desembolsó 4 mil pesos, como inicio de la “cuota” por no tocarlo.

 "Nos desgastaron y quedamos peor de lo que estábamos"

Prácticamente, dice Sergio, su familia y él quedaron “en la calle”, por lo que desde hace varios meses reciben el apoyo de familiares, quienes les brindan un techo para vivir, mientras recuperan lo que perdieron.

A pesar de que está feliz por haber comprobado su inocencia, también está consciente de que lo más complicado ahora es que nadie le ha querido dar un empleo al saber lo que pasó. “Nos desgastaron, y quedamos peor de lo que estábamos”, insiste.

Además, el miedo “les carcome la tranquilidad” porque, desde que vio la luz, gente “extraña” ronda el domicilio en el que en la actualidad viven, lo que consideran como una especie de intimidación para que, de una vez por todas, desista en su búsqueda de justicia y se le dé “carpetazo” al asunto.

Si ha logrado recaudar recursos y mantener a sus seres queridos, advierte, es porque el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) le proporcionó un equipo de carpintería.

De acuerdo con Gilberto Hernández Miranda, abogado del “Frayba”, lo más cuestionable es la falta de cumplimiento al mecanismo de protección para Sergio, “que se activa cuando quieren (las autoridades)”, y que además Jorge Luis Llaven Abarca sea el actual fiscal general de Chiapas cuando —advierte— es conocido “como un torturador nato”.

Tortura en Chiapas, una práctica sistemática 

En la actualidad, los abogados y defensores del “Frayba” dan acompañamiento, en la actualidad, a al menos 50 casos de tortura, la mayoría contra personas de pueblos originarios que, por cuestiones como su idioma no se pueden defender, y son encarcelados “sin deberla ni temerla”.

Si el caso de Sergio no prospera es porque las mismas autoridades han puesto una serie de obstáculos: primero, niegan direcciones de los ministeriales inculpados, o la Policía Especializada en el estado rechaza recibir las notificaciones (cuando sí lo puede hacer), o porque el juez, como sucedió el pasado 16 enero, alegue que se tenía que cancelar la audiencia porque tenía una reunión con el Tribunal Superior de Justicia.

Para él, la tortura es aún una práctica sistemática no sólo en Chiapas, sino en todo el país, a pesar de que en el 2017 se aprobó una Ley en la materia, con la intención de erradicarla.

Con base en datos de la Sesión del Comité contra la Tortura en Ginebra, el Estado mexicano había iniciado, apenas el año pasado, más de 9 mil carpetas de investigación por casos de tortura en todo el país, de las cuales ninguna recibía sentencia. “Es lamentable, es preocupante este nivel de impunidad”, ataja.

El abuso es descarado. Según el litigante, las personas son detenidas o desaparecidas por la misma policía chiapaneca quienes no presentan una orden judicial, e inclusive sin que los presuntos culpables estén sujetos a una investigación.

Saca a relucir un diagnóstico: la creación de la Fiscalía contra la Tortura de Chiapas se origina en el año 2018, pero hasta la fecha solo un caso se ha vinculado a proceso, de las decenas de hechos que ocurren. “Todos se queda atorado, hay un alto nivel de impunidad al respecto”, evidencia.

En busca de la justicia

En el 2004, las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CEDH y CNDH) señalaron a Llaven Abarca como un perpetrador de tortura, cuando fungió como ministerio público, por lo cual se exigió que se le iniciara un procedimiento administrativo, que se le destituyera del cargo y que se realizaran las investigaciones penales correspondientes. La solicitud no prosperó.

Lo único que Sergio exige es que su caso no quede en la impunidad, pero sobre todo, que sirva de ejemplo para que la gente “no se calle” en una situación de esta índole. 

“Que alcen la voz, porque hay muchísimas personas que también sufrieron lo que yo viví”, asevera el agraviado, quien recuerda que la siguiente audiencia será hasta el 10 de marzo venidero.

Aunque el daño está marcado, su anhelo es que los responsables de esta injusticia sean encarcelados, y que además le devuelvan lo que, “con el sudor de su frente”, logró a lo largo de su vida. “Mis hijitos ven una patrulla y se asustan mucho; quedaron mal, y eso no se vale”, externa.

 

(Brenda Lugo)