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Sergio: proyectos de muerte en la Sierra Negra lo desaparecieron

Caciques, alcaldes y trasnacionales que apuestan por proyectos oscuros en Sierra Negra eligieron a Sergio, indígena nahua, para dar un escarmiento a opositores

  • ISRAEL VELÁZQUEZ/CORRESPONSAL
  • 02/09/2020
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Sergio: proyectos de muerte en la Sierra Negra lo desaparecieron
Caciques, alcaldes y trasnacionales que apuestan por proyectos de muerte en la Sierra Negra eligieron a Sergio, indígena nahua, para dar un escarmiento a opositores. Foto Especial

PUEBLA.- Sergio Rivera Hernández asistió a una junta en la primaria donde estudiaba uno de sus cinco hijos en la comunidad de Coyolapa, en el municipio de Zoquitlán. Ese 23 de agosto de 2018, después de la reunión escolar, también se dirigió en su motocicleta hacia la junta auxiliar de Tepexilotla y al regresar fue interceptado por dos camionetas. Desde entonces está como desaparecido.

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Aunque en septiembre de ese año fueron detenidos Victorino N, Antonio N y Rogelio N, como presuntos responsables de la desaparición, en mayo de 2019 la Fiscalía General del Estado lo buscó en un domicilio de Tehuacán al que se habían mudado su esposa y sus cinco hijos, desplazados después de que no se supiera nada de él. Victorino, uno de los inculpados, era compadre de Sergio: bautizó a sus hijos y luego participó en su desaparición.

Caciques, alcaldes y empresas trasnacionales que apuestan por los proyectos de muerte en la Sierra Negra de Puebla eligieron a Sergio, indígena nahua, para dar un escarmiento a sus opositores.

El 9 de febrero de 2018 cuando regresaba de la Ciudad de México donde se manifestó en la Secretaría de Energía para solicitar una mesa de diálogo hombres armados detuvieron el autobús en el que viajaba, le ordenaron bajarse junto con los demás pasajeros y quemaron la unidad.

El Movimiento MAIZ denunció que los entonces alcaldes de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Cirilo Trujillo Lezama, y de Zoquitlán, Fermín González León, fueron culpables del incendio del autobús, pues buscan que los pobladores acepten la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.

El 29 de junio de 2018 fue agredido por cuatro hombres que entre golpe y golpe le echaron en cara que se resistiera a aceptar la hidroeléctrica y días antes de su desaparición recibió una amenaza de muerte en un mensaje de voz.

Hoy día, a dos años de su desaparición, y sin importar que el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU haya solicitado al Estado mexicano que adopte todas las medidas necesarias para localizar y proteger a Sergio Rivera Hernández, él es una de las 2 mil 69 personas que no han sido encontradas en Puebla entre los años 2007 y 2018, de acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Con base en testimonios, aportes y un estudio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia “estamos seguros de que la desaparición de Sergio Rivera Hernández tiene que ver con el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que promueve la Minera Autlán”, afirma en entrevista con La Silla Rota, Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organización de la que era integrante Rivera Hernández.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó los proyectos de impacto ambiental para la construcción de un sistema de tres hidroeléctricas en los ríos Coyolapa, Atzala y Huitzilatl, en la Sierra Negra de Puebla.

La construcción está condicionada a la aceptación de los pobladores, a quienes se debe consultar de forma libre, previa e informada, pero tanto la minera como las autoridades violaron el derecho de los pueblos a determinar su prioridad de desarrollo, evitaron la consulta y no existe consentimiento libre e informado previo a la ejecución.

El sistema hidroeléctrico, “amenaza con causar impactos ambientales y sociales, como la privatización del agua y el despojo de tierras en los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz”, señala el Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos en las Américas (SICETNO) del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el proyecto invierten 1 mil 327 millones de pesos Compañía Hidroeléctrica de Puebla y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, filial del Grupo Ferrominero Mexicano (GFM) y propiedad del magnate José Antonio Rivero Larrea. Pretende abastecer de energía los hornos que la Compañía Minera Autlán tiene en el municipio de Teziutlán para proveer la fabricación de acero. La distancia entre Zoquitlán y Teziutlán es de alrededor de 317 kilómetros.

La resistencia de los pueblos indígenas logró que hasta ahora no se haya puesto ni una piedra, pero lamentablemente la construcción sólo se encuentra pausada, dice en entrevista Martín Barrios, fundador de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

“Ahora que estamos a unos días de que concluya el juicio contra los acusados por la desaparición de Sergio, la minera intenta forzar a que se realice la consulta que quedó suspendida, pero nosotros pedimos a la Secretaría de Energía que el proyecto sea dictaminado como inviable y ordene su cancelación”, agrega Martín Barrios.

Afirma que el proyecto afectaría a Tlacotepec de Porfirio Díaz, Coyolapa y Zoquitlán, pero en este último se planea construir 70 por ciento de la hidroeléctrica, por eso ahí se concentró toda la presión primero del alcalde Fermín González León y ahora de Claudio Hernández Cabanzo.

LA RESISTENCIA

El 28 de agosto de 2016 en el municipio de Zoquitlán se realizó el primer encuentro de resistencias contra megaproyectos y en septiembre de ese año más de 1 mil personas marcharon en el municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz contra el proyecto Coyolapa-Atzalan.

Las marchas y quejas se extendieron en 2017 a más municipios de la Sierra Norte. MAIZ recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde denunció que los megaproyectos atentan contra los recursos naturales; en febrero de 2018 los activistas realizaron una manifestación fuera de la Secretaría de Energía en la Ciudad de México para exigir una mesa donde pudieran exponer sus posiciones respecto del proyecto.

Omar Esparza y Martín Barrios afirman que la minera ha operado para comprar la voluntad de personajes estratégicos para la vida comunitaria en la región, como los presidentes municipales e incluso el sacerdote Alejandro Bravo. Alcaldes y párroco han actuado en favor de la minera los primeros mediante amenazas y el segundo hablando en favor del proyecto, a pesar de que en un principio alentaba la defensa de la tierra y de los ríos, a los que se refería como el Paraíso.

El 29 de agosto de 2018, MAIZ se manifestó en la ciudad de México afuera de las oficinas del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar que la Secretaría de Energía ha intentado efectuar dos consultas que no responden, por ejemplo, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y violan el artículo 2 de la Constitución Mexicana y la Ley de la Industria Eléctrica.

Además, la comunidad indígena de Huitzilatl, en Coyomeapan, interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en contra de la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, por violar el derecho de los pueblos indígenas a ser previamente consultados y porque obligaría a reubicar el 50 por ciento de la población.

Martín Barrios advierte que ese amparo “canceló el manifiesto de impacto ambiental, pero dejó a salvo los derechos de la minera para volver a presentarlo si el juez sentenció la consulta, entonces…, en caso de que la minera presente el manifiesto van a obligar a la consulta que ya no va a ser una decisión administrativa, sino una decisión del juez, lo que nos pone en una situación muy grave”.

(Martín Barrios )

Para intentar mediar en el conflicto se conformó un Órgano Garante en el que participan la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y en el que participarían técnicos y asesores de las comunidades para la revisión técnica y operativa del proceso, así como observadores de instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil que podrán participar en todas las etapas de la consulta que debe ser de buena fe, libre, previa, informada, culturalmente adecuada, transparente, continua, corresponsable, flexible y guiarse de acuerdo con el deber de acomodo y razonabilidad.

Sin embargo, la UNAM documentó que el 24 de julio de 2017 “funcionarios de la Secretaría de Energía, con ayuda de golpeadores y familiares del alcalde de San Pablo Zoquitlán, Fermín González León, forzaron a que la asamblea general de Coyolapa, decidiera en votación si estaban de acuerdo o no en realizar la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT y la Ley de la Industria Eléctrica, para que la empresa brinque el último obstáculo y las autoridades les liberen los permisos para la construcción del llamado Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.”

Las agresiones se han sucedido desde que la gente se enteró de que el proyecto contemplaba la desaparición de Pozotitla y comenzaron a ser conscientes de lo que implicaba para sus comunidades la hidroeléctrica que plantea José Antonio Rivero Larrea. El punto más grave fue la desaparición de Rivera Hernández.

LA PROMESA DE LÓPEZ OBRADOR

Martín Barrios afirma que como candidatos a la presidencia y a la gubernatura Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa Huerta hicieron un compromiso de campaña: cancelar la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, pero hasta ahora ningún amparo, ni decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Legislativo están tocando las concesiones mineras.

El gobierno federal, agrega, ya dijo que no se van a cancelar las concesiones, pero estamos hablando de un proyecto hidroeléctrico que no va a generar energía para la población, sino que pretende destruir tres ríos para abastecer procesos siderúrgicos de la Minera Autlán.

Si insisten en la consulta van a generar un escenario en el que habrá muertos de ambos bandos, porque la gente está muy molesta por la desaparición de Sergio, además el tejido social ya está fragmentado y la decisión de las comunidades es unánime: no se construye.

Si sólo ha traído tragedia, y ya hay una familia desplazada, familias enfrentadas. Si es inviable, si ya hay un desaparecido, ¿qué quiere el gobierno con un proyecto que sólo beneficia a Larrea?, se pregunta.

EL 3 DE SEPTIEMBRE

Omar Esparza afirma que los testigos no han titubeado y han estado en las audiencias a pesar de las constantes amenazas que reciben y de que sin notificación alguna les suspendieron, durante mes y medio, las medidas cautelares que tenían.

Pedimos, agrega Martín Barrios, que se localice a Sergio y que el crimen no quede impune porque el mensaje sería que se puede desaparecer a defensores sólo para beneficiar empresas; pedimos que la Secretaría de Energía, con base en el conflicto social y la desaparición forzada, dictamine que el proyecto es inviable.

Todos estamos pendientes de lo que va a pasar en el juicio, si todo se hace conforme a derecho, esperamos el 3 de septiembre una sentencia condenatoria contra los presuntos responsables de la desaparición de Sergio, porque hay evidencias y pruebas. Si es así reconoceremos que estamos transitando a otra forma de impartir justicia, señala Barrios.