El 11 de octubre de 2017 el juez cuarto de lo penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca emitió la primera sentencia por feminicidio tras cinco años de haberse tipificado el delito en la entidad. El caso Dafne Carreño Bengochea se convertía así en esperanza para decenas de madres en busca de justicia, sin embargo, actualmente, las sentencias por feminicidio en relación con el número de mujeres asesinadas desde aquel año, no representan ni el 10 por ciento.
Dilación, investigación del delito sin apego a protocolos, deficiente integración de expedientes por parte de los ministerios públicos, falta de empatía con las víctimas e incluso corrupción, son los obstáculos en este camino largo y tortuoso para lograr una sentencia, que, por si fuera poco, no garantiza justicia y tampoco representa el fin de la lucha jurídica para las madres de las víctimas.
El calvario de la familia Carreño Bengochea
Lograr una sentencia de 78 años y 4 de meses de prisión en contra de Alejandro Enrique Rivera López por el asesinato en abril de 2013 de Dafne Carreño Bengochea, no fue para Zoila Bengochea Espitia -madre de la joven entonces de 21 años de edad- el punto final.
Su vida continúa inmersa en visitas a juzgados y promoción de recursos que impidan la reducción de cárcel para el feminicida. “Es difícil y duro el peregrinar, toda esta lucha, cansancio y dolor, desgraciadamente vemos que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas”. De la reparación del daño fijada en 145 mil 470 pesos tampoco hay nada.
Dafne Carreño Bengochea, fue asesinada de siete puñaladas en el departamento de ella. Rivera López fue detenido cuando trató de huir.
Hasta este momento, la sentencia en el caso Dafne, es la de mayor penalidad asignada a un feminicida. Zoila Bengochea señala que lo anterior no se hubiera logrado sin la presión mediática.
Sentencias sin ninguna perspectiva
Las penalidades en las distintas sentencias por feminicidio emitidas no llevan asignada la misma penalidad, pues a pesar de la crueldad con la que se comete llega a ser similar una con otra. Así, por ejemplo, la más reciente emitida, en enero de este 2020, fue de sólo 45 años en contra del asesino de una adolescente de Candelaria Loxicha, el 17 de septiembre de 2018.
La víctima fue interceptada por Elías “N”, quien después de violarla la asesinó dándole machetazos en distintas partes del cuerpo.
Muchas mujeres asesinadas, pocas sentencias de feminicidio
Si el referente para determinar el grado de violencia feminicida en Oaxaca se basara en el número de sentencias emitidas, el delito en la entidad prácticamente sería inexistente. De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado en 2019 no se emitió ninguna sentencia por feminicidio, de años anteriores indicaron estar trabajando en la obtención de la cifra.
Los números de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, tampoco ofrecen un escenario real de la violencia que viven las mujeres en la entidad, pues si bien reconocen que entre 2017 y 2019 suman 402 mujeres asesinadas, únicamente en 125 casos se tipificaron como feminicidios.
En judicialización, de acuerdo con la fiscalía, de los 29 casos tipificados como feminicidios en 2018, fueron judicializados el 80 por ciento, y de los 29 de 2019, se judicializaron el 60 por ciento.
En un comunicado emitido por la fiscalía el año pasado, afirmó que entre septiembre de 2017 y enero de 2019 habían logrado un total de 45 sentencias condenatorias por muertes violentas de mujeres, de las cuales, 21 se dictaron durante 2017 y 24 en 2018. De dichas sentencias, 18 fueron por el delito de feminicidio y 27 por homicidio doloso.
Las deficiencias en las investigaciones
María Antonia Montero, abogada feminista que a través del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) ha dado acompañamiento jurídico a madres de víctimas de feminicidio, consideró que la principal falla en el acceso a la justicia nace en la integración de la carpeta de investigación por parte de las y los ministerios públicos, así como de los agentes de investigación.
“Muchas veces tienen que seguir un protocolo y a veces dejan ver que no saben actuar conforme al protocolo por eso se caen los casos y no logran llegar a una sentencia porque la carpeta de investigación no está bien integrada y pareciera que los defensores de los acusados están mejor preparados”.
A ello hay que agregar procesos deficientes, carentes de perspectiva de género y de derechos humanos para las víctimas. “Esto representa mucha frustración”.
Otra arista -destacó- es que después de todo el proceso, que llega a durar años, las sentencias no necesariamente significan garantía de justicia. “Aun cuando se hayan ganado sentencias de 60 años, el imputado siempre va a tener derecho a solicitar la reducción de la pena. Buscan alternativas para disminuir la pena. Esto hace que las madres no queden satisfechas. Por otra parte, hay sentencias que no son acordes al delito cometido o que no cumplen con la reparación del daño porque se convierte en otro proceso largo”, sostuvo.
Equis Justicia para las Mujeres, organización feminista de derechos humanos que analiza la aplicación de la justicia en el país, ubica a Oaxaca como una entidad en opacidad en la publicación de las sentencias como en juzgar con perspectiva y enfoque de género.
Por un lado, el informe “No Es Justicia”, en el que se analizaron en total 100 sentencias de ocho estados del país, entre ellos Oaxaca, revela que en los casos correspondientes a la entidad, éstas carecieron de detección de situación de riesgo y órdenes de protección, asimismo no hay identificación de los derechos de las personas afectadas, además de la falta de reparación del daño.
Por otro lado, en el informe “(IN) Justicia Abierta: Ranking de la opacidad judicial en México” que mide la transparencia en el Poder Judicial, Oaxaca obtuvo una calificación de 27.5. El informe señala que el Poder Judicial publica sólo algunas de sus sentencias, no cuenta con política de transparencia proactiva, tiene mecanismos de participación con dos actores relevantes y no cuenta con un presupuesto asignado para la unidad transparencia.