PACHUCA.- El ayuntamiento de Pachuca retomaría el servicio de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, una vez que finiquite el proceso legal con la empresa Comuni Park S.A. de C. V., la cual aún adeuda 220 millones 253 mil 307 pesos por concepto de penalidad y multas.
Así lo informó Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca, luego de advertir una nueva irregularidad por parte de Comuni Park, pues desde hace días comenzaron a quitar las tarjetas o cerebros (con los que operan electrónicamente) a 84 parquímetros, ante un inminente embargo del ayuntamiento.
Yo creo que los parquímetros podrían funcionar bien en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, hoy buscamos que el 100 por ciento de los ingresos de este servicio sean para el municipio y no se los lleven a otros estados".
Por ello, el edil capitalino dijo que el servicio de parquímetros no se concesionará más a una empresa, ya que el municipio tiene la pretensión de retomarlo una vez que se finiquite el proceso legal con la empresa.
Si a Comuni Park no le alcanza para saldar los 216 millones de pesos, impuestos como penalidad, las autoridades de Pachuca podrán embargar su infraestructura, incluyendo los aparatos con los que se operan los parquímetros.
Estamos preocupados, pues por parte del municipio hemos ido a visitar algunos parquímetros y nos hemos percatado que se les ha retirado los cerebros a algunas máquinas. Ahí la empresa está incurriendo en un delito y se tiene que alzar la voz, porque todo tiene un seguimiento y tenemos que respetar. Las áreas jurídicas y la tesorería están trabajando para que la empresa resarza el daño causado al municipio”.
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El edil agregó que estas anomalías, del retiro de las tarjetas a los parquímetros que desde mediados de febrero dejaron de operar, las han detectado principalmente en el centro de la ciudad.
Hace una semana, el ayuntamiento de Pachuca informó que tiene la posibilidad de embargar los bienes de Comuni Park en el municipio y en otras demarcaciones, toda vez que incumplió con el pago 216 millones de pesos, impuestos como pena por la disolución del contrato, que se suman a 4 millones 253 mil 307 pesos por otras irregularidades.
sjl