Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz, uno de los estados con más casos de desapariciones forzadas y fosas clandestinas en el país, otorgó cursos de capacitación a Rodolfo de la Guardia García, el abogado de presuntos capos del Cártel de Jalisco y de exfuncionarios ligados a desapariciones forzadas.
El defensor del exsecretario de Seguridad Pública, vinculado a desapariciones forzadas, Arturo Bermúdez Zurita y de la exalcaldesa de Xalapa presa por el mismo delito, Armida Ramírez, participó en jornadas de capacitación para abogados de la entidad en el sistema penal de justicia acusatorio.
Los cursos fueron organizados por la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, dependiente a la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno en Veracruz.
El abogado fue director de la Interpol México y estuvo preso tres años en el penal de máxima seguridad de Nayarit, acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, a quienes supuestamente otorgaba información y protección.
Tras conseguir recuperar su libertad y librarse del proceso en su contra, De la Guardia cobró relevancia en Veracruz cuando tomó la defensa de Arturo Bermúdez Zurita -exjefe policiaco de Javier Duarte de Ochoa-, quien enfrenta un proceso por al menos 15 desapariciones forzadas.
Sin embargo, no es el único caso que tomó en la entidad ligado al delito de lesa humanidad por el que incluso el gobierno veracruzano tiene una declaratoria de emergencia desde la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al Poder Ejecutivo, quien ha solicitado el apoyo de organismos internacionales para la investigación.
En ese sentido, destaca también la defensa de Francisco Navarrete Serna, asesinado el pasado 29 de mayo en Tierra Blanca, cuando se celebraba una fiesta privada en un salón de su propiedad, cuyo ataque quedó registrado en videos de redes sociales.
Navarrete fue capturado el 26 de enero de 2016 por agentes estatales y federales, y ligado a desapariciones y asesinatos en la región de la Cuenca del Papaloapan, entre ellas a la desaparición forzada de cinco jóvenes de Tierra Blanca, a quienes apenas unas semanas atrás, elementos de la Policía Estatal habían detenido y entregado a presuntos miembros del CJNG.
Ese año, Navarrete fue acusado por la administración federal y local de ser el lugarteniente del CJNG y tener copadas a las corporaciones policiacas. Casi tres años después, Rodolfo de la Guardia tomó la defensa particular de Navarrete y al menos 19 personas más, entre ellos siete policías que habrían participado en la desaparición de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, y que estaban bajo las órdenes de Bermúdez Zurita.
DEFENSOR DE POLICÍAS
De la Guardia también logró la liberación de Navarrete en agosto de 2019, por presuntas fallas de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusaba igualmente por delitos federales como el trasiego de droga.
El principal argumento presentado ante un juez federal para conseguir la libertad de su cliente fue que la FGR "refriteó" los datos de prueba presentados en la indagatoria por desaparición forzada para armar la acusación por delincuencia organizada, no actualizando de esta forma el tipo penal y obteniendo su libertad, justo después de que el Gobierno de Veracruz ofreció disculpas públicas por el crimen en un evento realizado en la Ciudad de México en marzo de ese año.
Para el caso de Arturo Bermúdez, Rodolfo de la Guardia logró el cambio de medida cautelar que mantenía al ex Secretario de Seguridad Pública recluido en el penal de Pacho Viejo, apenas unos días después que Cuitláhuac García Jiménez llegó a la gubernatura y tras advertir que Bermúdez saldría de prisión por presuntos pactos.
Aunque el excolaborador de Javier Duarte no ha sido declarado inocente, el proceso penal que se instruyó en su contra tampoco ha sido desahogado, en razón de diversos juicios de amparo que no logran resolverse ante jueces y tribunales federales.
Bermúdez Zurita enfrenta una acusación como autor mediato de al menos 15 desapariciones forzadas cometidas por el grupo de élite conocido como "Los Fieles", contra jóvenes y adultos de Xalapa y la región, presuntos "halcones" o informantes del grupo de Los Zetas.
La teoría de la Fiscalía General del Estado (FGE) radica que como cabeza de la organización (cadena de mando) Bermúdez no sólo estaba enterado sino que consentía el proceder de sus elementos.
Asimismo, es el abogado principal en el caso que se le lleva por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y peculado.
EXALCALDESA, SU NUEVA CLIENTA
De la Guardia además defiende a la expresidenta municipal de Xalapa Armida Ramírez Corral, detenida el 21 de julio por desaparición cometida por particulares, contra su propia pareja sentimental.
La expriista, excolaboradora de Ana Guevara en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), también fue señalada de haber extorsionado a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA), para asignar un contrato a dicha firma.
Armida Ramírez es acusada de haber exigido un pago de 2.5 millones de pesos a Carlos Solórzano para otorgar un contrato de 19.9 millones de pesos que se asignaría a la empresa CIMCSA.
Para cobrar este soborno se envió a Edgar Álvarez, pareja de la propia Armida, quien recibió los 2.5 millones de pesos, pero trascendió que luego de abandonar las oficinas de la empresa esta persona desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.
Después de ese hecho los empresarios de CIMCSA denunciaron extorsión y fraude ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Poco antes, el 10 de julio, Jesús Chahín Oceguera y Rafael Sánchez fueron atacados a balazos, por lo que responsabilizaron a la titular de la Conade y a Ramírez Corral de lo que les pudiera suceder. Durante la madrugada de este 21 de julio fueron detenidos y trasladados a Poza Rica por los mismos delitos que la exalcaldesa.
De acuerdo con los datos de prueba de las autoridades, la última geolocalización del teléfono personal de Édgar Álvarez coincide con las de Sánchez Cano y Chahín Oceguera.
ENVUELTO EN ESCÁNDALOS
De la Guardia no solo litiga en los juzgados. También lo hace en medios de comunicación.
En noviembre de 2018, medios nacionales reportaron la existencia de un audio donde se escucha al entonces Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, negociando las penas contra Bermúdez.
En el audio, además de Marcos Even, se escucha la voz de Rafael Sánchez Cano, en ese tiempo también defensor de Bermúdez y quien ahora enfrenta prácticamente el mismo delito.
Extraoficialmente se especuló que dichos audios fueron distribuidos por el grupo de abogados del jefe policiaco, encabezado por de la Guardia, que más tarde, junto a Rodolfo Reus, confirmaron la autenticidad de la grabación.
Igualmente, el 3 de diciembre de ese año -unas horas antes de la libertad de su cliente-, acudió hasta las instalaciones del Congreso del Estado a presentar una solicitud de juicio político contra el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz.
Once días después regresaría junto a su defendido al Palacio Legislativo a presentar una nueva demanda de juicio político. Finalmente ninguna de esas solicitudes prosperó.
Durante las coberturas de las audiencias de su cliente principal, Arturo Bermúdez Zurita, el abogado pidió a la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, un listado con los nombres de los periodistas que accedían al desahogo del proceso.
Incluso, en ese mismo acto pidió a la Fiscalía General investigar a los reporteros presentes por publicar detalles de las audiencias y los nombres completos de los implicados, particularmente de Bermúdez.
El defensor tramitó demandas de amparo para impedir a los medios de comunicación la publicación de la información en torno a dicho caso, donde finalmente se le negó la suspensión provisional y definitiva.
CAPACITADOR DE LA 4T
El ahora abogado especializado en desapariciones forzadas, reapareció ante el ojo público el pasado 28 de agosto gracias a la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular Eric Patrocinio Cisneros Burgos declaró en diversas ocasiones conocer del "pacto" para dejar libre a Bermúdez.
De la Guardia fue invitado para impartir el segundo módulo de la Jornada de Capacitación Virtual del Sistema de Justicia Penal en México.
"Agradecemos al Dr. Rodolfo de la Guardia García, por su valiosa aportación en la capacitación dirigida a operadores, servidores públicos, estudiantes y profesionales del Derecho", se lee en las redes sociales de la dependencia.
No es esta la primera vez que el defensor privado es invitado de lujo a eventos del partido en el poder.
El pasado 11 de septiembre de 2018, el Grupo Legislativo de Morena llevó a cabo el "Conversatorio Internacional Expertos de Estados Unidos del Código Nacional de Procedimientos Penales a la práctica", donde tuvo un lugar privilegiado entre los asistentes, muy cerca de la entonces diputada local Patricia Rodríguez Cueto, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.