Cruz Soto Caraveo, junto con su familia, eran parte de las 338 mil personas desplazadas en el país que registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el periodo de 2016 y 2018, a causa de la creciente violencia en los últimos años.
Desde hace casi 13 años con la llamada Guerra contra el Narcotráfico, implementada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, tocó la vulnerabilidad de cientos de comunidades asentadas en la región de la Sierra Madre Occidental, compartida por Sinaloa, Durango y Chihuahua, provocando un gran éxodo.
Desplazados en Chihuahua
Pero para Cruz Soto, el desplazamiento forzoso fue solo un episodio del contexto de violencia en el que vivía en la Sierra Tarahumara.
El sábado 12 de octubre, Cruz, quien es activista del colectivo de familias del municipio de Guazapares desplazadas por el crimen organizado en la Sierra Tarahumara, había salido de Chihuahua, donde vive refugiado con su familia, pues el domingo debía acudir a una reunión a la presidencia municipal de Témoris para recibir apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.
Al salir de dicha reunión, Cruz, junto con otra persona, abordaron una camioneta para dirigirse a la comunidad de Los Llanos. En ese momento, fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocdios que no se identificaron, le ordenaron que descendieran del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.
Cruz Soto junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, se vieron obligadas a desplazarse en 2014 luego de que recibieran amenazas de muerte por integrantes del crimen organizado que controlan la zona y que se apoderaron de sus tierras para la siembra de droga.
Colectivo exigen su localización
En agosto de 2018, Cruz Soto y otras personas desplazadas que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regresaron a sus casas resguardados por policías; al día siguiente los criminales asesinaron a un familiar de la esposa de Cruz Soto y le colocaron una cartulina con amenazas de muerte.
Activistas han denunciado los hechos y hecho un llamado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de Chihuahua para demandar la inmediata localización de Cruz Soto, y que se otorguen las medidas de protección necesarias para su familia y demás personas que se encuentran desplazadas forzosamente en Chihuahua.