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Se triplican denuncias por tortura en todo el país en el último año: CNDH

De 34 denuncias en 2018 se pasó a 113 en 2019; autoridades más señaladas son Marina, Ejército, Policía Federal y FGR; también hay dependencias estatales y municipales

  • MANUEL RODRÍGUEZ
  • 02/03/2020
  • 20:21 hrs
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Se triplican denuncias por tortura en todo el país en el último año: CNDH
De 34 denuncias en 2018 se pasó a 113 en 2019; autoridades más señaladas son Marina, Ejército, Policía Federal y FGR; también hay dependencias estatales y municipales. Fotos Cuartoscuro

En México las quejas por tortura se dispararon en el último año. De 2013 a 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 309 quejas contra diferentes autoridades federales acusadas de cometer tortura.

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Durante esos siete años, 2019 registró el triple de denuncias ante el organismo nacional por este delito.

En su Diagnóstico en materia de tortura y malos tratos 2019, la CNDH sostiene que “la tortura puede entenderse como la imposición de un dolor y sufrimiento severos por parte de un victimario, quien ejerce control sobre la víctima. Jurídicamente, la tortura requiere el involucramiento de un agente estatal, directa o indirectamente”.  

Datos obtenidos por La Silla Rota, vía solicitudes de transparencia, revelan que por estos casos de tortura se han emitido algunas recomendaciones para autoridades federales, estatales y municipales.

En 2013, la CNDH les dio entrada a 20 quejas provenientes de Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Zacatecas y Jalisco, mismas que concluyeron en 11 recomendaciones: 4 para la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), 4 contra la Fiscalía General de la República (FGR), 3 contra la Policía Federal (PF) y 1 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En las recomendaciones se incluyen a las Procuradurías General de Justicia de Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí, así como a la Secretarías de Seguridad Publica de Torreón, Coahuila, Tepeaca y Puebla, además del Congreso de Guerrero.

Para 2014, el órgano registró 18 quejas por situaciones tortura, ocurridos en San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos y Jalisco.

En ese año estas quejas presentadas concluyeron en 8 recomendaciones, de las cuales 4 fueron para la Sedena, 1 para la Semar y PF. Asimismo, se hace el señalamiento a los Ayuntamiento de Acapulco, y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

 

Fue en 2015 cuando las quejas recibidas se incrementaron a 38 por presuntos casos de tortura en Sinaloa, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Michoacán, Coahuila y Puebla.

Del total de quejas recibidas, 20 concluyeron recomendaciones, de las cuales 9 involucran a la PF, 3 a la FGR, 2 a la Sedena y la Semar, así como a instancias estatales como la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, la Procuraduría de Justicia de Michoacán y el Ayuntamiento de Iguala, Guerrero.

En 2016 se reportaron 57 quejas presentadas ante el organismo, provenientes de Coahuila, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Puebla Guanajuato, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán, Colima, Oaxaca, Tlaxcala y Baja California.

Dichas denuncias concluyeron en 8 recomendaciones, 4 para la Sedena, 2 para la Marina, 1 para la PF y una más para la Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz.

Para 2017 hubo 29 quejas por tortura, registrados en Hidalgo, Guerrero, Veracruz. Morelos, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Coahuila. Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California, Sinaloa y Durango, emitiéndose dos recomendaciones, una para el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y otra para el Ayuntamiento de Orizaba, en Veracruz.

En 2018, la CNDH reporto 34 quejas de la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Hidalgo y Guanajuato. Y fue hasta 2019 que una de estas quejas requirió una recomendación para el Instituto Nacional de Migración.

Para 2019, la CNDH recibió 113 quejas provenientes de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Coahuila. Sonora, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Oaxaca y San Luis Potosí.

Hasta febrero de este año, la CNDH no ha resuelto ninguna de las quejas presentadas con señalamientos a diversas autoridades federales y estatales por casos de tortura.

En su diagnóstico 2019 sobre tortura la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye, entre otras cosas, que en México “las autoridades de la cúspide no prohíben tajantemente la tortura. Se da vía libre para que en los sectores capilares de las fuerzas de seguridad torturen, estos sectores actúan también autónomamente”.

En la ciudad de México, la tortura se agudiza

Según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, obtenidos vía transparencia, entre 2018 y 2019 registró un total de 1,053 casos en las alcaldías de la capital.

Es así que entre el 2 de enero y el 29 de diciembre de 2018, la Procuraduría capitalina reporto 474 denuncias por tortura, mientras que del 1 de enero al 30 de diciembre de 2019 se denunciaron un total de 579 casos de tortura.

 

Las alcaldías donde más se reportan casos de tortura ante la PGJ es la de Iztapalapa, con 590 casos, y Cuauhtémoc, con 185 casos.

Caso Mónica Elizabeth indigna a Coahuila

Mónica Elizabeth Esparza Castro fue detenida el 12 de febrero de 2013, a las 10:00 horas, por 4 hombres y 1 mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal de Torreón, en Coahuila, mientras viajaba con su pareja y su hermano, en una camioneta de su padre.

Estas personas les hicieron bajar del vehículo, les pidieron identificaciones y detuvieron, inicialmente, al esposo y al hermano de Mónica, mientras que ella fue sujeta de una revisión.

Uno de los policías le señaló a Mónica que la detención de su hermano y de su pareja “solo era una revisión de rutina” y que probablemente se trataba de un error, pero que tenía que llevárselos.  Mónica decidió ir con ellos por temor a que les pasara algo; se subió a la cabina de la patrulla, mientras su esposo y su hermano viajaban en la “caja” de la camioneta junto con dos oficiales de policía.

La policía los llevó a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, específicamente a una bodega en donde introdujeron primero a la pareja y al hermano de Mónica, mientras ella se quedó en la camioneta por aproximadamente dos horas.

Posteriormente llegó un oficial que empezó a abofetear a Mónica y le tapó el rostro con su propia ropa. Acto seguido, y mientras amenazaba con asesinarla, la introdujo a la bodega en donde estaban su hermano y su pareja.

Ya en la bodega y después de que le retiraran la prenda que le cubría la cara, Mónica pudo ver que tanto su hermano como su pareja estaban desnudos y eran golpeados con tablas en el pecho y en la espalda; en el lugar había hombres vestidos como militares y como policías municipales.

Justo después estas personas empezaron a golpear a Mónica en el estómago mientras le preguntaban sobre cuestiones que ella desconocía. Comenzaron a ahogarla en un tambo de agua hasta que perdió el conocimiento. Después de despertarla la asfixiaron con bolsas de plástico, lo que también hicieron con su pareja y su hermano.

Posteriormente Mónica fue golpeada con una tabla en los glúteos y con los puños y piernas en todo el cuerpo mientras le decían que terminarían por descuartizarla. Después pudo identificar otros objetos con los que también fue golpeada, como látigos con espuelas, navajas y martillos.

A la par que torturaban a Mónica, la hicieron ver cómo torturaban a su esposo y a su hermano; contra su pareja utilizaron un látigo de espuelas que le arrancaba pedazos de piel de la espalda, le bajaron el pantalón y empezaron a desollarle el muslo izquierdo con una navaja, mientras que a su hermano le apretaban los pezones con unas pinzas y a ella misma le apretaban los dedos de la mano.

Después de eso, los torturadores le infligieron tocamientos a Mónica en los pechos, la cara y el cuello, la desnudaron y la violaron tumultuariamente vía vaginal, anal y oral. Posteriormente violaron a su esposo frente a ella. Todo lo narrado fue además grabado, o se simuló que se grababa, con una videocámara.

Finalmente, los tres fueron sacados de la bodega -la pareja de Mónica iba a rastras ya que no podía ponerse de pie- y los llevaron a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, donde los dejaron encerrados en uno de los baños.

Estando encerrados en ese baño se presentó una persona que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación; esta persona les dijo que la madre de Mónica había presentado una demanda de amparo a efectos de que cesaran los actos de tortura e incomunicación y que lo tenían que ratificar para no seguir en calidad de desaparecidos. Su hermano ratificó la demanda y ella también lo hizo por sugerencia de su hermano ya que en un inicio tenía desconfianza por no saber de qué se trataba. Como su esposo no podía hablar, Mónica dijo que su esposo también estaba de acuerdo. El actuario se fue tan pronto recabó sus firmas.

Después de esto, Mónica fue violada oralmente otra vez y le dijeron que en el lugar donde serían internados serían asesinados por otras personas privadas de libertad. Posteriormente, fueron trasladados a PGR; en el camino, la pareja de Mónica murió frente a ella a causa de la tortura infligida. Al llegar a la PGR, los policías se llevaron el cuerpo, sin que Mónica sepa, hasta la fecha, qué hicieron con él.

Sin decirle los cargos que pesaban sobre ellos, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a la Ciudad de México. En las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un agente del Ministerio Público de la Federación amenazó con hacer matar a su madre y sus hijas si no firmaba la hoja que le puso a la vista, por lo que firmó lo que después supo era una confesión de delitos.

Actualmente, Mónica está siendo procesada por los delitos de Secuestro y Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Torreón. Ella se encuentra recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), Morelos.

Su auto de formal prisión y todo su proceso penal están basados únicamente en pruebas derivadas de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron ella y su familia.

A casi seis años de permanecer en una prisión federal, Mónica se encuentra en espera de que un juzgado federal con sede en Torreón, Coahuila emita sentencia y ordene su libertad.

Es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso desde los primeros días en que sucedió y el 13 de abril de 2016 emitió la Recomendación 15/2016 en la que reconoce la existencia de retención ilegal, tortura y violencia sexual y ejecución arbitraria en contra de las víctimas; los puntos recomendatorios no han sido cabalmente cumplidos.

El caso de Mónica está documentado en el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, publicado en 2016 por Amnistía Internacional, y en el informe “Mujeres con la frente en alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del estado”, publicado en 2018 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.