Luego de que entrara en vigor el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, en septiembre pasado, un grupo de transexuales interpuso un amparo, para evitar violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.
El 14 de septiembre pasado entraron en vigor diversas disposiciones legales en la capital, que gobierna el panista Renán Barrera Concha, como la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública.
Abigail Trillo, presidenta de Yucatrans, consideró que las nuevas modificaciones al reglamento de policía y buen gobierno de Mérida representan un “pase libre” a violaciones y detenciones arbitrarias que ya padeció la comunidad transexual en la administración de la alcaldesa panista Ana Rosa Payán.
“No queremos que se repite lo que vivimos con Ana Rosa Payan, que nos metían a las celdas y las violaciones masivas, pagabas tu multa y no te dejaban salir, eras expuesta porque salía tu nombre en los periódicos”.
“Estoy tratando de que eso no se pueda repetir, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, a que pasen 25 personas sobre ti, quedas expuesta a que tengas una enfermedad”, expresó en entrevista con La Silla Rota.
Kenia Sarza, transexual y trabajadora sexual, confesó que no tuvo otra opción de empleo que salir a las calles, donde sufrió discriminación por su forma de vestir y sus preferencias. También fue víctima de violación y de arresto ilegal.
Pedimos ser escuchadas, porque somos una población vulnerable. Yo trabajo por mi cuenta, ya que fui violada por mis derechos, por mi forma de ser y de vestir, he sido discriminada y no tengo un trabajo, por eso es que hago un trabajo sexual
Ellas, junto con otras compañeras representadas por organizaciones transexuales, con apoyo de la sociedad civil y otras activistas, presentaron un amparo a finales de octubre en contra de la fracción VI del artículo 15 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, toda vez que, consideran, criminaliza a las trabajadoras sexuales.
Jorge Fernández, integrante de Indignación, advirtió además que los cambios a la fracción VI violan el artículo V de la Constitución de México, “al meter en un solo cajón el trabajo sexual libre y, digamos, en su modalidad de trata sanciona a quien lo hace de forma libre, y esto significa una violación al artículo V de la Constitución”.
Alertó que ya se han registrado redadas para detener a trabajadoras sexuales en las inmediaciones de la salida hacía el periférico Mérida-Kanasín.
El alcance del amparo
En el juicio de amparo, que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito, reclaman:
1. Al Ayuntamiento de Mérida la aprobación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, publicado en la Gaceta Municipal el día 13 de septiembre de 2019, y cuya fracción VI del artículo 15, relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, resulta inconstitucional y violatorio de nuestros derechos humanos al establecer la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública.
2. Al presidente municipal de Mérida a) La publicación y aplicación de la fracción VI del artículo 15 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, publicado en la Gaceta Municipal el 13 de septiembre por resultar inconstitucional y violatorio de nuestros derechos humanos al establecer la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública, b) La omisión de establecer medidas que garanticen la seguridad y el pleno ejercicio de las personas que se dedican al trabajo sexual para no ser sujetas de violencia institucional y social.
3. Al director de la Policía Municipal de Mérida le exigen la aplicación de la fracción VI del artículo 15 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
Con este amparo presentado, la comunidad transexual espera que se declare la inconstitucional de la fracción que sanciona la prostitución en vía pública y valide la omisión municipal por la inexistencia de políticas públicas para las trabajadoras sexuales.