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SCJN da otro revés a Bonilla, al suspender reforma para municipalizar el agua

La última reforma del gobernador de BC, Jaime Bonilla, con la que entregó los organismos operadores de agua a los Ayuntamientos, fue detenida por la SCJN

Escrito en ESTADOS el

TIJUANA.- La última reforma del gobernador Jaime Bonilla, con la que entregó los organismos operadores de agua a los Ayuntamientos, fue detenida temporalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El tribunal anunció en su lista de notificaciones que admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por algunos integrantes de la pasada legislatura; la misma que aprobó con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, las reformas a la Ley que reglamenta el servicio de agua potable en Baja California.

La Corte ahora está pidiendo al gobernador Jaime Bonilla que facilite el periódico oficial donde fue publicado el cuestionado decreto 289, y al nuevo congreso local que presente todos los documentos que den cuenta del proceso legislativo que terminó en la aprobación.

“Se apercibe a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, dice el acuerdo tomado el pasado 25 de agosto pero publicado este miércoles primero de septiembre.

Antes de este acuerdo, el máximo tribunal de justicia en el país ya había otorgado otra suspensión temporal, pero a favor de las Sindicaturas Procuradoras de Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, el pasado 23 de agosto. 

De esos tres municipios, solo la alcaldesa del último de ellos, la morenista Aracely Brown Figueredo, está a favor de hacerse cargo de brindar el servicio de agua potable, del alcantarillado, el drenaje, el tratamiento y la disposición de aguas residuales.

Playas de Rosarito es hoy el único municipio que no cuenta con una Comisión Estatal de Servicios Públicos propia, sino que depende de la de Tijuana (Cespt), porque hasta 1995 esa costa fue delegación de esa ciudad.

San Quintín y San Felipe tampoco tienen ese organismo porque son de reciente creación y el primero se desprendió de Ensenada, mientras que el segundo formaba parte de la capital, Mexicali.

Para conseguir la suspensión, los órganos de control interno de Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, argumentaron ante la Corte que la propuesta del gobernador violenta la autonomía municipal.

“Ningún ayuntamiento fue notificado sobre la transferencia del servicio de agua, ni se contó con la autorización de los municipios al respecto, adicional que hubo violaciones al procedimiento legislativo, especialmente en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso de Baja California, donde no hubo quórum legal y no se circuló entre los legisladores el dictamen con por lo menos tres días, como marca la norma que corresponde”.

En Tijuana la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland, quien ha marcado distancia con el gobernador, no firmó ningún convenio para aceptar la paraestatal, y la Síndica Melisa Espinoza, cercana al mandatario estatal, no recurrió a la corte.

Sin embargo, la presidenta municipal electa, Montserrat Caballero, una de las ex diputadas locales más fieles a Bonilla Valdez, sí lo hizo.

En Ensenada, en cambio, el primer edil Armando Ayala Robles aprobó la reforma en una cuestionada sesión de Cabildo convocada luego de otra en que había sido rechazada.

Sin embargo, la nueva suspensión de la Suprema Corte ahora alcanza también a ambas ciudades y detiene el proceso de traslado en todo Baja California.

El nuevo congreso, que entró en funciones el pasado 1 de agosto, y el gobernador Jaime Bonilla que termina su bienio el último día de octubre, recibieron un plazo de 15 días para entregar la información que les fue solicitada y así resolver si la reforma fue o no apegada a la ley.