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SCJN admite controversia de municipio contra Palvovich por covid

El municipio de Ures denuncia la falta de recursos por parte del gobierno estatal para cumplir con las medidas implementadas ante la pandemia

Escrito en ESTADOS el

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional del Ayuntamiento de Ures, en Sonora, contra el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano por el Decreto de Declaratoria de Emergencia Sanitaria, publicado en el Diario Oficial el pasado 30 de marzo.

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Este martes, un ministro recibió esta controversia en el que las autoridades de este municipio, ubicado sólo a 85 kilómetros de Hermosillo, denuncian la falta de recursos por parte del gobierno estatal para cumplir con las medidas implementadas, como el paro de los comercios no esenciales y el programa Quédate en Casa Obligatorio, que incluye multas a ciudadanos que circulen sin un motivo congruente relacionado con la salud y la alimentación.

Ante esto, el ministro que admitió el trámite emplazó a la gobernadora Claudia Pavlovich para que entregue a la SCJN copias de dicho decreto, así como del presupuesto para el ejercicio fiscal de este 2020.

“Consecuentemente, se ordena emplazar a las autoridades demandadas con copias simples de los escritos de demanda y de desahogo de prevención y su anexo, para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo”, menciona lo acordado por el ministro.

Este municipio es gobernado por el alcalde panista Héctor Gastón Rodríguez Galindo y tiene una población de 8 mil 420 personas, según las últimas cifras de INEGI.

Cabe recordar que desde que inició la contingencia en Sonora, el pasado 16 de marzo, en esta localidad algunos pobladores, en coordinación con el ayuntamiento colocaron filtros para no dejar pasar a vacacionistas a los pueblos, ya que esta ruta lleva a las localidades del Río Sonora.

Además, el alcalde también interpuso una controversia con el gobierno federal ante la SCJN por “no tomar medidas para evitar que la Comisión Federal de Electricidad corte el suministro de energía a los usuarios morosos”, ya que les impide a sus habitantes tener acceso a agua potable y tomar medidas contra la pandemia por Covid-19.