Veracruz, Ver.- Don Inocente Armas supo de las ceremonias en que el gobierno de la Cuarta Transformación pide disculpas públicas para recuperar la memoria histórica por los actos autoritarios del Estado. Esperaba ser llamado por el gobierno de la Cuarta Transformación para los actos debidos, pero no fue así.
El caso de Inocente Armas Alor toca a funcionarios del gobierno actual, quienes en funciones anteriores facilitaron actos de despojo en favor de actores políticos de la administración pasada.
La exministra de la Suprema Corte y ahora titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero ayudó a José Antonio González Anaya, excolaborador de Enrique Peña Nieto, para intentar despojar a un hombre de un terreno que ahora está valuado en 500 millones de pesos.
El afectado, un hombre de 82 años que está postrado en silla de ruedas y hundido en la miseria, originario de Coatzacoalcos, es la víctima de este esquema.
El terreno tiene 10 hectáreas de extensión y fue comprado en 1968 por don Inocente, quien tiene las escrituras y recibos del predial que lo acreditan como dueño legítimo de esa tierra. Cuando fue comprado, no era más que una extensión de fango y lodo, que Inocente usaba como chiquero.
Por suerte o por desgracia, el terreno se ubica en la llamada Zona Dorada de Coatzacoalcos, a pocos metros del malecón y rodeado de hoteles de lujo. El precio del terreno alcanzó cifras altísimas, más de 500 millones de pesos.
En octubre de 2013, luego de siete años de pelea legal, Armas Alor llevaba ventaja al lograr que el Tribunal Superior de Justicia del Estado le diera el fallo a su favor, en la disputa contra una de las familias más poderosas de Coatza, caciques con conexiones en las altas esferas políticas y gran capacidad económica.
Inocente Armas se enfrenta al que fue director del IMSS y de Pemex, y secretario de Hacienda en el sexenio pasado, José Antonio González Anaya y otros miembros de su familia, como su hermano Óscar González y su padre José Antonio González Pereyra (fallecido en 2017), apoyados su abogado Alfredo Ramón de Diego y sus hijos Alfredo y Marco Antonio Ramón López.
Los caciques de Coatzacoalcos
Robo de documentos del Registro Público de la Propiedad, el robo de hojas en las que se asentaba la compraventa original y falsificación de documentos, como consta en el expediente que analizó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Xalapa, que en 2013 falló a favor de don Inocente.
La sustracción de documentos se produjo bajo el auspicio del entonces alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel, amigo cercano de González Anaya, luego que el municipio le impidió al señor Armas el pago del predial, con el pretexto que la Tesorería ya no podía aceptar su pago.
El tesorero en ese momento era Luis Rafael Anaya Mortera, tío de González Anaya y operó para la manipulación de registros en donde se confirmaba la propiedad de Inocente Armas. Luego de 39 años de pagar impuestos, Inocente fue notificado que ya no era dueño del terreno.
La naturaleza del litigio era un diferendo entre particulares, y no era del interés ni la trascendencia nacional que caracterizan por ley, los casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los González perdieron en los tribunales estatales y por un tiempo don Inocente pudo gozar de la propiedad comprada en 1968, incluso tuve que soportar el ser bardeado por los falsos dueños.
Sin embargo, los caciques de Coatzacoalcos movieron sus influencias para intentar una segunda petición, para que la SCJN atrajera el caso. Lograron esta vez que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero aceptó la petición y la promovió entre los magistrados de la Primera Sala que se atrajera el caso a revisión. Se aceptó el 19 de diciembre de 2014, un año antes que la ministra dejara la Suprema Corte.
Don Inocente Armas, ya sin la capacidad de hablar ni caminar, visitó junto con su abogado la oficina de Sánchez Cordero, tratando de sensibilizar a la magistrada y lograr que el caso no merecía estar en la suprema corte y que los solicitantes (familia González) usaban pruebas fabricadas.
Sánchez Cordero acusó al abogado Madrazo de inventar él mismo el juicio, a lo que él respondió que era imposible, argumentando que a presencia del legítimo dueño del terreno estaba presente y que los documentos que llevaban acreditaban la propiedad.
“Yo ya me voy, eso no me toca atenderlo”, fue la respuesta de la exministra. Quien una vez más se deslindó del caso, argumentando no ser responsable de la atracción de la petición, lo que abogado calificó de ilegal e injusto.
Luego de la visita a Sánchez Cordero, don Inocente y su abogado se acercaron a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz, ambos prometieron revisar el caso. Cossío Díaz le aclaró al abogado y su cliente que su caso se estaba manejando no de forma jurídica, sino de manera política, debido a los involucrados.
El 19 de agosto de 2013, el Primer Tribunal Colegiado de Materia Civil otorgó el amparo, además de protección de la justicia federal a favor de don Inocente Armas.
Luego de esto, el abogado Madrazo regresó de nuevo a la Suprema Corte, en donde acusa directamente a la actual secretaria de Gobernación de facilitar la atracción del caso injustificadamente. El 11 de noviembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a los quejosos y el caso regresó a los tribunales estatales para su revisión.
Con información de EjeCentral
Nota aclaratoria
A petición de José Antonio González Anaya, se publica la siguiente carta aclaratoria, enviada a la redacción de La Silla Rota, con respecto a la información presentada en esta nota, tomada del reportaje publicado en el semanario EjeCentral, el 4 de Julio del presente año.
