Cuestionado por miembros de los grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por su cercanía al poder, Ricardo César González Baños fue designado por el Congreso de Hidalgo fiscal Especializado en Delitos de Corrupción, para un periodo de cinco años.
Aunque 12 de 30 diputados son de oposición, y la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia –en la que tres de cinco miembros, incluido el presidente Horacio Trejo Badillo, son priísta–, requería, al menos, el respaldo de dos de ellos para convalidar su propuesta, 24 legisladores votaron a favor y sólo seis en contra.
“Hay una negociación oscura, un caballo de Troya en el proceso”, acusó el diputado Efrén Salazar Pérez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien aseguró que los exgobernadores han sido protegidos por “pactos de impunidad” y que el estado cuenta “con instituciones débiles, funcionarios corruptos y desacreditados”, debido a que no se ha procedido contra exmunícipes y exempleados del Poder Ejecutivo posiblemente responsables del uso indebido de recursos.
Por ello, argumentó, el exsubprocurador de Procedimientos Penales región poniente no garantiza imparcial para actuar contra titulares de administraciones en las que laboró.
El priísta Canek Vázquez Góngora replicó que la terna que envió el gobernador Omar Fayad Meneses incluía a los primeros de una lista de diez que fue elaborada por la Junta de Gobierno, cuya presidenta es su compañera de bancada María Luisa Pérez Perusquía.
Lo que hizo Fayad, argumentó, “es respetar la lista en el orden de prelación”.
No obstante, Salazar Pérez objetó: “ni siquiera por simulación incluyó a alguien que no fuera funcionario”, dado que los otros dos aspirantes también laboran en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo: José Luis Mendoza Gamiño, director del Centro de Atención Temprana región poniente, y Julio César Trujillo Meneses, director general de Investigación y Litigación región oriente y Control de Procesos.
“Mandó una terna excusándose en el Congreso (por decir que respetó la decisión de los parlamentarios), sin asumir su responsabilidad. En Hidalgo habrá un fiscal a modo del poder Ejecutivo, que no será independiente”, insistió.
Al fijar su posicionamiento en contra, la panista Mariana Bautista de Jesús pidió a González Baños que investigue al exmandatario José Francisco Olvera Ruiz y a quienes fueron sus colaboradores, por desvíos aún no cuantificados en las Secretarías de Salud y Educación, así como en el sistema de Radio y Televisión, inhabilitado por la Función Pública para signar convenios durante los próximos seis meses.
“Que su desempeño no sea como hoy ha sido su nombramiento: una mera simulación”, dijo.
La representante por el distrito de Pachuca, Gloria Romero León, también del PAN, afirmó que “los dados venían cargados a favor de que, después de esta votación, (González Baños) sea electo”, pues planteó que el proceso, a cuya terna final sólo accedieron trabajadores de la administración pública, estaba diseñado para que en Comisiones, de mayoría priísta, fueran avaladas estas propuestas y para que, aunque no se lograra la votación necesaria en el parlamento, el titular del Ejecutivo lo designara, porque tenía esa facultad.
Remarcó que el exgobernador Olvera, en cuya administración laboró, en procuración de justicia, el nuevo fiscal, dejó un endeudamiento de 14 mil 834 millones de pesos, del cual sólo hizo público 5 mil 579 millones en su último informe.
“Todo ese dinero ni.fue aplicado en hospitales, que carecen de abasto de medicamentos, ni en las obras que no se han hecho”, añadió.
En el debate, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Margarita Ramos Villeda, secundó: “haber tenido relación directa con entes de gobierno (debido a que laboró en la administración de Olvera Ruiz, a quien piden juzgar) no permitirán un ejercicio efectivo de su función”.
Especificó que no cuestionan la escolaridad del, hasta ese momento, aspirante, sino "la cercanía a distintas esferas del poder público", lo cual, insistió, no garantiza su autonomía.
“En ningún sistema de justicia se puede ser juez y parte”.
En la votación, la perredista Simey Olvera Bautista, que durante la entrevista a los candidatos los cuestionó por no haber presentado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma habilitada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), se pronunció a favor de la designación.
De los siete integrantes de la fracción del PAN, sólo dos votaron en contra.