PUEBLA.- Falsificación de logos y sellos oficiales, además de permitir el aval de dependencias inexistentes, son dos de las irregularidades que se atribuyen a Andrés Francisco Juan Covarrubias, regidor de obras de Ahuacatlán en el periodo 2009-2011, para autorizar licencias de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) en el municipio.
Ante las irregularidades encontradas, en la sesión de Cabildo del 7 de junio de 2019, de cuya acta tiene una copia La Silla Rota, el actual Ayuntamiento de Ahuacatlán decidió que “se revocan los permisos otorgados por Andrés Francisco Juan Covarrubias, regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en la administración 2008-2011 del Ayuntamiento de Ahuacatlán expedidos el 18 y 24 de septiembre del 2009”.
El PHP1 comprende dos presas: la Ahuacoya, con una cortina de 45 metros de altura y una capacidad de generación eléctrica de 60 MW y; la presa Zoquiapa, con una cortina de 6.5 metros, que capta el agua del río Zoquiapa para enviarla a la presa Ahuacoya, a fin de complementar el gasto para la generación de energía.
La “Comisión Especial Sobre Hidroeléctrica”, conformada por cinco regidores de la actual administración, determinó también que el Convenio de Colaboración celebrado entre la empresa DESELEC 1, S. de R.L. de C.V y la Junta Auxiliar San Mateo, de Ahuacatlán, fue irregular, debido a que incumplió lo establecido en la ley. En el Acta de Cabildo quedó asentado que se estudiaron oficios que contenían las licencias de afectación en terrenos de construcción, así como declaraciones del entonces regidor Andrés Francisco Juan Covarrubias, cuando Miguel Cruz era alcalde del municipio.
El primero se trata de la licencia de construcción y autorización del suelo fechado el 18 de septiembre del 2009, que no tiene número de oficio ni asunto del que se trata; fue expedido a favor de la empresa Deselec 1 con el apoderado legal Salomón Mahají Samra. El segundo se trata de una declaración del mismo regidor en el que niega que el proyecto se contraponga al Plan Municipal de Desarrollo en materia de medio ambiente; sin embargo, la Comisión Especial Sobre Hidroeléctrica no logró ubicar dicho documento por lo que no hay certeza de que vaya en contra del plan.
La investigación encontró un escrito del 1 de septiembre de 2009 con referencia DES1/002/09 dirigido a Miguel Cruz, quien era alcalde, y firmado por Mahají Samra, quien manifestaba su intención de realizar “un proyecto mini-hidroeléctrico con capacidad de diseño de 50 mw denominado Deselec 1 sobre el río Ajalpan”; el escrito no tenía detalle de la comunidad en donde sería construido y ni el cabildo ni el edil lo autorizaron de manera oficial.
Otro documento fechado el 18 de septiembre de 2009 y expedido a Mahají Samra por el regidor Andrés Francisco, “otorga licencia de construcción y autorización de uso de suelo para obra mencionada. Asimismo, se le otorga la licencia de movimiento de tierras para uso explosivo de la construcción de la presa derivador, embalse, túnel, tubería de conducción, así como estructuras y caminos correspondientes a la obra mencionada (…) Por otro lado, se autoriza el paso ininterrumpido referida (sic). En el primer párrafo por la totalidad de las calles, avenidas y demás vialidades y de derecho le correspondan y sean responsabilidad de este municipio”.
La Comisión Especial Sobre Hidroeléctrica, integrada por la actual administración municipal que encabeza Juan Luis Pérez Pastrana, determinó que dicho documento es falso, puesto que el logotipo del Ayuntamiento de ese entonces era con fondo oscuro color verde y éste es claro, además, el contorno del glifo también es oscuro y el estudiado ni siquiera tiene fondo; el logotipo y glifo del ayuntamiento fueron diferentes en cada hoja; la referencia del oficio dice “subdependencia”, la cual no existe en el organigrama; no aparece el nombre ni firma del director de obras públicas; los sellos en cada una de las fojas son diferentes lo que significa que fueron alterados o falsos.
Otra de las irregularidades detectadas es que no se especifica qué y cuántas comunidades resultarán afectadas; la redacción, se afirma, se realizó “sin sustento y de manera abusiva puesto que buscaban que la empresa tuviera la apertura de despacharse con manos llenas, sin límite alguno”.
De acuerdo con el acta de cabildo, la facultad de otorgar los permisos recae en el Cabildo y no en un solo regidor, puesto que el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal establece que “las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos que comprometan al municipio por un plazo mayor al del periodo del Ayuntamiento siempre y cuando los mismos sean acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, en los casos que establezca el presente ordenamiento para obtener la aprobación a que se refiere la Constitución”.
El “Convenio de Colaboración Celebrado entre la empresa denominada Deselec 1, S. de R.L. de C.V. y la comunidad denominada San Mateo, municipio de Ahuacatlan, Estado de Puebla”, tiene 10 páginas en 4 secciones: antecedentes, declaraciones, compromisos y firmas; el documento se refiere a José Sebastián Marcos como edil, sin embargo, más adelante detalla que junto con otras cuatro personas es “inspector municipal”, cargos que nunca han existido en la comunidad; además, dice que el testigo de calidad es Miguel Sebastián Santos, quien era el presidente municipal de Ahuacatlán, pero al mencionarlos así no debió utilizar el sello oficial, toda vez que la empresa engañó a las autoridades diciendo que el edil ya había dado su permiso al ser mencionado, pero no fue así.
También se explica que la comunidad conoce la ubicación y funcionamiento de componentes del proyecto “cruzara la comunidad de Xochicuautla”, pero no se puede avalar algo que le compete a otra comunidad, aunque pertenezcan al mismo municipio, lo mismo se repitió con los Ayuntamientos de San Felipe Tapayatlán y Tlapacoya, que autorizaron el proyecto cuando no es de su competencia.
Los compromisos dicen que, en la etapa de construcción por 4 años entregarían 50 mil pesos anuales durante 25 años, en operación serían 75 mil anuales, pero traducido en la realidad equivale a 4 mil 666 y 6 mil 250 pesos. “Parece un contrato leonino y abusivo, la cantidad no sirve para nada a una comunidad”, consideró la comisión.
La comisión concluyó que la gestión de ese entonces no tenía conocimiento de la existencia de permisos o licencias de construcción, uso de suelo y de movimiento de tierras para dicha empresa, y debido a las irregularidades desde el 15 de abril de 2016, el juez primero de distrito en la materia concedió la suspensión solicitada en el expediente no. 598/2016-III de la sección de amparo, al tiempo de exigir al exedil de Ahuacatlán, Miguel Cruz, que justificara porqué dio se aprobó; a partir de esa fecha comenzaron los recursos legales entre los quejosos y la empresa.
El pasado 12 de enero José Luis Ruiz Vélez, secretario General del actual Ayuntamiento, informó y entregó el Acta de Cabildo a los delegados de las comunidades. Las razones que justifican la revocación, dijo, son graves y evidencian mala fe, abuso de poder y ocultamiento de información de servidores públicos que se prestaron a actos de corrupción favoreciendo a empresas privadas.
(Brenda Lugo)