TIJUANA.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, abrió un nuevo frente de batalla con su reforma al Poder Judicial con la que pretende entre otras cosas influir en la designación de magistrados.
El primero que reaccionó fue el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien menos de una semana después de la aprobación en el Congreso nombró a Jorge Ignacio Pérez Castañeda como su presidente y sustituyó a Salvador Ortiz Morales.
Ortíz Morales tomando protesta al nuevo presidente del TSJ
Nombrado en sesión extraordinaria y respaldado con una votación unánime, el nuevo magistrado presidente fue claro al dar a conocer los temas prioritarios de su agenda: defender la autonomía del Poder Judicial y redignificarlo.
“Defendemos la independencia porque la independencia es el presupuesto de la imparcialidad. Sin imparcialidad no hay nada. Sin imparcialidad privaría la ley del más fuerte”, comentó en un mensaje difundido por el área de comunicación social, porque no brindó entrevistas.
La iniciativa presentada por Bonilla Valdez no solo le permitiría al ejecutivo en turno proponer ternas para nombrar magistrados del tribunal administrativo y judicial, sino que también desaparece el Consejo de la Judicatura, órgano del Poder Judicial encargado de la vigilancia, disciplina y carrera judicial.
Aprobada el pasado 31 de julio apenas con los 17 votos necesarios para cambiar la constitución local, aún falta que sea respaldada por al menos tres de los cinco Cabildos del estado (todos de extracción morenista), para ser publicada en el periódico oficial del estado y entrar en vigor.
José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de abogados en Baja California, considera que esta “sacudida” al Poder Judicial es “una intromisión” de Bonilla Valdez y deberá combatirse con una controversia constitucional desde el TSJ.
“Tienes que tener la dignidad institucional de defender tus principios (…) ¿por qué someterte a las decisiones del ejecutivo?”, cuestiona.
El gobernador de Baja California ya mantenía una actitud crítica al Poder Judicial desde antes de la reforma, y lo acusó de no reabrir juzgados a pesar de que había una autorización de la Secretaría de Salud estatal.
Una reforma sin recursos y al servicio de Bonilla
Sin embargo, el abogado Molina Magaña dice que esa autorización debió ir con una partida presupuestal para cubrir las medidas de prevención por la pandemia.
El dinero es una antigua demanda del Poder Judicial, quien con la entrada del nuevo sistema de justicia penal entre 2015 y 2017 en Baja California, se encuentra rebasado por falta de jueces y salas.
“Que exijan un presupuesto. ¿Por qué le tienen miedo a la reacción del poder ejecutivo? Que también el ejecutivo ha ninguneado al poder judicial”, menciona Molina Magaña.
Además, sostiene, si el Consejo de la Judicatura necesita ser transformado, esto debe ser con la opinión del mismo Poder Judicial y no sin consultar como lo hizo el poder legislativo con mayoría de Morena.
Abogados consultados por La silla Rota sobre el tema, que hablaron con la condición de no dar su nombre, mencionaron que el cambio de magistrado presidente obedecería a la presión de sus compañeros para responder al gobernador.
Salvador Ortiz Morales fue sub procurador de justicia en Tijuana durante la administración del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), es magistrado desde el 2014 y llegó a la titularidad del Poder Judicial en 2017, durante el gobierno del ex gobernador Francisco Vega (2013-2019).
Estuvo presente en una sesión del Congreso local en la que la reforma al Poder Judicial presentada por Jaime Bonilla fue sacada de la orden del día de última hora por falta de socialización del tema.
Y el mismo Ortiz Morales tomó protesta a su sucesor en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Jorge Ignacio Pérez Castañeda.
Éste concluirá su periodo el primero de noviembre del 2021, cuando Baja California ya tendrá un nuevo gobernador.
bl