PACHUCA.- Para frenar extorsiones, principalmente a comerciantes y transportistas, legisladores presentaron una iniciativa para imponer multas de 22 mil 405 hasta 67 mil 215 pesos y cárcel de seis a 15 años a quien cometa el delito de cobro de derecho de piso.
De acuerdo con Doralicia Martínez Bautista, diputada local de Morena, el delito de cobro de derecho de piso es propio de “los grupos gansteriles italianos” y ha sido adoptado por parte de miembros de grupos criminales en el país.
Este flagelo, además de minar el desarrollo económico y social, también genera un impacto psicológico comparable con el secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, padeciendo amenazas constantes y, en algunos de los casos, violencia en su contra”.
Sin dar datos estadísticos sobre el cobro de derecho de piso en Hidalgo, la legisladora morenista informó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que el delito de extorsión sumó dos mil 602 casos de enero a abril de 2020.
Este tipo de actividades delincuenciales no han disminuido a pesar del confinamiento sanitario pues, de acuerdo con Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), los grupos criminales llegan a obtener al año hasta 12 millones de pesos por delitos de extorsión y cobro de piso”.
Cabe señalar que, en 2019, el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo denunció que en Zimapán el cobro por derecho de piso o extorsión es frecuente entre los comerciantes de la cabecera municipal; por ello, muchos han tenido que cerrar sus negocios para evitar la explotación.
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Ante tal escenario, se propuso reformar el artículo 216 del Código Penal de Hidalgo en materia de extorsión para incluir el delito que el “cobro de derecho de piso” se sancione con multas de 250 a 750 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) y prisión de seis a 15 años.
La legisladora puso como ejemplo el sector minero de Guerrero, que se ha convertido en una “veta” atractiva para la delincuencia debido al cobro obligatorio de cuotas ilegales; lo mismo en Michoacán, donde los criminales amenazan y extorsionan a quienes siembran aguacates.
En Hidalgo no se escapa a este tipo de actividades ilícitas pues van de la mano de otras conductas delictivas como despojos, fraudes, secuestros, homicidios y daño en propiedad, que son altamente lesivos, ya que con sus efectos minan el crecimiento económico de los municipios, los estados y, por ende, del país”.
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