El caso del exvocero de Guillermo Padrés Elías es el más polémico y mediático de las consignaciones que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, creada por la gobernadora Claudia Pavlovich en septiembre de 2015.
Ahora, esta historia tiene un nuevo capítulo: el delito por el que se le acusa fue reclasificado de extorsión a cohecho por el juez de distrito que lleva su caso.
Jorge Morales Borbón fungió como secretario de Comunicación Social durante los seis años de la administración de exmandatario panista, Guillermo Padrés Elías (hoy en libertad bajo caución después de dos años preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México).
Es periodista de profesión, con una trayectoria en medios impresos como subdirector de Comunicación Editorial de Periódicos Healy, en su edición Sonora, con El Imparcial y Baja California, con La Crónica.
También fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones.
El arresto volcó los medios de comunicación
El 1 de febrero de 2016, a cinco meses de que iniciara la administración de la priista Pavlovich Arellano y advirtiera que “los corruptos pagarán por sus actos”, Jorge Morales fue arrestado cuando salía de una tienda de conveniencia, en Hermosillo, la capital sonorense.
Ese mismo día fue ingresado al Centro de Readaptación Social número 1 y las fotos del exvocero esposado de manos dieron vuelta en todo México: la nota encabezó los noticieros de medios locales y nacionales.
Era la primera detención del gobierno de la nueva gobernadora contra funcionarios de la administración de Padrés Elías.
Una semana después, el Juez de Primera Instancia del Juzgado Tercero de lo Penal, Manuel Octavio Palafox Ocaña le dictó auto de formal prisión por el delito de extorsión contra un empresario, propietario de un medio de comunicación estatal.
Los señalamientos en su contra
La FAS acusa al exvocero de extorsionar a empresarios y dueños de medios de comunicación a cambio de facturas por concepto de publicidad por parte del gobierno estatal.
Fueron citados algunos comunicadores a declarar en su contra para integrar las testimoniales del caso. La principal empresa demandante es la radiodifusora estatal Larsa Comunicaciones.
El Código Penal Federal, en su artículo 222, señala que comete cohecho “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones”.
La pena más alta es de 2 a 14 años de prisión, de 300 a 1,000 días multa y destitución e inhabilitación de dos a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Exhiben presunta falsedad en denuncia penal; Fiscalía lo niega
La esposa de Jorge Morales, la también comunicadora Kathya Félix, no dejó de exigir su libertad desde ese día.
Además, exhibió en sus redes sociales la presunta forma en la que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora engañó a un hombre de la tercera edad para que firmara como uno de los denunciantes.
Se trataba del señor Alberto del Cid Carmelo, de 76 años de edad y analfabeta. El hombre, con sus palabras y fuera de su casa humilde contó que unos sujetos le ofrecieron mil 400 pesos para marcar con una “X” unos documentos.
“Yo no conozco a ese señor, ni al otro”, expresa en el video difundido en junio de 2016.
Con “el otro”, se refiere a Luis Enrique Montejano Martínez, subsecretario de Comunicación Social, y quien también es uno de los acusados en la denuncia, pero nunca fue detenido.
Después de los cuestionamientos de la prensa, el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza Valdéz, hizo llegar un boletín, donde aceptó que uno de los denunciantes se llamaba Alberto del Cid Carmelo, pero que no era uno de los elementos que los llevaron a la acción penal.
“Sin embargo, el señor Morales Borbón no se encuentra privado de la libertad por la denuncia del señor Alberto del Cid Carmelo, sino por los hechos y las pruebas que con contundencia nutrieron la consignación y que un juez determinó como suficientes”.
Vocero obtiene libertad y demanda a la FAS
A 10 meses de su arresto, el 23 de diciembre de 2016, el exsecretario de Comunicación de Guillermo Padrés obtuvo libertad bajo caución, al pagar un millón de pesos para seguir su caso fuera de prisión.
El proceso legal de Jorge Morales continuó por dos años completos y acudía con el juez a firmar cada cierto tiempo para continuar libre.
Y, en febrero de 2019 interpuso una denuncia ante instancias federales por daño moral contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Odracir Espinoza Valdés.
Sus argumentos: la exhibición de su nombre, voz, rostro e imagen y la violación del principio de presunción de inocencia.
Una nueva vinculación a proceso
Han pasado ya más de tres años desde la vinculación a proceso contra Morales Borbón por el delito de extorsión y ahora, la acusación se reclasificó a cohecho.
Hace unos días, el martes 17 de septiembre, el Juez Oral Penal del Distrito Judicial 1, Vladimir Sosa Jordán durante una audiencia dio a conocer su decisión.
Sin embargo, el exvocero no fue privado de su libertad ya que actualmente cuenta con un amparo, de acuerdo con fuentes del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, consultadas por este medio de comunicación.
En dicha audiencia, el juez fijó un plazo de dos meses para el desahogo de pruebas, que termina el próximo 17 de noviembre.
“Causa 706/2019. Imputado Jorge Morales Borbón, audiencia de formulación de imputación celebrada el 17/sep/19 a las 13:15 horas y concluyó a las 19:39 (con un receso de 2 hrs y otro diverso de 47 minutos). Se le formuló imputación por el delito de Cohecho y se le vinculó a proceso por el mismo. El imputado declaró durante la audiencia, se fija plazo de cierre de investigación por 2 meses que concluyen el 17/nov/2019. No se impuso medida cautelar en virtud de que hay amparo y en cuanto a su libertad está a disposición del juez federal”, indica el expediente judicial.
La Silla Rota buscó una postura de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, cuyos voceros manifestaron estar impedidos para declarar, con el fin de no cometer faltas al debido proceso.
“En audiencia con el Juez Oral, quien determinó vincularlo a proceso por cohecho en contra de una empresa de telecomunicaciones, se encuentra en libertad y por el debido proceso no podemos dar más información sobre el tema”, declararon a este medio.
Este caso es uno del total de 32 consignaciones que ha realizado la FAS contra exfuncionarios padrecistas, pero es el más mediático y polémico. La historia aún no termina.