PUEBLA.- Juan Arturo fue hallado en una fosa clandestina, su familia lo reconoció por la hebilla de su cinturón. El hoyo estaba en un pozo antiguo en medio de áridos campos en Quecholac, Puebla. El proceso de identificación y entrega de restos no debía durar más de cuatro meses, pero tardó casi un año. El joven desapareció el 18 de diciembre de 2017.
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Así como Juan Arturo, muchas personas quedan en el olvido burocrático, por lo que permanecen meses y hasta años sin ser identificadas. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero de 2014 al 7 de octubre de 2021 han ingresado 9 mil 721 cuerpos y restos humanos al Servicio Médico Forense (Semefo), de los cuales mil 107 siguen sin ser identificados.
De acuerdo con una investigación de Lado B, el hecho de que los procesos sean tan tardados, revictimiza a las familias y alarga el dolor y la incertidumbre, dice María Luisa Núñez, fundadora del colectivo “Voz de los desaparecidos”.
Es demasiado tardado, es un martirio para nosotros como familiares, que pasan semanas, meses, no sabemos a quién encontramos y a quién no. Es otro crimen el que las familias tengamos que estar enfrentándonos a estos procesos tan tardados e inciertos
Los restos de Juan Arturo fueron entregados a su familia a finales de julio de este año; sin embargo, un mes antes, la FGE todavía no tenía el registro oficial de la identificación del joven.
FALLAS EN MINISTERIOS PÚBLICOS
Para María Luisa Núñez, el retraso de los procesos responde a una falla de origen desde los Ministerios Públicos encargados de llevar las investigaciones y hacer los levantamientos, aunado a falta de personal capacitado.
Jonathan Leyva Arriaga, desaparecido el 23 de mayo de 2019 en Huauchinango, fue encontrado sin vida el 14 de junio de 2021 en un paraje del mismo municipio. A su hermano Juan, que fue quien halló los restos de Jonathan, las autoridades le dieron un plazo máximo de 15 días para entregarle los restos del joven de 21 años de edad; sin embargo, la Fiscalía tardó más de mes y medio en darle el cuerpo a la familia.
Pese a que desde el 6 de marzo de 2020 el Semefo pasó oficialmente a manos de la FGE, acción que buscaba fortalecer la procuración de justicia, los familiares de personas desaparecidas no han visto hasta ahora —a un año ocho meses— ningún cambio favorable en los procesos.
Un ejemplo de la crisis de identificación forense que atraviesa la entidad es lo ocurrido en los dos pozos en Guadalupe Enríquez, Quecholac, que fueron usados para aventar cuerpos.
La fundadora de “Voz de los desaparecidos” dijo que quienes primero entraron fueron bomberos y no agentes del Ministerio Público ni peritos especializados. Los bomberos no son especialistas, no conocen las técnicas correctas de documentación y levantamiento de cuerpos. Y si bien los restos estaban completos, incluso con ropa puesta, los sacaron de los pozos de manera desordenada, lo que hará más difícil y larga la identificación.
Así, a un año de los hallazgos, los especialistas todavía no determinan a quién pertenece cada parte de los cuerpos.
El otro gran problema es la falta de personal especializado. María Luisa dice que hay cerca de tres peritos antropólogos para atender a todo el estado, e igual pocos criminalistas y genetistas; tan solo tres peritos para una entidad en la que hay más de 3 mil personas desaparecidas.
El problema radica en que el trabajo de inicio no se hace con la pericia necesaria, los expertos que tienen que intervenir desde el principio no están. Entonces se hace un desastre posterior, lo que complica totalmente el que puedan entregar un trabajo dentro del tiempo razonable
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