PUEBLA.- El abandono de mujeres embarazadas, menores de edad incapaces de cuidarse, así como de adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, será castigado con penas de tres meses o cinco años de cárcel, y se le privará de la patria potestad o la tutela, de acuerdo con reformas hechas al Código Penal del Estado por los legisladores locales.
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Mónica Lara Chávez, diputada que propuso la iniciativa, dijo que cada vez es más común que las familias abandonen a sus adultos mayores, y son actos no denunciados, por lo que la reforma velará porque los responsables sean sancionados. En el caso de las embarazadas precisó que el bebé es responsabilidad de la pareja, sin embargo, como muchos hombres no lo aceptan, ahora se impondrán penas.
Mónica Lara Chávez, diputada. Foto Facebook
En lo general los diputados aprobaron por mayoría de votos reformas a los artículos 346 y adiciones el artículo 346 Bis del Código Penal para sancionar el abandono de personas de grupos vulnerables.
Con la reforma, el artículo 346 ahora indica que a quien “abandone a una niña, niño o adolescente, incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona adulta mayor o a una persona enferma o con discapacidad, teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de tres meses a cinco años de prisión y se le privará de la patria potestad o de la tutela”.
HASTA SEIS MESES DE PRISIÓN
El artículo 346 Bis queda de la siguiente forma: “a quien embarace a una mujer y sin causa justificada incumpla las obligaciones de prestar asistencia y alimento, se le impondrá de nueve meses a seis años de prisión además de reparación del daño y el pago de alimentos para la hija o hijo. La sanción se duplicará en caso de que en ese abandono surjan lesiones a la madre como al menor en gestación”.
Para María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta pretende brindar protección jurídica a los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas.
El diputado Miguel Trujillo de Ita y la legisladora Tonantzin Fernández Díaz, condenaron que se abandone a alguna persona en estado de vulnerabilidad, como en el caso de las mujeres embarazadas o de adultos mayores.
Puebla no cuenta con un registro de niñas y niños en situación de violencia y abandono canalizados a los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos o privados, situación que hasta noviembre de 2019 lo hizo acreedor a cuatro quejas contra los derechos humanos y tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, se indica en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en CAS y Albergues Públicos y Privados.