Diputados locales aprobaron este lunes cinco iniciativas enviadas hace una semana por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas al Congreso, incluida la que justifica el uso de la fuerza policiaca y armas de fuego en supuestos actos delictivos en manifestaciones y concentraciones públicas.
Cabe resaltar que ninguna de las iniciativas fue debatida en el pleno del Congreso, y todas, a excepción de dos, fueron aprobadas por unanimidad.
Con 32 de 37 votos se avaló la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, que considera el uso de la “fuerza legítima” como un mecanismo para “la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo”.
En su artículo 8, el proyecto de ley aprobado este día señala que el uso de la fuerza por parte de los policías deberá ser gradual, y en su artículo 9 establece 4 niveles para llegar a ello: persuasión o disuasión verbal, sometimiento, uso de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego o de fuerza letal.
En este último caso, se indica que las armas o fuerza letal podrán usarse cuando “exista una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.
No obstante, Francisco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla, explicó que el uso de armas letales no está previsto para dispersión de manifestaciones públicas.
En entrevista con Efekto Noticias, explicó que el artículo 46 de la mencionada legislación permite este tipo de armamento solamente en casos donde haya flagrancia.
Sin embargo, para determinar si una manifestación debe ser dispersada se tomará en cuenta la clasificación de que sean “lícitas, ilícitas no violentas y violentas”.
En el caso de las últimas, “cuya realización implique afectación a bienes jurídicamente tutelados, los elementos policiales aplicarán el nivel gradual del uso de la fuerza que se establece en el artículo 8 de la presente ley”, señala el artículo 43.
Mientras que el 44 refiere que las armas de fuego podrán utilizarse para repeler agresiones, preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, de los elementos policiales o de terceros”.
Diputados en contra señalan represión
En contra de esta iniciativa votaron la diputada del PVEM Geraldine González Cervantes, los integrantes de Movimiento Ciudadano Ignacio Alvízar Linares y Julián Peña Hidalgo, así como los petistas Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García.
Esta última mencionó que su voto en contra se debió a que “la derecha y el PRI siempre han sido represores y controladores de los ciudadanos en todos los sentidos”, cuestión que se ve fortalecida con esta ley.
“Nosotros como izquierda debemos buscar que nos escuchen y luchar por la libre expresión”, mencionó la diputada.
Ombudsman durará 5 años en el cargo
Además se aprobaron las reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con lo que el periodo del titular de la CEDH se verá aumentado de 3 a 5 años, con la posibilidad de ser ratificado en el puesto hasta por otro periodo consecutivo.
La Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y en su caso Erradicar la Tortura fue igualmente aprobada por unanimidad, sin debate de por medio. Esta iniciativa contempla la instauración de las regulaciones que marca el Protocolo de Estambul, entre las cuales consiste en instruir a las autoridades competentes de aplicar las pruebas y dictámenes correspondientes en casos de posible tortura y/o maltrato, así como establecer las directrices institucionales de la implementación de este dictamen.
Asimismo, se avaló la Ley de Protección a las Víctimas para el estado de Puebla, con lo que el Congreso local cumple con la homologación con la legislación federal, a dos días de que se cumpliera el plazo para tal efecto.
Cabe señalar que esta iniciativa se aprobó con 36 votos a favor y una abstención.
En esos mismos términos se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual contempla la creación de las regiones judiciales Norte y Sur.
La última iniciativa enviada por el gobernador, el pasado miércoles 14 de mayo, fue la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, la cual sustituirá a la existente Ley de Instituciones de Beneficencia Privada.
Entre los alcances de esta iniciativa, se dispone que el gobernador del estado sea el encargado de nombrar, como hasta ahora, al presidente y secretario de la Junta de Asistencia Privada. Sin embargo, ahora será también atribución del Ejecutivo estatal nombrar al tesorero de la Junta, regulación que no existía en la anterior ley.