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Protestan por operación clandestina de empresa de residuos tóxicos

De acuerdo con ellos, esta planta no debería de funcionar, debido al Ayuntamiento de San Fernando, en Chiapas, le negó la licencia de funcionamiento

Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La operación clandestina de la empresa “JB”, encargada del tratamiento final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), representa un serio riesgo para al menos 15 mil habitantes de colonias y comunidades del municipio de San Fernando, ubicado a 10 minutos de la capital chiapaneca.

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Ante esta situación, pobladores de las colonias 16 de Septiembre, Álvaro Obregón, Don Ventura, Viva Cárdenas y de la entrada de la cabecera municipal semiparalizaron la carretera que conecta a esta localidad con Tuxtla Gutiérrez, como medida de presión para que la compañía ya no funcione más.

“Tenemos miedo porque esta planta no deja de operar, de su chimenea aún sale humo, y nos genera más incertidumbre porque como se deshacen de residuos de ese tipo, podría haber un problema mayor porque estamos seguros que trabajan con materiales que están relacionados con la covid-19”, advirtió Manuel Balcázar quien ha luchado por que “JB” se vaya de esa región.

(Fotos Christian González)

Mientras que los manifestantes portaban pancartas con leyendas de rechazo al funcionamiento de dicha infraestructura y exclamaban, al unísono, “¡fuera esta empresa contaminadora!”, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para apoyar en labores de control de tráfico de vehículos que se generó, además de estar pendientes por algún posible conato de bronca.

El mayor enojo de ellos, dijeron los inconformes, es que desde febrero de 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ha negado a clausurar a la empresa, a la cual solo se le estableció una sanción administrativa, cuando la misma viola la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, entre otras como carecer de una licencia municipal de operación.

De hecho, la salud de los pobladores se ha visto mermada, según evidenciaron los mismos protestantes, quienes detallaron que a diario se percibe el olor a humo que emana de la misma, donde almacenan y destruyen medicamentos caducos, órganos y tejidos vivos, sangre contaminada, aguas de rayos X (radioactivas), entre otro tipo de material impregnado de hidrocarburos.

Otra de las situaciones que viola, advirtió Balcázar, es que no respeta los 5 kilómetros de distancia que debe de tener con la población más cercana, por lo que contraviene a lo estipulado en la NOM-Semarnat-055, la cual señala que ese tipo de instalaciones no deben de estar en áreas naturales protegidas. “solo nosotros vivimos a menos de un kilómetro, lo que se traduce en un riesgo alto”, agregó.

Al lugar de la protesta arribó un delegado de Gobierno, sin embargo “se nota su falta de empatía, e incluso se portó un poco grosero”, refirió el representante de los colonos, quien también recordó que ya están cansados de luchar y que la respuesta de las autoridades sea lenta y casi nula.

No obstante la actitud de las autoridades, comentó que esperarán a llegar acuerdos armoniosos para que no se ponga más en riesgo la vida y salud de miles de personas, sobre todo de infantes y de la tercera edad.