XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Alma Aleida Sosa Jiménez, juez de control del Poder Judicial de Veracruz, ordenó un año de prisión preventiva a César Augusto Morando Turrent, empresario constructor que habría provocado un gasto de 72 millones de pesos al gobierno estatal por fallas en la Torre Pediátrica, obra que estuvo a su cargo desde 2010.
En entrevista, Arturo Salazar Rivera -abogado del imputado por fraude cometido en agravio del gobierno del Estado de Veracruz-, recriminó una presunta detención política, orquestada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
El litigante señaló la detención de su cliente, se dio a raíz de una demanda presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues la actual administración rescindió el contrato a la empresa Gran Marca Proyectos S. A de C.V. -propiedad de Morando Torrent-, cuando existe un adeudo por 44 millones de pesos.
De igual manera señaló que la empresa SIFRA, a cargo del peritaje que detectó los presuntos fallos en la obra de la Torre Pediátrica y que valuó gastos de reparación por 72 millones de pesos, fue la misma que contrató el gobierno del estado como supervisora en la ampliación de esta construcción y ofreció un pago de 20 millones de pesos.
“Esta acción en mi contra es con el fin de justificar nuevo gasto - gasto incensario, por parte del gobierno del estado. Hicieron contratos de forma ilegal. Hay más fraude del lado otro lado”, acotó Augusto Morando Turrent quien pidió la palabra en la sala de audiencias número dos del Poder Judicial, con sede en Pacho Viejo.
La Fiscalía General del Estado (FGE), la parte acusadora en el procedimiento penal 139/ 2017, argumentó ante el juez que el actuar de Morando Turrent - encargado de la obra desde febrero de 2010- actuó de manera dolosa pues supo que la obra estaba “mal hecha y lo toleró”.
Ante lo referido, la parte defensora solicitó la duplicidad del término constitucional y será el 10 de julio a las 14 horas, en la audiencia de vinculación a proceso, cuando presenten pruebas ante el juez de control para desacreditar las imputaciones hechas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ante los señalamientos, el imputado aseguró que el desarrollo de la obra fue aprobado por la Secretaría de Salud y su Contraloría Interna. Sin embrago, tras pagos “a cuentagotas” por parte de la administración pasada acordó una suspensión temporal de la obra hasta que le fueran pagados 44 millones de pesos.
“Mientras la obra estuvo detenida yo puse de mi dinero para que no se arruinara. Hoy me dicen que hay fallas en la construcción, pero fueron cuatro años que la obra resistió huracanes y temblores y no pasó nada”, argumentó Morando Turrent.
El empresario criticó la conclusión del peritaje elaborado por la empresa SIFRA, que ordenó la demolición de dos pisos (el noveno y el décimo de la Torre Pediátrica) y más tareas de rehabilitación valuados en 72 millones de pesos. Dijo, “Son gastos innecesarios con tal de justificar el uso de recursos del erario público”.
Ante lo referido, la parte defensora solicitó la duplicidad del término constitucional y será el 10 de julio de 2017, a las 14 horas, en la audiencia de vinculación a proceso, cuando presenten pruebas ante el juez de control para desacreditar las imputaciones hechas por la Fiscalía General del Estado.
kach