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Primer y penúltimo año de Bonilla; ven falta de combate a corrupción

Especialistas sostienen que el combate a la corrupción es simulado, y que el ejecutivo no logró cohesionar un proyecto

Escrito en ESTADOS el

TIJUANA.- El gobierno estatal, que rompió 30 años de continuidad panista en Baja California, está a un año de terminar y el gobernador morenista Jaime Bonilla quizá marcó ya lo que será el sello de su administración.

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El mandatario se presentó en Tijuana este domingo por la noche para rendir su primer y penúltimo informe de labores, porque su gestión de dos años termina en 2021.

En su presentación dijo que cumplió ya 93 de sus 100 compromisos, pero en lo que ha sido la bandera de la 4T, especialistas sostienen que el combate a la corrupción es simulado, y que el ejecutivo no logró cohesionar un proyecto.

Primero, el Colegio de Abogados Constitucionalistas del estado recordó que el gobernador no ha enviado la terna para que el Congreso elija fiscal anticorrupción tras la renuncia de Elizabeth Ojeda Mayoral, quien a un mes de su nombramiento se retiró en enero de este año argumentando falta de recursos para realizar su trabajo.

Foto Cortesía Gobierno de BC

Eso tiene inconclusa y en el tintero de la Fiscalía General Estatal (FGE), la investigación por supuestos “moches” que habrían entregado empresarios a representantes del gobierno estatal, cuando estaba por iniciar funciones, a cambio de futuros contratos.

“Todo lo que está pasando es una farsa, es una simulación”, acusó junto al Colegio de abogados Ricardo Zurita López, consejero ciudadano en el Sistema Estatal Anticorrupción, creado en 2018.

Y la falta de fiscal especializado no se debe precisamente a un problema de comunicación entre el gobernador y el poder legislativo, donde Morena tiene la mayoría de votos con sus aliados y al mandatario le han aprobado casi todo lo que ha propuesto. 

El mismo Bonilla Valdez refirió en su informe que durante su primer año de labores logró más de un centenar de acciones legislativas, pero entre ellas nunca apareció la terna para nombrar a quien debería estar investigando las denuncias de corrupción.

En cambio sus iniciativas fueron encaminadas por ejemplo a crear nuevos impuestos y el Sistema de Administración Tributaria de B.C. para garantizar el pago de esos nuevos tributos que ya provocaron una avalancha de amparos.

También usó al poder legislativo para ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años, y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en su contra, recurrió de nuevo a los diputados pero entonces para tratar sin éxito de recortar la siguiente administración estatal.

En cambio los diputados tienen la facultad para nombrar al primer magistrado anticorrupción de Baja California, pero tampoco lo han hecho, así que el Colegio de abogados constitucionalistas anunció que promoverá amparos para obligar al ejecutivo y al legislativo a cumplir con su responsabilidad.

“No hay una explicación en esa omisión, no hay una razón desde el punto de vista jurídico”, añadió  Ramón Rodríguez García, presidente de se grupo de abogados, ante la falta de respuesta de las autoridades.

Por lo mismo el politólogo Benedicto Ruiz opina que el objetivo principal de la primera administración de Morena era combatir el periodo de gobierno, y en eso se consumió incluso más de un año, tomando en cuenta que la primera impugnación fue en enero del 2019 y la resolución de la SCJN en mayo de este año.

Esa primera impugnación fue de Blanca Fabela Dávalos, actual directora del DIF Baja California y esposa del diputado morenista Victor Morán, uno de lo primeros canales usados por Jaime Bonilla para llevar sus propuestas al pleno de la legislatura local.

“Lo que no pudieron hacer el primer año ya no lo van a hacer (…) No supieron aprovechar estos dos años porque el cálculo y la perspectiva que tenían era alargar el periodo de gobierno. Esa fue la apuesta original de este grupo”, comenta el especialista Ruiz Vargas haciendo un balance de la administración estatal.

Además cree que la insistencia del gobernador por echar abajo la reforma constitucional del 2014 que empata elecciones locales y federales en 2021, no solo consumió la mitad del gobierno bonillista, sino que también habría perjudicado la relación del mandatario con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A esto suma la actitud belicosa de Bonilla Valdez, que desde su transmisión diaria en redes sociales se caracterizó por lanzar acusaciones contra la prensa, contra empresarios o rivales políticos, y hasta por oponerse a políticas federales.

“Termina debilitado por su propia política”, agrega el politólogo Benedicto Ruiz que ve un camino complicado en el último tramo del primer gobierno de Morena en BC. 

Dice que el gobernador estará envuelto en el proceso electoral para sucederlo sin el margen de maniobra para aprobar candidaturas como en la pasada contienda cuando tenía mayor control del partido en el estado, porque ahora hay una nueva dirigencia estatal y porque no es afín al liderazgo nacional que encabeza Mario Delgado.

La prueba de esto, destacó, es la reciente reunión que Bonilla Valdez tuvo con el presidente López Obrador, a la que llevó al alcalde de Ensenada, Armando Ayala, uno de los aspirantes a la candidatura de gobernador por Morena. 

“Va a sugerir evidentemente, pero no los va a nombrar. No tiene ya la fortaleza y la capacidad porque está prácticamente fuera”, augura Ruiz Vargas.