La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) recortó el gasto del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y eliminó el salario de representantes de partidos políticos ante la mesa del Consejo.
La medida se tomó de manera unilateral, pues la ley contempla el pago de quienes participan en las sesiones del Consejo General, y aunque se presentó una iniciativa para eliminar el subsidio, el pasado 17 de diciembre, desde Sefiplan se tomó la medida administrativa a partir de enero de 2020.
La propuesta de reducción la presentó la diputada Margarita Corro Mendoza, con el argumento de que se generaría un ahorro en el gasto de órganos electorales. Para dimensionar el gasto planteó que el salario mínimo en Veracruz es de tres mil 80 pesos al mes, con lo etiquetado para los representantes se podría pagar 313 empleados.
En la actualidad en la mesa del Consejo del OPLE tienen representación los partidos Morena; Revolucionario Institucional; Acción Nacional; de la Revolución Democrática; el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.
La iniciativa buscaba eliminar la fracción 12 del artículo 40 del Código Electoral, que hasta el 2019 implicaba un costo de 12 millones de pesos.
Los consejeros del OPLE solicitaron un presupuesto total de 740 millones de pesos para el 2020, que incluía el gasto de 355 millones de pesos para el pago de prerrogativas a partidos y asociaciones políticas, así como a representantes partidistas.
Los otros 385 millones de pesos se destinarían a la operación del órgano electoral, de ese total 70 millones de pesos serían para los trabajos de preparación de los comicios del año 2021, según se planteó en el mes de septiembre cuando se remitió el proyecto de presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En su proyección para servicios personales se habían etiquetado 236 millones de pesos, de esos solo 19 millones 374 mil pesos, seria para personal eventual, el resto -32 millones de pesos adicionales a este año- serían para las prestaciones de la plantilla actual.
En materiales y suministros se gastarían 12 millones 169 mil pesos; servicios generales 102 millones 845 mil pesos; bienes muebles e inmuebles 7 millones 982 mil pesos; e inversión pública 22 millones 644 mil pesos. El gasto total sería de 385 millones de pesos.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto que fue aprobado por la Cámara y publicado en la Gaceta Oficial del lunes 30 de diciembre, el Organismo se quedó con un presupuesto de 546 millones 8 mil 47 pesos.
De ese total 185 millones 179 mil pesos serán para servicios personales, es decir, el pago de nómina; 5 millones 392 mil pesos para materiales y suministros; 22 millones para servicios generales; y 332 millones 623 mil 878 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
El último concepto es el relativo a la ministración de prerrogativas para partidos políticos y asociaciones con registro nacional y estatal.
El proyecto original planteaba el gasto anual de 355 millones de pesos para el financiamiento de partidos, asociaciones políticas, y representantes partidistas, pero Sefiplan bajó el monto a 332 millones 623 mil pesos.
OPLE ACOMPAÑA LA AUSTERIDAD, PERO PIDE RESPETO
El pasado 21 de noviembre del 2019 el Organismo Público Local sesionó, en la reunión de trabajo mensual se expuso, en asuntos generales, los riesgos de recortar el financiamiento para la organización de las elecciones.
El primero en hablar del tema fue el consejero Roberto López Pérez, quien reprochó a la Sefiplan el recorte de 194 millones de pesos, que representa el 44 por ciento de los recursos etiquetados para la operación, y 6 por ciento de las prerrogativas a partidos.
El 2020 inicia la organización de la elección concurrente para la elección de 21 diputados federales, además de 50 diputados locales y 212 alcaldes.
“La austeridad no debe comprometer los avances logrados, mucho menos la autonomía y la operatividad de la institución, debe haber un justo medio y un respeto a la institución”, insistió.
Explicó que el recorte de 171 millones 615 mil pesos pone en riesgo el pago de seguridad social para la base trabajadora; y la reducción de 22 millones 492 mil pesos afecta a partidos y asociaciones políticas que tienen un derecho adquirido.
A la crítica se sumó el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, recordó que la Sefiplan no tenía atribuciones para hacer ajustes, “no somos pares, no dependemos presupuestalmente del control, ni del registro presupuestal que pueda hacer la Sefiplan”.
Insistió que el OPLE no es dependencia del poder ejecutivo, y prueba de ello fue que en el 2010 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sefiplan respetar la autonomía del órgano local.
“Eso sin duda debemos decirlo y lamentarlo, el tema de un recorte de una dependencia sobre un órgano autónomo tiene que ver con creer que ese puede afectar la autonomía del OPLE”.
El recorte que se hizo no afecta la operación del órgano, impacta a la organización de los comicios que obliga la renta de oficinas en 212 municipios, convocar a más de 10 mil personas, realizar 4 mil entrevistas en 30 sedes distritales y la contratación de personal que apoyará en esos 242 consejos electorales.
La reducción al capítulo de transferencias afecta directamente a la vida interna de los partidos políticos de parte de un funcionario de despacho, por lo que hizo un llamado de auxilio a los legisladores locales.
Cabe recordar que en diciembre y en la sesión del pasado 09 de enero, consejeros del OPLE pidieron a los diputados locales reconsiderar el ajuste al presupuesto, pues se pone en riesgo las elecciones y el pago a la base trabajadora.
LA HISTORIA DEL PAGO
El 29 de octubre del 2015, se aprobó el acuerdo IEV/OPLE/CG17/2015, que contempla el pago a los representantes partidistas para ese mismo año, y se pidió una ampliación presupuestal para contemplarlo en el 2016, toda vez que ya habían aprobado su proyecto de presupuesto y no contemplaba el pago.
El artículo 40, fracción XII del Código Electoral local, determina como un derecho y prerrogativa de los partidos políticos recibir las aportaciones que apruebe el Consejo General, por concepto de la representación de cada partido político ante el mismo consejo, atendiendo, desde luego, a la disponibilidad presupuestal del Instituto.
El derecho que se deberá considerar en términos de la disponibilidad presupuestal con que cuente el Instituto, planteó el acuerdo original.
ygr