MÉRIDA.- Jueces federales ordenaron se suspendan provisionalmente todas las actividades relacionadas con el avance del proyecto del Tren Maya durante la pandemia del covid-19 en Chiapas y Campeche.
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El primer cese de actividades responde a la medida cautelar concedida el viernes por el Juzgado Segundo Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas a un grupo personas del pueblo Maya Ch’ol, de las comunidades de los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.
La demanda de amparo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, fue presentada el 7 de mayo, tras la publicación de un decreto el 23 de abril donde ordenaban continuar con el proyecto del “Tren Maya”.
Aquí los inconformes manifestaron que continuar con cualquier acción relacionada con el megaproyecto durante la contingencia violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio de covid-19, poniendo en riesgo el derecho a la vida.
Y demás, también la pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a la que tienen derecho. La suspensión definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo.
La segunda suspensión provisional corresponde al estado de Campeche y fue ordenada por el Juzgado Primero de Distrito.
Ya que en plena crisis sanitaria el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en conjunto con la oficina para México de ONU-Habitat inició el proceso de censos y reuniones con habitantes de las colonias por donde pasaría una vía del tren para reubicarlos.
Se trata de vecinas y vecinos de Santa Lucía, Camino Real y La Ermita quienes indicaron que el Gobierno Federal no solo los pone en riesgo de contagio, también los hace susceptibles a sufrir un desalojo durante la pandemia.
Cabe mencionar que estos barrios son zonas históricas de la capital campechana y fueron habitados desde los años 30, antes de la construcción de la actual vía del tren.
La demanda de amparo fue interpuesta el 17 de abril y el 15 de junio el Juzgado deberá decidir si mantiene la medida de protección.
Interponen queja ante la CNDH
Además, colectivos indígenas y organizaciones civiles de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo acusaron al Gobierno Federal de abusar de su poder durante la pandemia del COVID-19 y avanzar con el proyecto del “Tren Maya”, dejando de lado los derechos humanos de todos los gobernados que se han manifestado en contra.
En comunicado emitido por la sociedad civil informaron que el pasado 6 de mayo se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y le solicitan dicte medidas cautelares contra las actividades actuales que se llevan a cabo para ejecutar el proyecto.
Entre los argumentos planteados señalaron que “avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia por las suspensiones que se han decretado para proteger la salud”.
Y pese a la contingencia sanitaria decretada desde el 30 de marzo y hasta el 30 de mayo del 2020 por la Secretaria de Salud, el Gobierno Federal ha continuado con las licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras. Ninguna de estas actividades es considerada como esencial.
El comunicado está firmado por la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot' Ot' Yook'ol Kaab” A.C., y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinba.