Aunque la policía de Baja California cuenta con capacitación oficial y aprobación de los controles de confianza, existen denuncias y pruebas de su actuación como una red delictiva especializada en narcomenudeo, secuestro y extorsión.
A dos días de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid deje el cargo, se reveló que previa denuncia también destacan agentes que son sometidos a procedimientos administrativos por abusos y torturas.
De acuerdo con un amplio reportaje de Zeta Tijuana, oficialmente, en Baja California se ha depurado a mil 541 agentes en el sexenio que está a punto de terminar, cifra 50% menor a la del sexenio anterior, donde 2 mil 952 elementos fueron removidos de sus cargos por desconfianza.
Además, tampoco son poco comunes los robos de droga o de dinero producto de la comisión de delitos cometidos por policías contra traficantes.
Según las áreas de inteligencia, los agentes recurren a dos estrategias para cometer el delito:
- Realizan operativos de los cuales no informan a superiores u otras corporaciones policíacas. Los hacen solo para robar la droga y/o el dinero, esperanzados en que como se trata de suyo de un delito cometido por otros -dinero de la venta de droga o droga-, no serán denunciados por los afectados.
- Cuando sí informan sobre el operativo realizado contra narcomenudistas, manipulan el Informe Policiaco Homologado (IPH) y reportan menos dinero o menos drogada de la asegurada, para quedarse con una parte.
Este modus operandi de los policías está acreditado en por lo menos 150 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Delincuentes con placa
Según el reportaje del semanario, usualmente los policías ladrones visten de negro, de civiles, encapuchados y con chalecos tácticos para cometer sus fechorías. Los vehículos que utilizan son pick-ups o sedanes.
Sin órdenes de cateo, allanan las casas, a veces llegan directamente a los domicilios. Siempre dicen que existe una denuncia y van buscando droga. Si no encuentran droga o dinero para robar, se quedan con documentos importantes de los residentes de las casas y los amenazan con entregarlos a la Fiscalía General de la República (FGR), de paso los extorsionan y les piden entre 40 mil y 200 mil pesos.
El pasado 16 de octubre fueron vinculados a proceso, por el delito de secuestro exprés, los policías estatales preventivos Jorge David Herrera Macklis, Martín Germán Fernández Ojeda, y el agente municipal de Tijuana, Esteban Leonel Castillo Rodríguez.
Ever Gerardo Ortiz Reyes, un expolicía de Mexicali, fue arrestado en enero de este año cuando intentaba cruzar hacia Calexico, en su auto, con 41 libras de metanfetamina, 12 libras de cocaína y cinco libras de heroína, acompañado de su esposa y sus dos hijos, menores de edad.
Secuestradores y ladrones
La madrugada del miércoles 9 de octubre, las víctimas de Castillo, Herrera y Fernández, fueron los integrantes de una familia: madre, padre e hija de 10 años de edad. Los policías que ese día estaban de descanso, llegaron alrededor de las dos de la madrugada en un pick-up blanco.
Con golpes, amenazas, amagos y balazos, además encapuchados portando chaleco táctico y armados, “ejecutaron un operativo” del que no notificaron a sus superiores. Buscaban dinero o droga.
Los salteadores creían que había dinero enterrado en ese lugar y escarbaron para buscarlo. Fueron detenidos, pero uno logró escapar.
Omisiones en la investigación
La tarde del 21 de agosto, con información procedente de Ciudad de México, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) vigilaban un domicilio en las inmediaciones del Bulevar Rosas Magallón en Tijuana. La intención era capturar en flagrancia delictiva a Octavio Leal Hernández “El Chapito Leal”, operador de Fausto Isidro Meza López “El Chapo Isidro”. Pero fueron descubiertos y atacados a balazos.
También se hizo un cateo en una casa en la zona colindante de Tijuana y Rosarito. De acuerdo con la versión de operadores en el sistema de justicia, en el lugar los agentes de la PEP encontraron varios kilos de cocaína etiquetada con el logo de la marca Toyota, droga que no reportaron y -sospechan- después vendieron.
El hurto se trató de manera extraoficial al interior de las fuerzas coordinadas, pero no se dio seguimiento ni se investigó.
Salvo casos excepcionales, más del 90 por ciento de los expedientes contra policías permanecen impunes.
Una lista negra de policías corruptos incluye 18 casos abiertos en Rosarito entre 2011 y 2016. Ninguno presenta avance. De nueve expedientes iniciados en Ensenada en 2016, solo uno aparece como judicializado y es un abuso de autoridad cometido contra una mujer.
En Tecate son 55 expedientes iniciados contra agente estatales entre 2011 y 2017. Durante 2015 y 2016 se cometió el mayor número de violaciones por parte de policías.
Solamente una denuncia por robo, tortura y abuso de autoridad presentada en 2013 fue consignada.
De Tijuana se consignan 51 carpetas solo de 2016, 28 iniciadas antes de junio con el viejo sistema y 23 con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La mayoría de los denunciantes fueron presentados a la FGR en posesión de arma, dinero o droga y el modus operandi fue similar.
Las denuncias son por robo de pertenencias, extorsión, “siembra” de droga, ingresos ilegales, violencia física, lesiones y torturas.
En Mexicali, de una lista con 18 expedientes, la Subprocuraduría informó la resolución de un caso de secuestro agravado de 2004, otro por desaparición forzada de 2011 y dos contra la salud de 2016, con 13 policías sentenciados.
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