Xalapa, Ver.– Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reconoció que al menos diez magistrados se ampararon contra la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz que incluye la reducción del 20 por ciento de sus salarios, es decir entre 19 mil y 28 mil pesos mensuales.
“Hubo quienes de momento no han decidido todavía adherirse a esta reducción voluntaria. Los amparos que se hicieron fue referente al tema de la Ley de Austeridad que hubo, por lo del retiro, por aquello que fuera algo inminente que se pudiera llevar a cabo en alguna afectación. Hay como diez (amparados)”, dijo en entrevista este 26 de marzo.
De acuerdo con la declaración del titular del Poder Judicial se trata de un 39 por ciento de togados que desaprueban la ley comandada por el gobierno federal y que fue replicada en Veracruz, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
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Lo anterior, dista del anunció de Álvarez Peña, del 19 de febrero de 2019, cuando aseguró que el 90 por ciento de magistrados y consejeros habían aceptado reducir sus salarios, en respaldo a la política de austeridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 11 de marzo, LA SILLA ROTA publicó el reportaje "Poder Judicial ofrece austeridad, pero se ampara para no perder jugosos sueldos”, en el cual se comprobó que 15 de 26 magistrados promovieron amparos para que sus sueldos no fueran reducidos, ni algunas de sus prestaciones desaparecieran.
Ello al considerar que los ajustes que contempla la Ley de Austeridad atenta contra la autonomía del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y además es discriminatoria y priva el derecho de los magistrados de “progresar” profesionalmente.
Mediante el análisis de amparos federales y el acceso a recursos legales promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se evidenció que el magistrado Álvarez Peña, amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, desde el 28 de enero de 2018 presentó la controversia constitucional 24/2019 contra Cuitláhuac García, su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco y el Congreso local.
Álvarez Peña solicitó a la SCJN conceder la medida cautelar de suspensión respecto de la aplicación de la Ley de Austeridad, para que los descuentos y la desaparición de sus privilegios no surtan efecto en tanto no se resuelva de fondo la controversia.
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“El Poder Judicial busca protegerse de la subordinación de la presente someterle, con la cual se vulnera el principio de división de poderes, al limitarle su gestión presupuestal de manera arbitraria (…) Se correría el riesgo de ralentizar la justicia y frenar el desarrollo institucional, lo que perjudica a su vez lo pretendido por el artículo 17 constitucional”, argumentaron los magistrados.
Lo anterior, contrasta con las apreciaciones de la SCJN la cual expuso el 8 de enero en un comunicado que si bien, “las percepciones que reciben los Ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece”.
A ello se agrega que, de 26 magistrados y consejeros activos en el PJEV, 14 promovieron amparos ante la justicia federal para que sus sueldos y prestaciones no se vean reducidos.
Los togados amparados son: Alejandro Gabriel Hernández Viveros, Vicente Morales Cabrera, Amadeo Flores Villalba, Beatriz Rivera Hernández, Raúl Pimentel Murrieta, Martha Ramírez Trejo, Alberto Sosa Hernández, Roberto Dorantes Romero, Fluvio César Vista Pérez, Patricia Montelongo Guerrero, Lizbeth Hernández Ribbon, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, Carla Rodríguez González y Gladys De Lourdes Pérez Maldonado.
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