TUXTLA GUTIÉRREZ.- En Chiapas, hacerse de una vivienda, o contar con una casa digna, pareciera un cuento de hadas. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a través del Estudio de Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, en el sector rural de esta entidad el 96.5 por ciento de los hogares presenta algún tipo de rezago.
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El panorama parece ser más complejo. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), tan solo en el medio urbano existen alrededor de 200 mil familias que carecen de una casa propia, por lo que tienen que pagar renta o vivir con sus padres o algún familiar e, incluso, amigos.
Pero la situación empeora: se estima que el rezago en la materia es de poco más de 78 puntos porcentuales, es decir, de 1 millón 238 mil 565 viviendas particulares que existen en la geografía local, por lo menos 968 mil 500 presentan algún tipo de retraso o problema.
Con base en la última encuesta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en Chiapas radican alrededor de 5.3 millones de personas, mismas que están distribuidas en un millón 239 mil 007 hogares familiares y no familiares, mientras que el padrón de viviendas particulares oscila en un millón 238 mil 565.
En el olvido, cerca de 800 casas en Ciudad Bonampak
Caso Bonampak, ejemplo de rezago y “tortura”
A 25 minutos de la capital de esta entidad, cerca de 600 familias (las que quedan) pueblan igual número de viviendas en el fraccionamiento denominado Ciudad Bonampak, municipio de Ocozocoautla de Espinosa. Allí, al menos 900 propiedades quedaron abandonadas de forma paulatina, de las cuales se estima que el 50% prácticamente es inhabitable por un deficiente servicio de drenaje.
Eso lo sabe a la perfección Miguel Ángel Espinosa Velázquez, quien desde hace unos ocho años “vive un verdadero calvario”, sobre todo en época de lluvias, cuando los encharcamientos de aguas negras tocan las puertas de su hogar, ubicado en la calle Mirador.
A pesar de que su colonia tiene por lo menos 15 años de vida, este hombre apenas vio a finales del año pasado cómo el Ayuntamiento abarcó todas las manzanas para instalar el alumbrado público, lo que de alguna forma inhibió la delincuencia, otro tópico que también los traía asolados. Por ello, la “pesadilla” no solo para don Miguel, sino para todas las familias, es tener que esperar 15, 20 o hasta 30 años para liquidar “las letras” de sus casas ante el Infonavit, una institución que los ha dejado solos ante las carencias y “tempestades” que padecen a diario y a merced de constructoras que no se encargan de los desperfectos. “Ya hemos pensado en abandonar esta zona, porque no aguantamos la pestilencia cuando se colapsa el drenaje, pero hemos resistido, pues aún tenemos la esperanza de que los problemas se solucionarán; además, hemos pagado como el 30% de la casa”, dice el entrevistado, quien advierte que, tan olvidados están que el camión recolector de basura, “si se acuerda”, pasa por su rumbo cada ocho días. Miguel Espinosa, vecino afectado de Ciudad Bonampak Solo en diciembre pasado, advierte Jorge Luis González —otro de los vecinos afectados y quien ha insistido en que haya una respuesta positiva a sus demandas— cuatro familias de la calle Coba emprendieron el éxodo luego de vivir allí casi una década. Se cansaron, dice, de la falta de respuesta de todas las instancias en donde “tocaron puertas” para solucionar la problemática: Infonavit, autoridades municipales y la propio empresa constructora Génesis 2000, antes Grupo Roma. Mientras pega unos azulejos del área de su comedor, “hace un paneo” con el dedo índice en al menos una decena de viviendas: “Están vacías ya”, advierte, para luego especificar que dos de sus vecinos apenas se acaban de marchar, pero que le dieron “una manita de gato” a sus hogares porque los traspasarán. “A ver quién las quiere así”, lamenta quien, junto a su esposa y dos hijos, han vivido en Ciudad Bonampak desde hace 10 años. “Hemos estado a punto de tirar la toalla, el agua de drenaje brota de nuestro baño, ¿te imaginas? ¿Quién aguanta eso? Pero acá seguimos, porque nos ha costado; en gran parte de la manzana, solo me quedan como dos vecinos”, advierte el padre de familia, quien apenas ha liquidado 50 mil pesos de los cerca de 220 mil que le costó su hogar, el cual sería suyo al 100% en al menos dos décadas más. Esta es una de las tantas calles que queda anegada por aguas negras De hecho, don Jorge y sus seres queridos tuvieron que salirse seis meses de su vivienda (hace como dos años) porque la cloaca brotaba por todas partes, y el acceso era casi imposible, “dejé de pagarle al Infonavit, pero sé que me lo va a cobrar”, ataja. Irma Ruiz es colona, desde hace siete años, de Ciudad Bonampak, quien también está cansada de las promesas de la constructora, misma que se comprometió a meter un dren pluvial en breve y que, de esa manera, ya no sufran por los encharcamientos. De hecho, apenas en diciembre pasado vio cómo una de sus vecinas, doña Miriam, con al menos 15 años de vivir allí, decidió abandonar lo que con tanto esfuerzo logró. En cambio, advierte, algunas casas han sido habitadas por invasores, algunos de éstos migrantes, quienes también se han ido porque estos espacios no son adecuados para vivir. Irma Ruiz, vecina afectada de Ciudad Bonampak “Nos hemos desanimado, pero pues aún nos quedan muchos años para cumplir con los 350 mil pesos que nos costó la casa, y no pensamos en dejarla, pero mire, cuántas viviendas vacías hay”, lamenta la ama de casa, quien advierte que esta situación no solo los ha desanimado, sino que además les ha generado enfermedades como el dengue, por la proliferación de zancudos, y estomacales. Aunque según el Inegi, el 57.2% del total de familias dispone de agua entubada dentro de la vivienda, 97.5% cuenta con energía eléctrica y 61.3% dispone de drenaje conectado a la red pública, lo que no se especifica, por ejemplo, es cada cuánto recibe agua potable una sola familia, pues se sabe que puede pasar una semana o hasta meses sin obtener una sola gota, o inclusive que su drenaje presente serias fallas como lo que ocurre en Ciudad Bonampak. 
Tramitología y pobreza, los “lastres” a vencer
Para Jorge Burguete Torrestiana, presidente en Chiapas de la Canadevi, el “viacrucis” no solo se padece cuando las familias ya tienen su propiedad, sino lo que pasaron para conseguirla: en pocas palabras, se topan con una tramitología de al menos cuatro años.
Tras dejar en claro que esa situación condiciona en gran medida el precio final de una vivienda, refiere que Chiapas avanzaría mucho si esa cuestión burocrática se aligerara, como ocurre en otras entidades en donde el proceso es de máximo año y medio, desde los trámites hasta la construcción de una vivienda.
Como experto en la materia, sabe que el rezago de vivienda tiene que ver, principalmente, con el “golpeado” poder adquisitivo de los chiapanecos, pues se sabe, de acuerdo con el Coneval, que alrededor del 78% vive en pobreza y pobreza extrema.
Jorge Burguete Torrestiana, presidente en Chiapas de la Canadevi
Para que una familia pueda contar con un hogar nuevo y “decente”, tendría que tener un ingreso diario de al menos cinco salarios mínimos, lo que es casi imposible cuando en Chiapas el rango salarial está entre 4 o 5 mil pesos mensuales.
No obstante, para poco más de 73 millones de mexicanos el contar con una vivienda es utópico, como lo indica el mencionado estudio del Coneval.
Si la vivienda se encarece y es más inaccesible hoy que antes, comenta Torrestiana, es precisamente por el “tortuguismo” en los trámites, e incluso calcula: “por los tres años o cuatro años que por lo regular pasan en Chiapas para realizar todo ese trámite, el desarrollador de vivienda ya pagó tres años de intereses del préstamo bancario, considerando que tienen una tasa del 12% anual, una cantidad muy grande de dinero, es grosera”.
Pero eso no es todo: la otra dificultad que padecen quienes desarrollan viviendas es que no poseen una “reserva territorial” para ese fin, como sí sucede en ciudades como Monterrey, Nuevo León, en donde hay una planeación para varias décadas, por ello el crecimiento urbano es ordenado, y no “anárquico” como sucede en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Esta vivienda fue abandonada por una familia que la habitó desde hace 15 años
Si se hiciera eso, se cumpliría lo que calcula el propio Infonavit: que tres cuartas partes del mercado en la geografía chiapaneca está en el rango de poder adquirir una vivienda tasada en medio millón de pesos o menos, bajo un esquema de financiamiento.
Según la Canadevi, el carecer de una reserva de territorio también genera asentamientos irregulares y a que se construya en lugares sin servicios, lo que le cuesta 80% o más al gobierno (solo en el caso de Tuxtla Gutiérrez) que si hubiese apostado a un desarrollo de vivienda en una reserva.
Si se hiciera realidad el que según en Chiapas hay una disposición de 5.2% de reserva territorial para el tema de la vivienda, sin duda habría no solo un crecimiento demográfico ordenado, sino que más familias tendrían acceso a una vivienda digna y a un costo no superior a los 400 mil pesos.
A pesar de todo, la Canadevi augura que se “levantarán” de las condiciones adversas que han vivido, pues la idea es igualar o mejorar lo que los desarrolladores de vivienda producían en sexenios anteriores, es decir entre 7 mil u 8 mil hogares anuales, “pues desde el gobierno pasado lo máximo es de 2 mil por el mismo lapso”.
“Mini-casas”
Según Efraín Bustamante Mendoza, integrante del Consejo de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, ni el 50% de las unidades habitacionales creadas en los últimos años en la entidad cumple con todo lo que marca el reglamento en la materia, y se empieza con el tamaño de las casas.
El hallar desarrollos casi abandonados o con deficiencias en las instalaciones de urbanización, dijo en entrevista, se debe a la falta de planeación, “desde que arrancas en un proyecto de éstos, necesitas de factibilidades, autorizaciones de los ayuntamientos, y esto te conlleva a que debe haber un reglamento de construcción, pero muchas veces no sucede”.
Comenta que la culpa la tienen desde el Infonavit, las empresas desarrolladoras hasta los ayuntamientos, “todos pecan en el proceso en un desarrollo de vivienda; y muchas veces la gente no está conforme con lo que compra, pero ante la necesidad, no le queda de otra”.
Otro de los problemas que observa en cuanto a las licitaciones, advirtió, es que el Infonavit se convirtió en un ente regulador: solo checa que la empresa constructora cumpla con lo que ofertas, “y en teoría no debería haber problemas, pero por desgracia, ante la demanda de suelo, los ofertadores se van a sitios complicados de los municipios, donde técnicamente es complicado urbanizar y meter los servicios”.
Lo más triste, aseveró, es que se dé el contubernio y a las autoridades ni a las empresas les interese “confinar” a las familias en viviendas que apenas alcanzan los 35 metros cuadrados, “de ahí empiezan los problemas, porque no hay espacios dignos”.