Al argumentar ausencia del Estado de Derecho e incremento de la violencia y delitos de alto impacto, la diputada local Lucero Ambrosio, integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una propuesta de exhorto al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que solicite la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Simón Vargas Aguilar y Mauricio Delmar Saavedra.
La legisladora expuso que el eje 4, Hidalgo Seguro con justicia y en paz, parte del segundo informe de gobierno de la actual administración, dice que la entidad se encuentra dentro de los seis estados más pacíficos del país; sin embargo, acotó que no se hizo referencia a que en dos años descendió cinco lugares en el Índice de Paz, lo cual, consideró, es resultado de una estrategia inadecuada para el combate a la criminalidad, con aumento de homicidios, secuestros, extorsiones, robos y feminicidios, además de linchamientos, lo cual, aseveró, es resultado de la desconfianza en las instituciones de impartición de justicia, así como en los cuerpos policiacos.
“Hidalgo no es seguro, aunque algunos destinen millones en publicidad oficial para afirmarlo”, dijo en tribuna, además de referir que, con base en indicadores de la asociación civil Semáforo Delictivo, hasta agosto se tiene registro de 3 mil 326 reportes de robo de vehículo, un promedio de 15 al días; 1 mil 774 robos a casa habitación, así como 16 víctimas de feminicidio según cifras de la procuraduría local; no obstante, alertó que activistas estiman que son 30.
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Por ello, cuestionó la respuesta recurrente del secretario de Gobierno, Simón Vargas, a los crímenes de alto impacto y de violencia en la entidad: “hechos aislados”, categoría que, enfatizó, ha dado a tres multihomicidios –dos en Tizayuca y uno en Tula–, así como a hallazgos de descuartizados y de cadáveres, además de las ejecuciones.
“La violencia en el estado no son hechos aislados, todos tienen como común denominador la ausencia de estado de derecho y la ineficiencia de las autoridades para implementar una estrategia de seguridad integral”, señaló la representante por Ixmiquilpan, quien aseveró que la ausencia de estado de derechos es lo que ha provocado que, erróneamente, la población busque tomar justicia por propia mano, como en el caso del 27 de septiembre en Metepec, donde pobladores golpearon y rociaron con gasolina a cuatro personas.
Además, a una le prendieron fuego y murió a consecuencia de ello.
“Entiendo la falta de credibilidad a las instituciones, pero es importante no tomar falsas herramientas de justicia”, señaló.
Como réplica, el diputado plurinominal priista consideró una “visión corta o de simple interés político” el solicitar la destitución de funcionarios que, desde su perspectiva, hacen su trabajo.
"No podemos decir que tenemos un problema grave de crimen organizado (…) justamente es la disputa territorial por los estados colindantes lo que ha impactado negativamente en la entidad”.
Aunado a ello, defendió que si el estado descendió cinco lugares en el Índice de Paz –que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)–, “no significa que en la entidad haya más inseguridad y violencia”, sino que "el resto de estados (que los superaron) se volvieron más seguros".
Sin embargo, La Silla Rota cotejó las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales dan cuenta que en agosto, cuando cuerpos desmembrados fueron hallados en una colonia popular de Pachuca y fue ejecutado, también en la capital, un exjefe de seguridad que había sido vinculado con Los Zetas, fue el segundo mes del año con más homicidios en Hidalgo, con 76 carpetas de investigación iniciadas, sólo por debajo de marzo, que tuvo 80.
Asimismo, el acumulado de 2018 es de 466 homicidios dolosos, a 234 de los contabilizados el año anterior, cuando restan cuatro meses por registrar delitos.
Agosto, segundo mes con más homicidios en Hidalgo
Hidalgo, además, es el estado peor evaluado en cuanto a registro y calidad de datos que producen instituciones gubernamentales sobre homicidios, con una calificación de 2.8 puntos, según el Índice de Datos sobre Homicidios de este año que elabora el Instituto para la Economía y la Paz.
La evaluación se genera a través de los principios del Protocolo de Bogotá, el cual sugiere que cada víctima sea reportada como un hecho nuevo y no el homicidio como un evento, lo cual realiza la entidad.
El pasado 22 de enero, La Silla Rota publicó que el año más violento, con mayor incidencia delictiva en Hidalgo desde que inició la guerra contra el crimen organizado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue 2017 –el primer año que Fayad completó como gobernador–, con 43 mil 963 ilícitos, un promedio de 120 al día. Dos multihomicidios, con 15 víctimas –dos de ellas menores de edad–, la ejecución de un presunto exenlace de Los Zetas con el gobierno y 22 feminicidios estaban entre los ilícitos.
La cifra de delitos del fuero común ocurridos en 2017 ya superó 6.48 por ciento el registro más violento en la historia del estado: 2010, con 41 mil 110, con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En aquel periodo, no obstante, el Ejército, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) aceptaban la presencia de los Zetas, liderados por Heriberto Lazcano, oriundo de Apan, Hidalgo, y avecindado en la colonia El Tezontle, en Pachuca. Actualmente, las autoridades estatales no atribuyen los crímenes a cárteles del narcotráfico, desterrados, según la PGR, desde 2012, aunque reconocen que intentan internarse en la entidad y que operan en Ecatepec.
Piden desafuero de Charrez
El diputado priista Julio Valera puso a consideración del pleno una propuesta de exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo para que lleve las diligencias de investigación y esclarezca el accidente automovilístico del 6 de octubre en el municipio de Ixmiquilpan, en el que estuvo involucrado el legislador federal Cipriano Charrez Pedraza y en el que falleció una persona.
¿Quién es el diputado Cipriano Charrez, involucrado en accidente?
El requerimiento también es que se ejercite la acción penal en contra de quien resulte responsable, después de que la fiscalía emitió un comunicado en el que afirma que tiene elementos de prueba que presumen la participación del exalcalde de Ixmiquilpan.
El morenista Jorge Mayorga, quien es parte del grupo político de la Universidad Autónoma de la entidad que lidera el expriista Gerardo Sosa Castelán, secundó la propuesta –que también incluía un exhorto al Congreso federal para la eliminación del fuero–, pero expuso que si bien el tema gira en torno a un legislador emanado de Morena, existe una diferencia en la forma de proceder a la que el Revolucionario Institucional ha tenido en hechos como éste.
“A diferencia de lo ocurrido con el exsenador David Penchyna, que en 2012 tuvo un percance similar al de este fin de semana en Iximiquilpan, Morena nunca minimizó este tema, como sí lo hizo en su momento el PRI”, dijo.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, y Morena, Ricardo Baptista, también reforzaron la moción y se pronunciaron porque no exista impunidad.
bl