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Pese a amparo, perfilan en San Lázaro que fiscal de Morelos pueda ser detenido

En sesión de la Sección Instructora, este lunes se determinó desechar el juicio de desafuero por considerar que ningún fiscal del país cuenta con protección

Escrito en ESTADOS el

Con tres votos a favor y uno en contra, la sección instructora de la Cámara de Diputados desechó el juicio de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por considerar que los fiscales no cuentan con fuero, lo cual abre la puerta para una posible detención del funcionario por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

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El artículo 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que cuando la sección instructora (mayoría) considere que un asunto es notoriamente improcedente, deberá comunicarlo a la Mesa Directiva para que sea el pleno quien decida.

Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen

En este caso, tres legisladores que integran la Sección Instructora consideraron procedente desecharlo porque el fiscal no tiene fuero; la diputada Claudia Pastor votó en contra.

Las razones de la legisladora son porque hay una suspensión definitiva que lo impide, dictada por una Juez de Distrito y, porque -a su parecer- todos los fiscales de los estados si tienen fuero.

VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

Desde el pasado 23 de abril, la diputada Claudia Pastor advirtió que sería violatorio de la Constitución proceder a desaforar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, debido a que existe un amparo a su favor.

Lo anterior, luego de que el 21 de abril la mayoría morenista de la Cámara baja aprobó un acuerdo, impulsado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para darle marcha atrás a la decisión que el pasado 12 marzo tomó la Sección Instructora de suspender el procedimiento de desafuero contra el fiscal general de Morelos.

De acuerdo con la priista, reabrir el caso violaría la suspensión otorgada al fiscal por un juez, lo que podría derivar en sanciones para ellos. Sin embargo, el morenista Pablo Gómez alegó que se equivocaron en el análisis de la suspensión otorgada, por lo que detener el proceso había sido una equivocación.

El 20 de abril, la barra de abogados de Morelos, representada por Miguel Ángel Rosete Flores, envió una carta a los integrantes de la Cámara de Diputados donde solicitaron respeto a la suspensión definitiva que la Juez de Distrito, Erika Nayeli Torres Santiago, que concedió para evitar que se avance en el juicio que busca remover de su cargo a Carmona Gándara.

La barra de abogados subrayó que el fiscal estatal tiene fuero por lo que los diputados federales no pueden entrar en el análisis del tema.

De violar la suspensión definitiva bajo el argumento de que el fiscal Uriel Carmona no tiene fuero, se estaría sentando el precedente de que ningún fiscal autónomo de México cuenta con esa protección constitucional y se estaría desaforando en automático a todos los titulares de los órganos autónomos, como también lo son los titulares de las Comisiones de Derechos Estatales

Al respecto el fiscal de Morelos ha denunciado que es objeto de una persecución política por parte del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

En conferencia virtual, el pasado 19 de abril, declaró que el Ejecutivo estatal lo que busca es tomar el control de la fiscalía, que es autónoma.

EL CONTEXTO

Desde el 11 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la declaratoria de procedencia contra Carmona por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por supuestamente no contar con el control de confianza.

En su alegato, el fiscal afirmó que ese control de confianza no fue un requisito para que el Congreso local lo haya nombrado en el cargo en 2018.

Sobre el tema, indicó que posterior a la designación como fiscal presentó el examen de confianza, mismo que aprobó.

A mí me ha estado tratando de intimidar (el gobierno estatal) desde el año pasado, cosa que no había hecho público porque estimé que por prudencia para no revelar que hay pugna entre autoridades, por eso me he visto obligado a decir que se trata de una persecución política

No obstante, advirtió que el tema del juicio de procedencia seguía vigente en la Sección Instructora de San Lázaro.

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