OAXACA.- Susana Alvarado, presidenta municipal de Santa María Teopoxco, municipio de Oaxaca, teme por su vida debido a la violencia política de género en su contra. "Esta situación podría llegar a un feminicidio", advirtió al denunciar una serie de amenazas que la llevaron a resguardar a su familia en otra población.
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Primera presidenta municipal que tiene Teopoxco, Susana enfrentó violencia política y de género desde el periodo de campaña, en 2018, por parte del ahora síndico Carlos Quevedo Fabián, a quien le había sido cancelado su registro como candidato por inscribirse a la contienda electoral como falso transgénero.
Actualmente -señaló - “yo no acusaría a ciencia cierta que está detrás de esto, pero las evidencias lo señalan”.
Además de las amenazas, hostigamiento y expresiones misóginas, la alcaldesa, al igual que otras integrantes del cabildo, son excluidas de la toma de decisiones, en tanto que los regidores que la respaldan han sido agredidos físicamente por los seguidores de Quevedo Fabián.
La situación en el municipio -acusó- cada día se torna más tensa, sobre todo por el proceder violento con el que actúa el grupo dirigido por el síndico. Tan sólo la semana pasada, para exigir la desaparición de poderes, irrumpieron y causaron destrozos en Ciudad Administrativa, complejo gubernamental que alberga distintas dependencias de gobierno.
"Yo no me he prestado a ser un simple requisito de ellos, no he cedido y están resentidos conmigo", dijo.
Para lograr removerla del cargo, el grupo violento intentó obligarla a firmar su renuncia; sin embargo, ella no aceptó por lo que las agresiones han ido en escalada bajo argumento de un presunto desvió de un millón de pesos.
Yo no he dicho que voy a renunciar, tengo compromisos con la gente y quiero demostrar mi trabajo. Me he dedicado a caminar y gestionar recursos para el municipio. Yo estoy dispuesta a terminar mi cargo
Ante el riesgo que enfrenta su vida, hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al titular de la secretaría general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, para que intervengan y eviten que la violencia continúe incrementando.
Homicidio e impunidad
En octubre de 2019 mataron a su esposo para obligarla a dejar la contienda electoral. “Lo mataron como si fuera el peor de los animales”, recuerda Aída Hernández Moreno, aguantando el dolor.
“Después de su asesinato tuve ganas de dejarlo todo, pero hiciera lo que hiciera mi esposo ya no iba a regresar”, reflexiona. Sacando fortaleza del coraje decidió seguir en la contienda, ganar y constituirse así en la primera presidenta municipal en la historia de Santiago Xanica, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, para romper el cacicazgo de la zona.
Hernández Moreno es sólo un ejemplo de la violencia de género que enfrentan las mujeres en Oaxaca y que plasman la necesidad de visibilizar en la antesala al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y del 9M, fecha del Paro Nacional de Mujeres “El nueve ninguna se mueve”.
La presidenta toma aire, controla la respiración y de manera contundente señala que aún con el riesgo diario sobre su vida, debido a que los asesinos de su esposo no han cesado en sus amenazas, no se doblegará.
No voy a abandonar, haré que valga la muerte de mi esposo. Él ya no va a estar acá, pero yo sí puedo hacer algo por las comunidades, por mi gente y por mi familia. Lo voy a hacer hasta que se pueda
Fue el 6 de octubre de 2019 cuando integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), retuvieron y torturaron salvajemente al esposo de Hernández Moreno. A cinco meses de los hechos violentos, la paz no ha vuelto a la cabecera municipal. Los hombres liderados por Abraham Ramírez mantienen un estado sin ley en aquella zona, a donde la presidenta no ha podido ingresar.
La presidenta municipal de Santiago Xanica, Aída Hernández Moreno, aseguró que en su municipio se vive un ambiente de violencia política y de género, en este sentido denuncio haber sido víctima de amenazas constantes; exigió atención de autoridades estatales y federales.#Oaxaca pic.twitter.com/nJM1ULiRlF— Periodismo Píxel (@pixelperiodismo) March 3, 2020
A pesar de las constantes violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la población asentada en la zona de control de CODEDI, hechos denunciados penalmente, las autoridades estatales no han intervenido para establecer el orden, tampoco han ejecutado las más de 10 órdenes de aprehensión en contra de quienes participaron en hechos de tortura.
Es necesario que se ejecuten las órdenes de aprehensión de las personas que cometieron el asesinato. Para que yo pueda subir a Santiago Xanica tienen que garantizarme seguridad y éstas personas (deben) estar detrás de las rejas. Yo quiero ingresar y trabajar para la gente de Xanica
Debido a las constantes amenazas, la presidenta ha interpuesto al menos cinco denuncias. Las autoridades judiciales sólo le han brindado acompañamiento de un elemento de la policía para su resguardo. Ante la vulnerabilidad, la presidenta tuvo que resguardar a sus hijos lejos de Xanica, pues teme por su vida.
Instancias de gobierno la abandonan
Hernández Moreno describe Xanica como un pueblo fantasma, abandonado por las instancias de gobierno y secuestrado por grupos violentos. El abandono -dijo- no sólo ha sido en infraestructura, servicios y programas sociales, sino también en materia de seguridad.
Las personas viven aterrorizadas por la CODEDI, esto no es nuevo y tampoco ajeno al conocimiento de las autoridades del gobierno estatal, pero a nadie pareciera importarle.
He buscado la manera de reunirme con el señor gobernador y hasta este momento no se ha dado, he tenido el apoyo de dientes para afuera, pero no ningún resultado palpable
Debido a la falta de intervención de las autoridades de procuración de justicia, la violencia política y de género en contra de la presidenta no han parado. Apenas a finales de febrero de 2020 un grupo de habitantes Xanica desconocieron a Hernández Moreno como su autoridad municipal y pidieron a las autoridades que se convoque a nuevas elecciones.
Paralelamente iniciaron un proceso de impugnación, el cual actualmente se encuentra en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, toda vez que el Tribunal de Oaxaca ratificó la elección y por consiguiente el pasado 13 de enero Hernández Moreno recibió su acreditación como autoridad municipal, de manos del gobernador Alejandro Murat.
Avance lento, pero con riesgo
Para la senadora de la república y feminista, Martha Tagle, Oaxaca es considerado foco de atención por violencia política de género debido a la gran cantidad de municipios que posee y dentro de éstos 417 regidos por sistemas normativos internos, conocidos comúnmente como usos y costumbres.
Sin duda, dijo, en Oaxaca la paridad ha sido positiva porque en pocos años se pasó del 7 al 27 por ciento, en un tiempo relativamente corto; sin embargo, agregó, ante la mayor presencia de las mujeres en estos espacios decisivos, el incremento de la violencia es una realidad.
Es en el espacio municipal en donde se presentan situaciones de inseguridad y violencia, muchas de ellas relacionadas con la delincuencia organizada que pone en mayor riesgo a mujeres que están de frente a la delincuencia organizada o a cacicazgos
En el caso de Oaxaca -enfatizó- los cacicazgos están sumamente arraigados por lo que les representa económicamente el mantener estos espacios de control.
La también senadora Martha Lucía Mícher Camarena añadió que en esta materia falta mucho por avanzar, sobre todo en lo relativo al acceso a la justicia.
Ahí es donde creo que Oaxaca lamentablemente está apareciendo como uno de los estados con mayor problema para que las mujeres accedan a la justicia
Lo anterior -dijo- es resultados de fallas integrales. “Las leyes ahí están y a veces hay que reformularlas, adaptarlas a los nuevos tiempos y modificarlas como debe ser, incluso crear algunas nuevas leyes, pero importante es la igualdad sustantiva, es decir cómo modificas las circunstancias que rodean a las mujeres para que accedan al ejercicio de sus derechos”.
En noviembre de 2019, la 64 legislatura local realizó reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión a quienes cometan violencia política contra las mujeres con lo cual la penalidad pasó de los tres a los ocho años de prisión y de 150 a 200 veces el valor diario de la medida de actualización.
Lo anterior, sin embargo, no ha frenado las amenazas, hostigamientos y agresiones hacia las mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos. Uno de los últimos informes de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), señala que de enero a septiembre de 2019 se registraron 40 casos de violencia política por razón de género, de los cuales en 28 iniciaron un juicio para la protección de los derechos político electorales de las ciudadanas ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).
Al menos medio centenar de casos
Políticos y ONG consideran que en los últimos años en Oaxaca se han registrado al menos 50 casos de violencia política y ninguno con una sanción ejemplar, de ahí la urgencia de contar con leyes adecuadas en Oaxaca.
Durante el foro “Violencia política como causal de nulidad”, el consultor Jacobo Domínguez Gudini consideró que “en la actualidad hay un enorme desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por eso es que se requiere con urgencia generar mecanismos de nulidad de elecciones por violencia política”.
Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, denuncia que su propio partido ejerce violencia política de género contra ella, para impedir que realice sus funciones estatutarias.
La misoginia es la linea de ese partido.pic.twitter.com/CkUsHW6ihX— Frida García (@MuySuFrida) March 5, 2020
Junto a la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Rita Bell López Vences, externó que en estos momentos en que se ha vuelto una constante incurrir en dicha acción, se vuelve fundamental legislarlo.
En noviembre pasado, la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó reformas al Código Penal del Estado en las que se aumentan las penas de prisión a quienes cometan violencia política contra las mujeres, o de género.
Estas nuevas modificaciones al artículo 412 del Código Penal, establecen que “si la conducta violenta se comete contra una o varias mujeres, se agrava la pena de 3 a 8 años de prisión, y de 150 a 200 veces el valor diario de la medida de actualización”.
La reforma propuesta por Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política, también establece que el acto cometido será perseguido de manera ociosa por parte de las autoridades correspondientes.