MORELOS.- Sobrepoblación y falta de personal de seguridad colocan al Sistema Penitenciario de Morelos en niveles de “alarma” y en riesgo latente de nuevas confrontaciones, motines y hasta homicidios, como ocurrió en octubre y noviembre de 2019 en Atlacholoaya.
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Al dar a conocer las conclusiones del Diagnostico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) advirtió que también es palpable la violación de garantías individuales para las personas privadas de su libertad que cumplen una condena en las cárceles de la entidad.
El diagnóstico fue realizado después de los tres motines registrados en el Centro de Reinserción Social Morelos, situado en el poblado de Atlacholoaya, que dejó como saldo 9 muertos y 22 heridos; lo que propició que 40 personas privadas de su libertad fueran trasferidas a penales de alta seguridad.
La supervisión se realizó en los centros penitenciarios estatales –varonil y femenil-, situados en el poblado de Atlacholoaya, y en los distritales de Jojutla, Cuautla y Jonacatepec; también en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla).
Y se aplicó una metodología basada en visitas y recorridos profundos, entrevistas a funcionarios y ciudadanos, cuestionarios realizados al 10 por ciento del total de 1,284 internos.
Los rubros evaluados fueron: Aspectos que garantizan la integridad física, psicológica y moral de las personas privadas de la libertad, Aspectos que garantizan una estancia digna, Condiciones de gobernabilidad, Reinserción Social de la Persona Privada de la Libertad y Grupos de personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad.
La calificación general que obtuvieron los seis penales en conjunto fue de 7.4; la calificación más baja la obtuvo el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya (donde ocurrieron los tres motines) con 4.87.
Le siguieron Centro Distrital de Reinserción Social Cuautla con 6.24, Centro Distrital de Reinserción Social Jojutla con 6.49, Cetro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 y la más alta calificación fue para Cempla, con 7.74.
“Las principales observaciones son hacinamiento, falta de personal (de custodia), servicios de salud deficientes, falta de actividades laborales y de capacitación, y condiciones de desigualdad. Tres centros presentaron una alarmante cifra de sobrepoblación, uno está a punto de llegar a su máxima capacidad”, alertó el ombudsman Raúl Israel Hernández Cruz.
Detalló que, incluso se están violentando los estándares internacionales debido a que en las cárceles estatales se tiene un custodio por cada 28 personas privadas de la libertad, cuando debería haber un custodio por cada tres internos.
“Lo que hoy constatamos, a través de este diagnóstico, pues no, no garantiza que no pueda volver a pasar (los motines), hemos sido muy enérgicos y claros en señalar que la vida de la de las personas privadas de su libertad es de competencia de las personas encargada de reinserción social y, si esto es así, les corresponde a ellas identificar a grupo contrarios en aras de reducir al máximo cualquier tipo de enfrentamiento, que ponga en riesgo su integridad”.
Además, subrayó que las autoridades penitenciarias están incurriendo en diversas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, al incumplir con los ejes de la reinserción social: el trabajo capacitación para el trabajo, salud y deporte.
“Este Diagnostico da cuenta de las evidencias, de omisiones en lo que han incurrido las autoridades en lo que tiene que ver el Sistema de Reinserción Social y es a partir de su conocimiento, de su difusión, de que las autoridades lo valoren, lo estudien, lo analicen y de manera responsable tomen las mejores decisiones para mejorar y garantizar un sistema de reclusión, que este en armonía con el sistema de derechos humanos”.
Rubros evaluados y conclusiones globales
SOBREPOBLACIÓN: De los Centros de Reinserción Social visitados, 3 presentaron una alarmante sobrepoblación, 1 se encuentra a punto de llega su capacidad máxima de instalación y solamente 1 cuenta con una población acorde a los parámetros establecidos. Situación que de manera directa repercute en todas las demás áreas evaluadas, trayendo consigo insuficiencia en las actividades laborales, las de capacitación, los talleres, las actividades deportivas, educativas, el servicio médico e incluso la alimentación.
FALTA DE PERSONAL: En todos los Centros de reclusión a cargo de la Coordinación de Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública se observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos. Situación que de manera directa afecta las Condiciones de Gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.
DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD: En el 75% de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad; así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como: carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.
FALTA DE ACTIVIDADES LABORALES Y DE CAPACITACIÓN: En la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad; asimismo es coincidente que, en los Centros de Reinserción Social de la Entidad, las Personas Privadas de la Libertad cuentan con escasas posibilidades de realizar alguna actividad remunerada.
CONDICIONES DE DESIGUALDAD: falta de instalaciones, recursos materiales, humanos e instrumentos normativos para vigilar, promover o garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, que forman parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad o que por sus condiciones o características requieran cuidados especiales o se encuentren en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación.