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Penales de Jalisco: 5 homicidios y 16 suicidios en tres años

Documentó que en penales de los 125 municipios se comenten agresiones, torturas, abusos y tratos degradantes; van 5 homicidios y 16 suicidios en tres años

Escrito en ESTADOS el

GUADALAJARA.- En una revisión que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a las cárceles de los 125 municipios del estado documentó que se comenten agresiones, torturas, abusos, tratos degradantes, suicidios y fallecimientos de personas detenidas por faltas administrativas, con lo que se afecta sus derechos humanos, así como de sus familiares.

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La CEDHJ informó que, en los últimos tres años, se cometieron cinco homicidios, cuatro de ellos en Zacoalco de Torres y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos. En ese mismo lapso, se registraron 16 suicidios, dos de ellos de mujeres ocurrieron en 2020. 

En el estudio señala que la falta de seguridad y la deficiente observancia por parte del personal adscrito a las cárceles municipales incide en agresiones y en la muerte de personas detenidas por faltas administrativas.

 “Queda en evidencia la falta de infraestructura que garantice la adecuada operatividad, la falta de personal capacitado para brindar una atención integral y especializada, particularmente en crisis emocionales, así como la carencia de líneas de acción o protocolos de atención que garanticen el debido ejercicio de la función pública en el interior de las cárceles municipales”.

En la recomendación general 2/2020 sobre las cárceles municipales, detalla un constante índice de agresiones, suicidios y muertes en penales municipales del estado; que son recurrentes los tratos degradantes, la tortura y los abusos contra las personas privadas de su libertad; que hay carencia de personal médico y psicológico adscrito a estos centros de detención; que falta personal para garantizar el acceso a la justicia administrativa y hay violencia institucional hacia las mujeres por la falta de procesos y espacios adecuados con perspectiva de género.

Además falta vigilancia y cuidado de las personas detenidas, algunas de ellas en situación de crisis debido al consumo de algún enervante o estado de depresión mental; no existen suficientes dispositivos de videovigilancia dentro de los separos y se carece de lineamentos y protocolos de atención y abordaje a personas pertenecientes a un grupo en situación de riesgo que se encuentran detenidas.

“Las deplorables condiciones materiales de las cárceles municipales, que suelen ser insalubres, transgreden el trato digno, e inclusive afectan la salud de las personas infractoras”, señala el documento.

La Comisión consideró que es evidente la falta de homologación y actualización de los reglamentos municipales de policía y buen gobierno de los municipios, de acuerdo a los estándares mínimos e indispensables en materia de derechos humanos, y que existe un indebido ejercicio de la función pública del personal adscrito a los centros de detención municipal.

Solicitó al gobernador del estado, Enrique Alfaro, que coadyuve con los municipios articulando políticas públicas que tengan por objeto el mejoramiento de las instalaciones de las cárceles municipales, la asistencia de los servicios esenciales en ellas y la capacitación de personal, pues un gran porcentaje de los ayuntamientos carece de presupuesto para hacer frente a las mínimas obligaciones a las que están sujetos.