Al menos siete gasolineras ubicadas en el Triángulo Rojo en Puebla fueron suspendidas por Pemex, tras detectar que presuntamente comercializaron más gasolina de la que adquirieron legalmente a través de la paraestatal.
El jefe de la oficina de la Gubernatura, Javier Lozano, explicó que al revisar las transacciones en las estaciones de servicio, la autoridad competente comprobó una diferencia entre el volumen de combustible vendido y el abastecido a estos establecimientos.
El funcionario admitió que un grupo de estas gasolineras se vincula al Presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales, al quien no mencionó por su nombre.
De las siete estaciones de servicio cuatro son propiedad de Morales y su familia, uno de los alcaldes que está bajo investigación.
"Ya hubo suspensión de cuando menos 14 gasolineras, de las cuales siete están en Puebla. Pemex, junto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), siguen con estos operativos, porque finalmente son las autoridades en la materia", dijo.
Lozano pidió a los alcaldes, regidores y a todos los funcionarios, estatales, municipales o federales, que denuncien si reciben amenazas de parte de los huachicoleros.
Refirió que no pueden permitir que este tipo de acciones queden impunes, por lo que urgió a que den a conocer estos hechos para tomar acciones de protección y perseguir el delito.
No obstante, Lozano mencionó que no se trata de emprender juicios sumarios contra alcaldes, sino de integrar a fondo expedientes y, si se comprueba colusión o comisión de delito, proceder a las sanciones correspondientes.
Explicó también que el Congreso del estado no puede comenzar un proceso de destitución o desafuero, en tanto no posea elementos para emprender una acción de esa naturaleza.
"La solicitud de licencia o la renuncia es una cuestión que depende de cada servidor público según sus circunstancias y su conciencia, pero si hubiese necesidad de actuar desde el Congreso, es cuando se tengan elementos y evidencias", dijo.
Con información de Reforma
kach