Veracruz, Ver.- La legislatura local que acompañó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, perdonó un presunto daño patrimonial por 325 millones 115 mil 542 pesos en 47 municipios durante el 2017, dejando sin posibilidad al Orfis de dar seguimiento a cualquier tipo de denuncia o procedimiento.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) turnó a la LXIV Legislatura del Estado, mil 62 observaciones por presunto daño patrimonial, pero a través de un decreto los legisladores decidieron no abrir ninguna investigación.
Lo anterior significó un incumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Entre los Ayuntamientos beneficiados con los montos más altos de observaciones por presunto daño patrimonial se encuentran Xalapa, Acayucan, Catemaco, Córdoba, Coatepec, Poza Rica, Tierra Blanca y Xico.
La mayoría de los municipios eran gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) o por aliados del grupo político que en ese momento gobernaba Veracruz.
Es el caso de Acayucan, en donde el monto del presunto daño patrimonial alcanza los 54 millones cinco mil 123.51 pesos en el último año de gestión del panista Marco Antonio Martínez Amador.
El monto es el más alto de la lista en la documentación exhibida por el Orfis, como parte del Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.
El documento en poder de La Silla Rota Veracruz detalla que el segundo ayuntamiento observado con el monto más alto es el de Catemaco, gobernado entonces por Jorge Alberto González Azamar, quien llegó al cargo por la alianza PAN-PRD.
El perredista logró acumular un presunto daño patrimonial por 11 millones 923 mil 707 pesos, que le fue perdonado sin cuestionamientos por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en la legislatura pasada y sin ningún cuestionamiento de la oposición.
Otro caso de destacar es el de Córdoba, Ayuntamiento en el que el exalcalde panista Luis Alberto García Hernández sumó un presunto desvío de 8 millones 556 mil 707 pesos, sin que tuviera que reembolsar o justificar, beneficiado por el acuerdo de los diputados locales.
Otro de los montos más elevados corresponde al municipio de Xalapa, en donde el presunto daño patrimonial alcanzó los 4 millones 793 mil 327 pesos.
Aunque en este caso el alcalde en turno fue Américo Zúñiga Martínez, el priista mantuvo una cercanía y colaboración constante con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, lo que le valió para que miembros de su propio partido lo señalaran.
DECRETO IRREGULAR
El decreto número 784 publicado el 2 de noviembre del 2018 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, dio por aprobados los informes individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2017.
Lo anterior a pesar de que el Orfis emitió recomendaciones por el presunto desvío de recursos en 47 ayuntamientos y cuyo procedimiento requerido era la solventación de las observaciones o la restitución de los recursos señalados en cada caso.
De esta forma, el decreto elaborado versa de la siguiente forma:
“En sesión de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, el Pleno de la Comisión Permanente de Vigilancia, acordó recibir documentos y argumentos presentados por servidores y exservidores públicos de los municipios de Camerino Z. Mendoza, José Azueta, La Perla, Mixtla de Altamirano y Zacualpan, para efectos de atender las observaciones de presunto daño patrimonial que les fueron determinadas en los Informes Individuales respectivos, la cual no fue exhibida durante el procedimiento de fiscalización al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
“En virtud de lo anterior, en dicha sesión se procedió llevar a cabo la revisión y análisis de los documentos presentados; así como, los argumentos planteados por los servidores y ex servidores públicos de los municipios arriba referidos; por lo que, concluidos los trabajos de análisis y valorados cada uno de los documentos presentados, se estimó procedente la solventación en su totalidad de las observaciones de presunto daño patrimonial que les fueron determinadas por el Orfis, en los Informes Individuales respectivos, lo cual se puso a consideración del Pleno de la Comisión Permanente de Vigilancia, acordando por mayoría, dar por solventada las observación y por ende, el probable daño patrimonial que abajo se señala; quedando asentado dicha circunstancia, en la minuta de trabajo de la Comisión Permanente de Vigilancia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho”, señala el decreto donde se aprobaron las cuentas públicas.
Lo anterior fu suficiente para blindar el mal desempeño y el presunto desvío de 325 millones 115 mil 542 pesos en 47 ayuntamientos del estado de Veracruz, en donde la ley fue ajustada por los propios diputados.