Puebla, Puebla (La Silla Rota).- El gobierno del estado responsabilizó del paro de policías a José Tlachi Meneses, coordinador general de Seguridad Pública en el municipio de Puebla, así como a Manuel Alonso García y Jesús Morales, ambos exdirectores de Seguridad Pública durante las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido, así como a Miguel Jiménez Castillo, uno de los candidateados para sustituir a Lourdes Rosales al frente de la seguridad en el municipio de Puebla.
Consideró inadmisible la intromisión del ayuntamiento de Puebla que encabeza Claudia Rivera Vivanco, quien “auspicia y patrocina la protesta que mantienen algunos de los agentes”.
En un comunicado dijo que a través de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, patrullas municipales llegaron a la Dirección de la Policía Estatal para llevar alimento a los inconformes.
El gobierno del estado, se agrega, “siempre se mostró dispuesto a atender las peticiones presentadas por un grupo de policías inconformes, sin embargo, fueron ellos quienes se negaron a entablar un diálogo formal e institucional.”
Este martes elementos de la policía de #Puebla protestaron por un aumento salarial y con gritos de “Fuera Chiapas” exigieron la salida de los mandos que llegaron con el actual titular de la Secretaría de Seguridad, Raciel López Salazar https://t.co/NvOhw9ojqu pic.twitter.com/Z7i8D5moTP
— La Silla Rota (@lasillarota) June 3, 2020
La intromisión de Tlachi Meneses, Manuel Alonso, Jesús Morales y Miguel Jiménez Castillo, “impide conseguir un acuerdo favorable para los propios policías estatales”.
Es justa la demanda de mejores condiciones laborales, pues durante más de 10 años no han tenido un incremento en sus ingresos económicos por el abandono de las administraciones pasadas.
Agregó que a la brevedad ofrecer mejores condiciones laborales a los policías será una realidad “en la medida en que las finanzas estatales lo permitan, pero resulta injustificable la intromisión de personas ajenas al funcionamiento de la corporación que se inmiscuyen ante el desmantelamiento de estructuras que funcionaban al servicio y en complicidad con la delincuencia”.
bl