TIJUANA. - Colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos en Baja California anunciaron que, a casi dos semanas de iniciar excavaciones en un domicilio de Tijuana, donde Bárbara Martínez busca a su hijo desaparecido desde hace dos años, dejarán de remover la tierra y de vigilar el predio.
Se van no porque sus trabajos no hayan arrojado resultados todavía, sino porque la estructura empieza a evidenciar fracturas que ponen en riesgo a las familias, y porque les ha llegado la versión de que la Fiscalía General Estatal (FGE), abrió un expediente en contra de Bárbara y otros activistas por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.
“No se me hace justo que nos quieran arrestar, y mucho menos a mí que lo único que quiero es sacar a mi hijo (…) si algo me pasa, o a mis compañeros, va en contra de la fiscalía”, comentó Bárbara acompañada de los colectivos de búsqueda que se reunieron frente a la casa abandonada.
Los colectivos ingresaron a cavar el pasado 12 de septiembre siguiendo los datos de un informante, tal como lo hicieron hace un año cuando encontraron los restos de otro joven desaparecido y le dejaron el caso a la fiscalía, confiando en que esa autoridad seguiría trabajando en el lugar.
“En vez de que hagan su trabajo, busquen a las personas culpables de los hechos del primer cuerpo que ya se encontró en esta vivienda, están más mortificados en girarme una orden de aprehensión”, añadió la madre de familia.
Bárbara dice que para evitar que la autoridad investigadora asegurara el domicilio y con eso suspendieran su búsqueda, las familias se turnaron para pasar la noche durante días, pero ya no cuentan con la herramienta necesaria para seguir adelante, aunque sí más datos de anónimos que les dicen que habría más cadáveres enterrados.
El día que entraron al predio e iniciaron la excavación, el fiscal de investigaciones especializadas, Ricardo Carpio, afirmó en llamada telefónica con Bárbara que había una orden en proceso para derrumbar la construcción y facilitar la búsqueda, pero ella asegura que el plazo que les dieron pasó y nunca llegó esa orden judicial.
“Ni él ni el fiscal (Guillermo Ruíz Hernández) se han parado por aquí. No nos han tomado las llamadas (…) El gobierno le está tapando a alguien. Ellos están protegiendo al dueño de la propiedad al no querer hacer nada en contra de ellos y quererme detener”, afirmó Bárbara.
“No me van a asustar ni me van a detener”, añadió mientras un par de unidades de la FGE vigilaban a unos metros del sitio ya bautizado como “Casa Campos”, en referencia a la colonia en la que se encuentra.
Jessy Barajas, presidente del colectivo `Buscando a Tolano´, es el responsable de vigilar el comportamiento de la construcción y confirmó que las excavaciones la están afectando, por eso necesitan que la autoridad la eche abajo para escarbar sin peligro y confirmar si hay o no más personas enterradas en el lugar.
“No es la única casa que hay en esta situación, hay muchas casas más que tenemos conocimiento. Pero la fiscalía se voltea para otro lado, no quiere tratar con este problema. Si se dan cuenta, el gobernador (Jaime Bonilla), nunca se ha pronunciado por este problema”, acusó Jessy Barajas en referencia a los desaparecidos.
Luego de las declaraciones a la prensa, los colectivos se enfilaron al Centro de gobierno para pedir al gobernados Bonilla Valdez y a la fiscalía un compromiso por escrito donde se establezca una fecha para iniciar la demolición.
“Por palabra ya no queremos nada”, subrayó Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento estatal por los desaparecidos que aglutina a 11 colectivos de búsqueda en Baja California.